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La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que restringe las vías para que organizaciones de la sociedad civil obtengan recursos para financiar sus actividades y limita sus acciones a proyectos en los que se puedan facturar todos sus gastos, lo que dificultaría que se atienda a localidades sin acceso a internet.
Estas reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), se aprobaron con 283 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones.
¿Qué es lo que propone en relación al Impuesto sobre la Renta (ISR)?
La propuesta señala que se eliminarán los Programas Escuela Empresa como donatarias autorizadas, y se transparentarán las donaciones en materia de becas.
Además, vuelve obligatoria la comprobación de todo gasto, amparado con comprobante fiscal digital por internet, y que se regule la pérdida de autorización a donatarias autorizadas para obtener más del 50% de sus ingresos de actividades no relacionadas con su objeto social.
Estipula que la totalidad del haber de las donatarias autorizadas debe contar con una mayor cobertura en actividades sociales, deroga la certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales, de transparencia y de evaluación de impacto social, e incluye causales de revocación de la autorización para recibir recursos a través de donaciones deducibles de impuestos.
OSC acusan que reforma afectará su labor
De acuerdo con integrantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), la reforma para adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta repercute de manera negativa en la labor de los organismos no gubernamentales, pues restringe las actividades de donatarias autorizadas y atenta contra su derecho de financiamiento y autonomía.
Asociaciones como Alternativas y Capacidades, así como el Centro de Enlace y Desarrollo para OSC, señalan que la reforma a la LISR impedirá a las donatarias superar el 50% de sus ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social, como la venta de productos y eventos de recaudación, entre otros.
Las asociaciones civiles, dicen, buscan recursos mediante esas formas debido a la precaria situación financiera y la desaparición de fondos públicos federales para continuar con su labor.
A ello se suma que la nueva propuesta plantea que todos los gastos deban estar respaldados por una factura o comprobante fiscal, aún aquellos efectuados en zonas sin servicios financieros, por lo que las donatarias tendrán que pagar el 35% del ISR por estos gastos.
“Al disminuir los recursos netos que se pueden ejercer en proyectos sociales, las organizaciones reducirán o suspenderán actividades en comunidades con alta marginación en donde resulta imposible adquirir facturas”, señalan.
Otra de las preocupaciones de las organizaciones es que se determinó como causa para la revocación de una donataria autorizada el que tenga en común con alguna otra asociación a un socio, asociado, representante legal o integrante del Consejo Directivo al que le haya sido revocada su autorización en los últimos cinco años debido a cualquier incumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Hatziri Recillas, integrante de Dakshina, A.C., explica que el camino para obtener la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos y sus beneficios fiscales implica la integración de candados, por lo que el destino de los recursos se encuentra garantizado, ya que hay un ejercicio obligado de transparencia por parte de las organizaciones.
Por eso, señala, con la LISR “lo único que se estaría generando es encasillar a que las organizaciones vivan exclusivamente de los donativos que puedan movilizar para su causa, lo cual resulta insuficiente para continuar operando”.
De acuerdo con el Reporte de Donatarias Autorizadas (2019), en conjunto las organizaciones recibieron 200 mil 259 millones de pesos. De esta cantidad un 10% (20 mil millones) está vinculado el objeto social, un 23% (47 mil millones) por donativos, y un 66% (132 mil millones) por ingresos no relacionados con el objeto social.
“Si observamos este panorama las donatarias han diversificado ingresos por necesidad, lo que también muestra es que las organizaciones gestionamos la diversidad de ingresos para poder construir un mejor país a través de las causas que impulsamos”.
“Estamos de acuerdo que es muy necesario para este país transparentar los ingresos para no fomentar actos de corrupción y que debemos contribuir con los impuestos de ley para lograr que las instituciones funcionen de mejor manera. En lo que no estamos de acuerdo es que la política hacendaria sea utilizada para que las organizaciones sean menoscabadas o perjudicadas“, explica Gabriela Toledo de Fondo Semillas.
El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados pasó al Senado para su discusión.
