Noticias de Yucatán.
(SinEmbargo).– Mientras se acumulan reportes sobre el cierre de estancias infantiles tras el recorte presupuestal de casi la mitad, educadoras de diversos estados niegan que “se estén haciendo ricas” y ofrecieron su ayuda al Gobierno federal para ubicar el origen de la corrupcióndentro del programa para sancionar a los responsables “de arriba”: delegados y coordinadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Socorro Muñoz, coordinadora de una estancia infantil en la Alcaldía de Azcapotzcalco, afirmó que si los supervisores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)determinaban que debían cerrarse estancias, “Sedesol no permitía, entonces la corrupción estaba ahí, todos sabemos que Sedesol era la caja chica del gobierno […] Decirnos que somos rateras, ¿quién se hace rica con 900 pesos de 60 niños si se les da de desayunar y de comer?, ¿eso es corrupción?”.
La Sedesol trasladaba un subsidio de 950 pesos cada mes por niño a una cuenta bancaria, pero solo si los responsables de estancias comprobaban con las listas, firmadas por los padres, la asistencia de los infantes 15 veces y por lo menos con cinco horas de permanencia.
“El beneficiario es quien hace el registro de los niños directamente con las autoridades de Sedesol de cada estado, quienes hacen la captura y deciden si procede. Ellos son los que ingresan al niño al sistema para que tenga derecho a un apoyo económico. Ninguna de nosotras hace uso de ese sistema ni ingresamos niños; cómo vamos a manipular nosotras si los papás son los que registran directamente y quien revisa son los funcionarios de Sedesol en cada estado”, dijo.
“Para que le den el apoyo al papá y que lo depositaran mes con mes en las estancias a través de una cuenta bancaria del responsable de la estancia, se tenía que comprobar que el niño asistió. Las listas de asistencia –firmadas por los padres– son exaustivamente revisadas para determinar si procede el apoyo”, detalló. “Sabemos que en estados era terrible el retraso del apoyo y por eso las condiciones”.
El martes, el Senador de Movimiento Ciudadano Samuel García ganó un amparo en contra del recorte presupuestal al programa, que ordena al gobierno publicar las reglas de operación de 2019. El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que cumplirán lo que ordenen las autoridades judiciales, aunque no cree que “un juez ampare una irregularidad”. Finalmente se publicaron al término de esta semana en el Diario Oficial de la Federación, lo cual hace oficial la entrega directa a padres en vez de a estancias.
La Diputada de Morena Rosalba Valencia Cruz, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, aseguró en entrevista que en ningún momento se ha señalado a las maestras de corruptas y reiteró a los padres de familia que aunque hay “cambios grandes”, el programa no desaparecerá.
“La corrupción estuvo en las personas que estuvieron a cargo del programa y de la vigilancia, por ejemplo, los delegados, los subdelegados, los supervisores y los coordinadores. Ahí es donde se dio la corrupción”, señaló. “Nuestro trabajo es que la ley se cumpla y las instancias correspondientes cumplan conforme a derecho con sus obligaciones”.
Elizabeth Angoa, encargada de una estancia infantil en Nezahualcóyotl, Estado de México, explicó que los recursos iban de la entonces Sedesol a las delegaciones de cada entidad.
“En las oficinas centrales de Reforma [avenida en la Ciudad de México] es donde se controlaba toda la red de estancias infantiles. Ellos determinaban el presupuesto para las entidades, donde hay delegados, coordinadores y asesores, de ahí se bajaba a las responsables”, afirmó. “Sin embargo, el deterioro era controlable y depurable. No era desaparecerlo. Evidentemente hay una situación política de fondo”.
LAS ESTRICTAS SUPERVISIONES DEL DIF
La Subdirectora del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, expuso las nuevas reglas de operación –esperadas desde finales de diciembre– y anunció que ahora este programa, destinado a 329 mil 781 niños de 1 a 3 años con 9 mil 582 estancias, se llama Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
Enumeró fallas de la entonces Sedesol en la focalización para combatir el rezago social, duplicidad de apoyos económicos, la cuota no regulada, red de prestanombres, 1,656 estancias cerradas y, mostró, supervisores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) detectaron que 16 mil 973 (el 40 por ciento) estancias estaban en riesgo por lo que debieron cerrarse.
