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Sin hacer un levantamiento ni evaluación de los daños que causarán las obras del Tren Maya en el Tramo 3-Golfo —que va de Calkiní (Campeche) a Izamal (Yucatán)— empleados de la Constructora Barrientos iniciaron trabajos que ponen en riesgo casi una decena de casas colindantes con el derecho de vía, por lo que pobladores de Maxcanú les obligaron pacíficamente a detenerse desde el sábado.
La organización “Indignación” dio la voz de alerta, al informar que la maquinaria “amenazaba” con destruir al menos nueve casas y 50 parcelas, sin que ninguna autoridad involucrada estuviese presente para aclarar la situación.
“Los pobladores de la villa exigen que Fonatur y el comisariado ejidal, aclaren los pagos efectuados”, indicaron los inconformes en un breve comunicado, sin aportar mayores detalles.
Maxcanú es un municipio de Yucatán ubicado a 60 kilómetros de Mérida. El tramo 3 del Tren Maya abarca alrededor de 172 kilómetros e incluye el ramal hacia la capital yucateca.
Las obras fueron licitadas el 21 de febrero pasado y el fallo se dio a conocer en mayo.
El consorcio Construcciones Urales, asociado con la constructora mexicana GAMI Ingeniería e Instalaciones y la empresa española AZVI, ganó el contrato con una oferta económica por 10 mil 192 millones 938 mil 694 pesos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Alfredo Sánchez, miembro de la comunidad, explicó que, en mayo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) extendió un cheque por 13 millones de pesos por la ampliación de 10 a 20 metros del derecho de vía. El cheque se entregó al comisario ejidal, José Alfredo Argáez, quien lo repartió al núcleo ejidal.
Posteriormente, Fonatur expidió otro cheque por tres millones 111 mil pesos para indemnizar a los propietarios de una decena de casas que serán directamente afectadas por la ampliación del derecho de vía, por donde pasará el ferrocarril.
Ese dinero no se ha entregado. De acuerdo con Alfredo Sánchez, quien brinda acompañamiento a sus vecinos afectados, el comisariado ejidal ha dado largas, pues pretende entregar el dinero de forma discrecional, llevando a un albañil para que haga los cálculos.
El conflicto fue comunicado en aquel momento al director general, Rogelio Jiménez Pons, quien viajó al poblado de San Bernardo para solucionar la situación y dejó el tema en manos de Aarón Rosado, encargado del Tren Maya en Yucatán.
Semanas después el comisario ejidal organizó una asamblea express para entregar el dinero, nuevamente de forma discrecional, sin mediar un levantamiento de los daños que permitiera definir los montos de indemnización por familia afectada.
Otra vez se buscó la intervención del Fonatur, que nombró a un nuevo emisario de apellido “Basurto”, prosiguió Alfredo.
“Nada de esto debería estar pasando. Jiménez Pons, en una reunión el año pasado, nos aseguró que el cheque por las afectaciones iba a ser individual, por cada ejidatario. Y que se evaluarían los daños como debe ser, no como el comisariado lo quiere hacer.
“Nosotros necesitamos que nos escuche y que él y el presidente vean directamente las cosas. Necesitamos que venga gente a apoyarnos, no a confundirnos”, dijo.
Sin el levantamiento, sin el dinero y sin esclarecer la situación, los pobladores vieron llegar la maquinaria a Maxcanú y el arranque de los trabajos, ayer.
“A uno le tumbaron la albarrada y sus árboles frutales, así nada más, sin explicarle nada. Luego enterraron todo bajo la tierra y cuando alguien de la constructora preguntó en dónde estaban las afectaciones porque ahí no había nada, el afectado le contestó que cómo lo iba a ver si lo habían cubierto con tierra”, narró.
Ante la situación, los pobladores pararon los trabajos y pidieron pacíficamente a los operadores que detuvieran las máquinas.
Durante el día, llegó personal a preguntar, no por las afectaciones a la comunidad derivadas de la acometida de la maquinaria, sino por el estado de los camiones. Una vez que se cercioraron de su buen estado, se marcharon al pueblo.
En la tarde se convocó a la realización de una Asamblea Ejidal express, este domingo.
“No sabemos qué pretendan ahora. Lo único que nosotros decimos es que aquí hay 50 personas dispuestas al diálogo, que lo único que han pedido es que las cosas se hagan correctamente, que se nos explique y despejen las dudas.
“No queremos pelear, pero tampoco queremos que nos afecten nuestro patrimonio sin hacerse responsables”, concluyó.
