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Las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados modificaron el predictamen de la Ley de Austeridad Republicana, que será avalado el próximo lunes y ya fue eliminado el apartado que obligaba a los burócratas del Poder Ejecutivo a laborar de lunes a sábado.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, confirmó que esto fue retirado del más reciente dictamen, porque se están revisando ambas opciones; es decir, que los funcionarios públicos trabajen de lunes a viernes, pero adelantó que no está muerta la opción de ampliarlo hasta el sábado.
El morenista explicó que una de las razones en revisión es el contrato colectivo de los trabajadores para no violentar sus garantías laborales.
“Se están haciendo las discusiones todavía, el lunes se va a convocar a una reunión de las comisiones unidas para aprobar el dictamen, pero evidentemente se sostienen ambas propuestas. Sí hay varias propuestas en ese sentido y está a discusión todavía”, refirió Ramírez Cuéllar.
“Esa es una valoración que se está haciendo, se están tomando en cuenta las disposiciones que existen en las condiciones generales del trabajo, se analiza para evitar violaciones a otras disposiciones legales o de convenios colectivos, todo eso lo estamos estudiando”, abundó.
De acuerdo con el documento más reciente que fue circulado por los legisladores, otra de las modificaciones que hacen es que el alcance de la Ley de Austeridad aplicará para los empleados del Ejecutivo y todas las menciones que se hacían del Judicial y Legislativo fueron suprimidas.
En el proyecto inicial, del cual dio cuenta EL UNIVERSAL el pasado viernes, se sugería, por ejemplo, que los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, dieran cumplimiento a algunos artículos, según la normatividad correspondiente. Además, se establecía que para eficientar recursos humanos se “laborará de lunes a sábado, en los términos y condiciones que fije la normatividad”, pero esto fue suprimido.
Otro de los cambios más significativo que se le hizo al texto, que será discutido el lunes próximo en comisiones y llevado al pleno el martes, es que la prohibición de los bonos, compensaciones y estímulos aplicará para los burócratas del Ejecutivo.
En el pasado proyecto se describía que para los demás poderes y los órganos autónomos, los tabuladores se aprobarán por las unidades administrativas que correspondan en el ámbito de sus facultades.
Los beneficios que se les quitarán a los funcionarios quedaron plasmados en el artículo 12 del más reciente proyecto, y servirá para quitar a los conductores de los funcionarios. “Se elimina la asignación de chofer a todos los servidores públicos”.
Otra de las modificaciones se da en la fracción V del artículo 16, y servirá para que todos los vehículos aéreos que son propiedad del Poder Ejecutivo estén destinados a actividades de Seguridad, Defensa, Marina, Fuerza Aérea y Protección Civil, así como al traslado de enfermos.
“Los que no cumplan con esta función serán enajenados, asegurando las mejores condiciones para el Estado”, establece la fracción.
En el artículo 10 se limitará el uso de celulares, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación y remodelación de oficinas, pues dichos conceptos no podrán exceder los montos erogados en el ejercicio presupuestal anterior.
“En tanto no se autoricen nuevos programas o se amplíen las metas de los existentes, los gastos por conceptos, necesarios para cumplir la función de cada dependencia y organismo, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.
“Lo anterior, salvo las autorizaciones presupuestales que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa justificación”, se detalla.
En el proyecto anterior se establecía que los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública serán nulos, pero ahora establece que esta decisión la tomará la autoridad judicial.
También los órganos encargados del control interno o de la fiscalización en cada organismo público iniciarán los procesos correspondientes para sancionar a los responsables y resarcir el daño ocasionado, de acuerdo con la legislación aplicable.
El Universal