“El DIF nos dice que solo el 30 por ciento de las estancias cumple y no tiene situación de riesgo (13 mil 113), el 26 por ciento presenta situaciones que pueden representar riesgo para las niñas y los niños y requieren ser atendidos a corto plazo (11 mil 434), el 40 por ciento está en riesgo total para niñas y niños y debió cerrarse la estancia (16 mil 973), y en 4 por ciento, en el momento en que el DIF hace la visita, encuentra cerrada la estancia (1,656); también podemos hablar de estancias fantasmas, no solamente de niños”, enumeró Montiel.
El miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el informe del DIF mostró que de diez estancias infantiles, siete estaban irregulares. “No cumplían con la normatividad […] nos encontramos en todo el gobiern censos fantasmas, en lo que se llamaba Prospera eran listados de personas que no existían. Falsificaban firmas y se robaban el dinero, o se establecía que debían recibir mil pesos y les daban 250”, dijo.
La profesora Elizabeth Angoa especificó que las supervisiones del DIF eran “muy minuciosas”, pero, consideró, el Gobierno federal necesita emitir cifras para no retractarse sobre sus señalamientos.
“Desde que llegaba un supervisor y revisaba con el dedo que no hubiera polvo en la ventana, abría el refrigerador y probaba los alimentos, revisaba que las maestras no tuvieran anillos, aretes o tacones altos. Si la señora de la limpieza estaba trapeando y pasaba un niño cerca, era un semáforo rojo, porque no tuvo la precaución de hacer a un lado la cubeta. Era tan minucioso que las observaciones se incrementaban. Todo te podía llevar a rojo”, evocó. “Si estabas en rojo tenías entre 5 a 15 días para corregirlo”.
Margarita Villafranco, responsable de una estancia en Cuautepec, al norte de la Alcaldía Gustavo A. Madero, declaró al término de una conferencia de prensa sobre estancias infantiles de Oxfam, GIRE y Save the Children que les entristece que se les acuse de corrupción y coincidió en que las supervisiones del DIF eran muy detalladas.
“[La corrupción] no está a nivel de estancia, está a niveles más arriba”, afirmó. “Nosotras no podíamos funcionar si no teníamos nuestra carpeta de Protección Civil cada año; era baja. También teníamos visto bueno de operación y de seguridad estructural, instalación de luz y gas […] Supervisiones de DIF y de Sedesol eran muy estrictas. No sabíamos cuándo iba a llegar una supervisión”.
Sobre las nuevas reglas de operación presentadas por Bienestar, Elizabeth Angoa las calificó como “ridículas”, ya que antes tenían de casi 200 hojas. “Era un libro, teníamos que leerlo y aprendernos los artículos y cuáles eran las represalias o castigo a la falta de la normatividad. Uno sabía a qué le tiraba en caso de que hubiera un mal manejo del recurso”, aseguró.
La Secretaria del Bienestar María Luisa Albores aseguró durante una conferencia matutina que en algunos casos no había extintores o no tenían protocolos ni manuales de cuidados. Este mes en la estancia “El Colorín”, en Sombrerete, Zacatecas, murió una niña de 1 año 2 meses por pulmonía. Llevaba días con gripe, pero no tenían “filtros” para revisar a los menores cuando llegaban. También se encontró que la responsable tenía dos estancias bajo su gestión.
Para evitar esos actos, dijeron, el subsidio se entregará directamente un mes antes a quienes aparecen en el censo como padres o tutores de los niños a través de una tarjeta bancaria. El apoyo es de 1,600 pesos bimestrales por cada menor y 3,600 pesos si tienen discapacidad, con prioridad a los que pertenezcan a comunidades indígenas y zonas violentas.
Lizeth Villalobos, de la asociación de estancias infantiles “Conservando los valores de familia” en Sonora, dijo vía telefónica que las encargadas de las estancias asociadas, que en la mayoría de los casos tienen 12 años desde que inició el programa en 2007, están dispuestas a apoyar a combatir la corrupción, pero pidió que no se generalice el señalamiento.
