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(apro).- Un acto de prepotencia ya conocido. El pasado domingo, como a las 3:00 de la tarde, el periodista Francisco Cobos paseaba por la avenida Champs Élyseés, en París Francia, cuando notó en una terraza a la primera dama Angélica Rivera y decidió acercarse, “para ver qué pasaba”.
Lo que pasó fue que dos agentes del Estado Mayor Presidencial (EMP), armados, lo acosaron e intentaron despojarlo del teléfono celular con el que había captado algunas imágenes y alcanzaron a borrarle algunos clips de video. Frente a su inminente extinción, resultó incorregible.
En un video, construido con las imágenes que captó su hija de 15 años, y una narración del periodista, se observa cuando forcejea con uno de los agentes hasta convencerlos de que se va a retirar. A la jovencita se le escapa: “le quieren quitar el teléfono. Ni de broma”.
“Ni de broma”, dice muy segura de su padre, experimentado periodista a quien conocí en Monterrey hace años como directivo de un canal de televisión y quien, sin embargo, solía tener siempre fuentes y disposición para reportear, como ahora lo hace de tiempo completo como corresponsal de Univisión en el noreste del país.
El acto de prepotencia no tiene justificación y no es el primero en el que los escoltas de la primera dama acosan por la grabación de un video en el extranjero a quien ha captado sus excesos en el entorno de las tiendas donde hace el shopping el jet set internacional, sea en Dubai o en París, como el domingo, gozando de la protección y ayudantía del EMP.
Lo ocurrido el domingo con Paco Cobos, es uno de los episodios que, con agentes del EMP de por medio, causan indignación ante el boato y el lujo de una clase gobernante con históricos niveles de desaprobación, que fue sancionada en las urnas hasta casi extinguir su representación partidista y que, simple y llanamente, no entendió.
El episodio del domingo es sólo un momento que, sin embargo, se suma al largo historial de afrentas que los presidentes, familias y colaboradores –señaladamente en este sexenio– han protagonizado desde la creación del EMP, la instancia quizás más oscura del gobierno, implicada en represiones históricas como la de 1968 pero también en las recientes, como la de las marchas en reclamo por los normalistas de Ayotzinapa, en 2014-2015.
Su oscuridad es también administrativa. A Felipe Calderón, por ejemplo, le gustaba navegar en velero. El EMP movilizaba cientos de agentes para que cumplieran su gusto cada que lo requería, con yates decomisados –como el de Néstor Moreno—que fungían como escolta. Solía visitar las casas presidenciales en sus travesías, por ejemplo, de Acapulco a Ixtapa, recorrer la península de Yucatán, pasear de Puerto Vallarta a algún otro puerto donde había mansión presidencial. En Proceso publicamos la historia con base en testimonios de agentes que inclusive proporcionaron fotografías de Calderón marinero.
Ya este sexenio, hice una solicitud para saber cuántas eran las casas presidenciales pues tenía noticia de fiestas y usufructo familiar de instalaciones. Cuando menos sabemos de mansiones en Acapulco, Ixtapa, Huatulco, Puerto Vallarta y Cozumel, pero el EMP, la Presidencia, Sedena y Semar, declararon inexistencia de la información. Y el INAI los avaló.
Tiene razón López Obrador: el EMP debe desaparecer, porque ha sido un cuerpo para la represión, facilitador de los privilegios, concentrador de información de la cúpula del poder en México y, por lo tanto, un cuerpo poderoso y temible, que conoce hasta las intimidades de la clase gobernante. Lo puede hacer porque nunca aceptó su protección, jamás les dio acceso a su entorno.
Pero una vez más, López Obrador no debe apelar al perdón y la reconciliación. No se debe tratar de un borrón y cuenta nueva. Por un elemental sentido de justicia, deben evidenciarse sus ilegalidades, a los mandos responsables y, sobre todo, desclasificar en aquello que sea de interés público, los archivos.
