En el Estado de México vive una pequeña que está por cumplir tres años. Es hija de migrantes hondureños y el gobierno se ha negado a darle el acta de nacimiento a la que tiene derecho. Aunque sus papás la llaman Nancy, en realidad no tiene un nombre legal. Es invisible para el país que la vio nacer.
Sin ese papel, la niña no tiene nacionalidad y tampoco puede acceder a la seguridad social. Si para el próximo mes de febrero no obtiene el documento, su derecho a educación también será vulnerado porque en ese mes se llevan a cabo las inscripciones en todo el país y no podrá acceder al preescolar.
Sus padres han visitado distintas oficialías para tratar de resolver esta situación, pero el hecho de que sean migrantes sin papeles se ha vuelto el obstáculo más grande. Incluso, cuentan que les han pedido dinero a cambio del registro y han sufrido discriminación.
Esta familia asegura que la odisea comenzó desde el parto. Tocaron las puertas de tres hospitales y en dos no los quisieron recibir. En el que los aceptaron, les exigieron pagar 10 mil pesos (500 dólares, aproximadamente), como si fuera una clínica privada, a pesar de que se trataba de una institución pública. “Paga, al menos, lo que se comió tu mujer; ella no es mexicana”, dice el padre de Nancy que le dijeron en el Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero, del Estado de México. Para que dejaran salir a su esposa y a su bebé, asegura que pagó los únicos 100 pesos que tenía.
Esta historia ilustra un escenario que se extiende por todo el país, porque Nancy (nombre que ha sido cambiado por petición de la familia) no es la única hija de migrantes en condición de refugiados o con protección complementaria a la que el gobierno mexicano ha negado la identidad. Esta investigación evidencia cómo el Estado mexicano vulnera los derechos de cientos de mexicanos hijos de migrantes indocumentados, a pesar de que la Constitución en México establece que todo niño nacido en este país tiene derecho a la nacionalidad.
Por años, organizaciones de la sociedad civil, así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) han documentado esta situación que, desde su perspectiva, discrimina y viola leyes constitucionales. El IFDP estima alrededor de 100 amparos promovidos en México en los últimos cinco años, presentados para defender el derecho a la identidad de estos niños.
El problema se extiende a lo largo y ancho de México. Como ejemplo, en este 2022, en Chiapas, principal punto de entrada de migrantes, ante la carencia del acta, en un solo día se registraron cerca de 50 familias que buscaron apoyo internacional a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En Baja California, en la frontera norte, la UNICEF intervino en 30 casos más. En Aguascalientes, al centro del país, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contabiliza 10 casos en donde los niños aún no logran acceder al acta, y documentó 10 más en los que tuvo que intervenir para que estos pequeños mexicanos pudieran obtener su identidad.
Son precisamente las organizaciones y organismos internacionales los únicos que cuentan con datos respecto a menores sin registro, ya que las instituciones oficiales desconocen a cuántos niños les han negado un acta. “Sabemos que la dimensión es amplia porque es algo recurrente”, dice Yolice Quero, coordinadora de la Unidad de Protección de la OIM en México.
A la mayoría de estos menores no se les registra porque sus padres no tienen los papeles que el gobierno considera indispensables para expedir el acta de nacimiento. Es decir, el mayor obstáculo es administrativo, porque las autoridades no contemplan el contexto y la situación de las poblaciones migrantes. Por ejemplo, piden que los padres migrantes tengan apostillas en sus documentos de identidad para registrar a sus hijos.
Para la gran mayoría es imposible obtener una apostilla debido a su situación migratoria, dado que es un trámite que debe realizarse ante las autoridades del país de origen. “Tienen que ir a su país a que le pongan ese sello”, explica Sergio Rea, representante de la ACNUR. “Lo que están haciendo es invisibilizar a las personas, y eso es una violación flagrante a la Constitución”, sentencia Fernando Alonso, representante de la UNICEF en Baja California.
“Si no se le da el derecho a la identidad, que es la llave para todo lo demás, lo pones en riesgo. Si los secuestran, si se los roban, ¿cómo acreditan los padres que es su hijo?”, alerta Margarita Juárez, abogada especializada en derecho migratorio y miembro del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). “Es muy grave que, por una cuestión administrativa, los registros civiles vulneren un derecho tan importante”, asegura.
El gobierno, sin embargo, está informado de esta situación. De hecho, el IMUMI participa desde 2015 en mesas de diálogo con el Registro Nacional de Población, la Secretaría de Gobierno y representantes de los registros civiles. “Nos han invitado a varios foros, llevamos la problemática –asegura Juárez–. Entonces, sí lo saben. Y es muy grave eso. Las administraciones pasan y la solución queda a un lado”.