“Los hemos invitado a que vean el trabajo real. Si él [el Presidente López Obrador] detecta varios aspectos de corrupción, somos las primeras interesadas en que eso se combata y se tomen las acciones necesarias para que se limpie. El programa debe de ser y llegar para los beneficiarios y que se atienda al desarrollo y vida digna del menor”, aseguró. “Estamos dispuestas a ayudar a que esto [la corrupción] deje de afectar el programa de las estancias”.
Villalobos contó que desde enero varias estancias sonorenses decidieron apoyar lo más que se pudiera para evitar el caos y seguir cuidando la integridad física y emocional del menor. “Ahora que ya se están enterando los papás me han preguntado qué van a hacer, dónde van a dejar a sus hijos. Hay padres que ya tenían tres o cuatro niños en el programa”, aseveró.
EXTORSIÓN A ESTANCIAS
Clara Torres, ex directora del programa de Estancias Infantiles de la Secretaría del Bienestar que renunció al cargo la semana pasada, contó que al encontrar irregularidades fueron instruidos para solventarlas, pero pese a resolverlo, el 5 de febrero pidieron “bajar” el programa.
“Se detectó que las irregularidades se daban en las delegaciones por los supervisores y los coordinadores. Ellos tenían la última palabra, entonces extorsionaban a las responsables de las estancias”, dijo en entrevista radiofónica con MVS. “La Subsecretaria [Ariadna Montiel] mandó a pedirnos que en nuestras reglas de operación facultáramos a la Subsecretaría y a la Dirección general para poder revisar en cualquier momento y en cualquier parte de la República, y con eso solventamos el problema de la corrupción”.
“Si ya teníamos todo resuelto y publicado las reglas de operación en Conamer [Comisión Nacional de Mejora Regulatoria], alguien engañó al Presidente con esta información [de que hay influencias panistas en las estancias]. El 5 de febrero me mandan hablar y la Subdirectora Ariadna Montiel me notifica que es un programa que por razones de corrupción y políticas se va a modificar, y se hace ahora de becas para madres trabajadoras”.
Entonces, al no ver un espacio para trabajar a favor del cuidado infantil, presentó su carta de renuncia el 8 de febrero.
“En el caso específico de las Estancias Infantiles había, como en todos los programas, corrupción y también atendía a quien más lo necesita. Que el Presidente entienda que todas las mujeres que trabajan en este país requieren de un cuidado infantil para poder trabajar”, agregó Torres.
En conferencia de prensa, el lunes responsables de estancias en la Ciudad de México exigieron el nombre de las estancias con irregularidades y que se investiguen para cerrar o sancionar, pero que dejen trabajar a las que cumplen.
“Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto, queremos manifestarle que nosotras no somos corruptas, no somos miembros de ningún partido político, ni somos intermediarias”, leyó Ivette Arroyo Hernández de una carta a nombre de las 16 alcaldías.
OFRECEN APOYO Y SER REVISADAS
Anahí Magaña, responsable de una estancia infantil en Hidalgo, afirmó que no son corruptas sino maestras certificadas con capacitación.
“No sabemos dónde se encuentra esa corrupción. Si usted nos ayuda a ubicarla, señor Presidente, por supuesto que nos subimos al barco. Pero no está en nosotras, ¿o sí muchachas?”, cuestionó durante una manifestación en las escaleras del Senado realizada hace unos días.
“¡No!”, respondieron en coro cientos de maestras y madres de Sinaloa, Guerrero, Coahuila, Morelos, Yucatán y otras entidades.
Wendy, encargada de una estancia infantil en Morelos, pidió que “pongan candados en el presupuesto. No nos negamos a ser supervisadas. Queremos trabajar […] Todos y cada uno de los petitorios que nos pedía anteriormente la Sedesol se hacían porque queríamos cumplir por el bienestar de nuestros niños y nuestros trabajadores”.
