Noticias de Yucatán
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El ex alcalde priista de Tizimín en 2007-2010, José Luis Peniche Bates, autoproclamado “soldado de Ivonne Ortega”, cometió innumerables irregularidades en su gestión que significaron pérdidas millonarias para el erario, según comprobó la propia Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey), pero el exfuncionario, que actualmente reside en Mérida, no ha devuelto el dinero.
No sólo eso, confiado de la inacción de la Auditoría Superior y de otras autoridades recientemente reabrió su consultorio médico en esa ciudad del Oriente.
Como hemos informado, la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEY, auditó las cuentas del Ayuntamiento de Tizimín de julio de 2007 a diciembre de 2009 y dictaminó “la presunción fundada de posibles daños y perjuicios al erario” por la cantidad de $64.120,620.
No obstante que la Asey interpuso una denuncia penal contra Peniche Bates por negarse a regresar ese dinero, hasta ahora éste permanece impune.
Tizimín, ejemplo del contubernio en la obra pública
Precios inflados
Una copia del informe de la Auditoría Superior sobre las “observaciones no solventadas”, del Ayuntamiento presidido por Peniche, que obra en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, documenta numerosas irregularidades, entre otras, la asignación de contratos de obra a precios inflados y sin licitación, presupuesto y autorización del Cabildo, por ejemplo, que beneficiaron a empresas y particulares cercanos al ex funcionario.
Favoritos
Un caso que llama la atención es el del ex alcalde priista de Valladolid, Humberto Centeno Machaín (1988-1991), quien obtenía contratos de obra pública hace algunos años en municipios del interior con una empresa a su nombre, pero que ahora los obtiene a través de dos personas físicas, familiares suyos, a quien Peniche Bates, por ejemplo, les adjudicó contratos que luego reprobó la Asey.
Una de esas personas es su hijo Alejandro Aurelio Centeno Castillo, de quien hablaremos en próxima entrega. La otra es Nelly Dinora Osorio, compañera sentimental de Centeno Machaín -sin ninguna experiencia en la industria de la construcción, por lo que se presume que otras compañías hacen su trabajo- que facturó $3.635,624 al Ayuntamiento de Tizimín por dos obras.
Una de ellas fue el contrato FAISM-096-VT-002-2009 para la construcción de calles pavimentadas en el fraccionamiento Benito Juárez de Tizimín, mediante “licitación pública”, firmado el 29 de juno de 2009, por $3.479,057.
La Asey rechazó ese contrato entre otros motivos por la falta de certeza sobre las especificaciones de la obra y sobre la realización de la licitación, ya que no se presentaron las invitaciones a los concursantes ni los acuses de recibido.
Peniche Bates entregó también a Nelly Dinora Osorio, por adjudicación directa, el 29 de junio de 2008, el contrato MTY-096-VT-002-2008 para la construcción del estacionamiento del Tecnológico Agropecuario de Tizimín, que la Asey rechazó igualmente porque el Ayuntamiento no mostró la descripción pormenorizada de los trabajos que se debían ejecutar, los planos de las especificaciones, el presupuesto de la obra, etcétera.
Red
En febrero, los regidores del PAN en Valladolid Francisco Vivas Fernández y Alberto Pool Poot denunciaron que Nelly Dinora Osorio es parte de una red de contratistas formada por ex alcaldes y empresarios de esa ciudad que habrían financiado la campaña electoral del alcalde Roger Alcocer García y que ahora cobrarían ese apoyo mediante la adjudicación de contratos de obra pública con licitaciones arregladas y a precios “inflados”. Continuará.-
Empresarios | En la mira
Responsables
Según el artículo 47 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, aprobada en 2010, “los particulares que con su actuación hayan dado lugar al fincamiento de alguna responsabilidad, serán responsables solidarios” de los funcionarios acusados de esas irregularidades.
Nada pasa
Sin embargo, en el caso de Tizimín, como en todos los demás ayuntamientos denunciados penalmente por la Auditoría Superior, ningún funcionario involucrado ha sido sancionado y mucho menos algún empresario o particular vinculado con las irregularidades administrativas y los desvíos de recursos públicos.