(apro).- Un acto de prepotencia ya conocido. El pasado domingo, como a las 3:00 de la tarde, el periodista Francisco Cobos paseaba por la avenida Champs Élyseés, en París Francia, cuando notó en una terraza a la primera dama Angélica Rivera y decidió acercarse, “para ver qué pasaba”.
Lo que pasó fue que dos agentes del Estado Mayor Presidencial (EMP), armados, lo acosaron e intentaron despojarlo del teléfono celular con el que había captado algunas imágenes y alcanzaron a borrarle algunos clips de video. Frente a su inminente extinción, resultó incorregible.
En un video, construido con las imágenes que captó su hija de 15 años, y una narración del periodista, se observa cuando forcejea con uno de los agentes hasta convencerlos de que se va a retirar. A la jovencita se le escapa: “le quieren quitar el teléfono. Ni de broma”.
“Ni de broma”, dice muy segura de su padre, experimentado periodista a quien conocí en Monterrey hace años como directivo de un canal de televisión y quien, sin embargo, solía tener siempre fuentes y disposición para reportear, como ahora lo hace de tiempo completo como corresponsal de Univisión en el noreste del país.
El acto de prepotencia no tiene justificación y no es el primero en el que los escoltas de la primera dama acosan por la grabación de un video en el extranjero a quien ha captado sus excesos en el entorno de las tiendas donde hace el shopping el jet set internacional, sea en Dubai o en París, como el domingo, gozando de la protección y ayudantía del EMP.
Lo ocurrido el domingo con Paco Cobos, es uno de los episodios que, con agentes del EMP de por medio, causan indignación ante el boato y el lujo de una clase gobernante con históricos niveles de desaprobación, que fue sancionada en las urnas hasta casi extinguir su representación partidista y que, simple y llanamente, no entendió.
El episodio del domingo es sólo un momento que, sin embargo, se suma al largo historial de afrentas que los presidentes, familias y colaboradores –señaladamente en este sexenio– han protagonizado desde la creación del EMP, la instancia quizás más oscura del gobierno, implicada en represiones históricas como la de 1968 pero también en las recientes, como la de las marchas en reclamo por los normalistas de Ayotzinapa, en 2014-2015.
Su oscuridad es también administrativa. A Felipe Calderón, por ejemplo, le gustaba navegar en velero. El EMP movilizaba cientos de agentes para que cumplieran su gusto cada que lo requería, con yates decomisados –como el de Néstor Moreno—que fungían como escolta. Solía visitar las casas presidenciales en sus travesías, por ejemplo, de Acapulco a Ixtapa, recorrer la península de Yucatán, pasear de Puerto Vallarta a algún otro puerto donde había mansión presidencial. En Proceso publicamos la historia con base en testimonios de agentes que inclusive proporcionaron fotografías de Calderón marinero.
Ya este sexenio, hice una solicitud para saber cuántas eran las casas presidenciales pues tenía noticia de fiestas y usufructo familiar de instalaciones. Cuando menos sabemos de mansiones en Acapulco, Ixtapa, Huatulco, Puerto Vallarta y Cozumel, pero el EMP, la Presidencia, Sedena y Semar, declararon inexistencia de la información. Y el INAI los avaló.
Tiene razón López Obrador: el EMP debe desaparecer, porque ha sido un cuerpo para la represión, facilitador de los privilegios, concentrador de información de la cúpula del poder en México y, por lo tanto, un cuerpo poderoso y temible, que conoce hasta las intimidades de la clase gobernante. Lo puede hacer porque nunca aceptó su protección, jamás les dio acceso a su entorno.
Pero una vez más, López Obrador no debe apelar al perdón y la reconciliación. No se debe tratar de un borrón y cuenta nueva. Por un elemental sentido de justicia, deben evidenciarse sus ilegalidades, a los mandos responsables y, sobre todo, desclasificar en aquello que sea de interés público, los archivos.