“Le pedimos al señor Presidente que si hay corrupción, de verdad, que chequen dónde está esa corrupción. Ninguna de nosotras somos lo que nos tacharon y de verdad trabajamos para nuestros niños”, dijo Norma Velázquez Martínez de la estancia infantil “Mujeres trabajando” en el Estado de México.
De Guerrero, una responsable de estancia infantil aseguró que en los municipios más pobres de la entidad los padres no pagan cuotas. “No hay cuotas excesivas, no nos estamos haciendo ricas como se dice. Estamos trabajando todos los días y esforzándonos para que los niños estén siendo bien educados”, enfatizó.
Sandra Torres, de una estancia en la Ciudad de México, aclaró que en el comprobante de inscripción de los niños, las madres aprueban y dicen que confían en ellos para que tengan el recurso de esa inscripción.
FALLAS DETECTADAS POR BIENESTAR
La subdirectora de Bienestar Ariadna Montiel documentó que el Estado de México es el número uno por estancias al registrar 1,184 de las 9,582 que hay en el país, pero ocupa el lugar 22 por rezago social. En contraste, Oaxaca lidera rezago social, pero solo tiene 231 estancias.
“Este programa no tenía ninguna focalización que llevara de manera sistemática a evaluar que se podría estar apoyando a los estados o a las localidades con mayor pobreza”, dijo la Subdirectora.
En Chiapas, la tercera entidad con mayor rezago social, se tienen 381 estancias atendiendo a 14 mil 448 infantes. El martes pasado, un grupo de encargadas de estancias se manifestaron en San Cristóbal de las Casas.
“Somos madres trabajadoras apoyando a madres trabajadoras. La gran mayoría de mujeres en Chiapas votamos por usted [Presidente López Obrador] y lo que esperamos de su Gobierno es que tenga sentido social y visión de género”, dijeron.
Sobre la duplicidad de apoyo, la Subdirectora de Bienestar planteó que hay 311 niños que están anotados en las estancias infantiles del ISSSTE y además las que tuvieron relación con la Sedesol. Y la cuota que se cobraba de manera adicional a los padres, a falta de regulación el monto lo definía cada estancia, pero en promedio era de 800 pesos adicionales.
Asimismo, se empezó a hacer “una red de prestanombres”, ya que aunque solo puede haber una responsable por estancia, se daban de alta y administraban cinco o diez.
Hace unas semanas, el Gobierno federal recuperó observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2017 y justificó que la reducción del presupuesto a las estancias infantiles fue por “el trato discrecional” en las asignaciones; a la falta de atención a sectores prioritarios de la población; a los “cobros indebidos” y diversos actos de corrupción.
La Sedesol no acreditó la debida admisión de 319 estancias en 2017 respecto al cumplimiento de requisitos y no acreditó el Convenio de Concertación –instrumento mediante el cual se formaliza la entrega de los subsidios– de 659 estancias, es decir, el 7 por ciento de las 9 mil 399 que operaron y debieron suscribirlo, de acuerdo con la auditoría del órgano fiscalizador.
Tampoco acreditó que el 62.8 por ciento de personas incorporadas en 2017 cumplieran los requisitos para recibir el subsidio; no priorizó localidades con las mayores desventajas geográficas, económicas y sociales, ni se comprobó la impartición de capacitación básica, inicial y complementaria, aun cuando reportó la capacitación de 22 mil responsables de estancias.
Lía Limón García, encargada de la fundación de esta red de estancias en 2007, argumentó que las observaciones hechas al programa de estancias por la Auditoría Superior de la Federación se concentran solo en el 1.8 por ciento del presupuesto, “lo cual no justifica su desaparición”.
Si bien el Coneval hace algunas observaciones sobre la focalización y el control de la asistencia de los niños, “también reconoce que este programa tiene un impacto positivo en la inserción de las mujeres al mercado laboral y que el 97 por ciento de las madres consideran que las estancias han contribuido al desarrollo de sus hijos”.
“El mal funcionamiento de una parte muy pequeña de ellas no es razón suficiente para cancelar de facto una política pública exitosa y menos aún cuando los cambios que proponen representan un cambio radical que va de una política de cuidado infantil a una asistencialista”, agregó.