Vulnerar más a los indefensos
“Tenemos uno de los casos más graves, respecto a una migrante hondureña”, relata Ayesha Borja, titular de la Unidad de Asesoría Jurídica del IFDP. Ella era víctima de trata y en 2019 dio a luz a una niña, en Chiapas. Días después, iba de regreso al hospital para recoger el certificado de nacimiento para tramitar el acta, cuando las autoridades mexicanas la detuvieron y la deportaron, pese a que declaró ser madre de una bebé mexicana. Cuando logró regresar a México, descubrió que los criminales habían registrado a la niña como si fuese su propia hija.
Las víctimas de trata no deben ser sancionadas ni alojadas en estaciones migratorias, expresa la Ley de Migración, mientras que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma que las víctimas de delitos graves no pueden ser deportadas.
La migrante denunció “por retención de menores y por trata. A la tratante le quitaron a la niña, pero a la menor la llevaron a una institución de asistencia social”, comparte Borja. Un año después, el IFDP logró convertirse en representante legal de la bebé, pero el proceso jurídico se extendió por dos años más y, apenas en noviembre pasado, se reunió con su madre.
La Ley de Migración establece el registro de los nacimientos como derecho de los migrantes y que el servidor público que lo niegue sea sujeto de sanción. “Debe de cuadrar un delito al menos para los funcionarios, por omisión. Es corrupción”, afirma Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C., en Chiapas. “Es una falta que debe ser sancionada con el cese del funcionario”, sentencia.
La situación, no obstante, se vuelve más delicada cada vez. Tan solo en Chiapas, de un año a otro, los nacimientos de hijos de migrantes se cuadruplicaron: la Secretaría de Salud reportó 432 casos en 2020; al año siguiente, la cifra se elevó a 1,662, con lo que aumentó la demanda en los registros civiles. No obstante, es muy difícil poder dar un número exacto de casos, refiere Fernando Becerra, jefe de la oficina de UNICEF en Baja California, respecto al universo de niños sin acta, ya que “hay población que no se acerca a hospitales y acude con parteras”.
Ximena Rojas, fundadora de la asociación Partería y Medicinas Ancestrales en Baja California, explica que ella empezó a atender partos en su propia casa: “A veces llegan a Tijuana sin nada, solo con lo que pudieron escapar”, narra respecto a las mujeres migrantes embarazadas. “Nosotras atendíamos esos partos. La sala de mi casa se convirtió en la sala de nacimientos”. Ahora cuentan con mejores servicios y más parteras voluntarias.
Rojas dice que también han enfrentado obstáculos en el registro de los bebés. El problema es cuando el bebé nace en un parto fortuito en casa o en albergue, ya que “en el hospital no les quieren dar un certificado de nacimiento, por no nacer dentro del hospital. Las mamás a veces se quedan sin registrar a sus bebés”. En los casos en que las madres no tienen ningún documento, piden apoyo a derechos humanos y otras instituciones para que las asistan en los trámites.
Desde la propia Constitución se establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata al nacer. También deja claro que en México todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que el país forme parte, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Las organizaciones coinciden en que el interés superior de la niñez y los tratados están por encima de cualquier acto administrativo. “Tenemos convenciones que van más arriba. Tenemos leyes que están a la par, como la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes”, sentencia Juárez.
Además, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) y las Procuradurías para la Defensa del Menor deberían velar por los derechos de los niños, independientemente de que cuenten o no con el acta de nacimiento.
Por otro lado, a su ingreso al país, todas las migrantes embarazadas tienen acceso a cuidados médicos y asesoría migratoria, asegura el Instituto Nacional de Migración (INM), vía solicitud de transparencia para esta investigación. Sin embargo, las cifras que proporciona son mucho menores a los datos de la Secretaría de Salud: en cinco años, de 2017 a 2022, el INM únicamente registró el ingreso de 329 mujeres embarazadas, provenientes de Centroamérica, Sudamérica y El Caribe. En contraste, en un año y únicamente en Chiapas, la Secretaría de Salud reportó más de 2 mil partos de madres migrantes. Eso fue de 2020 a 2021.
Incluso, la SIPINNA ha informado que niñas migrantes de 10 años de edad han dado a luz en México. Aunque los pocos datos que tienen al respecto son previos a la pandemia por Covid-19, informan que en 2018 se reportaron 175 nacimientos de madres migrantes menores de edad. Para 2019, los partos para el mismo rango de edad ya habían aumentado a 247.
La vulnerabilidad que enfrentan las mujeres embarazadas es evidente en el caso de Isabel, quien huyó de su pareja en 2018. Viajó de Honduras a México, con dos hijas y siete meses de gestación. “El día que entré a México nadie me preguntó por mi embarazo. Una señora me dijo que me quedara en Tapachula, porque ya estaba muy embarazada. Pero yo siempre seguí caminando”, relata.
A punto de dar a luz, sobrevivía en México con la comida que le regalaban. Aun así, alcanzó a llegar a la Ciudad de México. El día que su hija nació, en el Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, narra que un guardia y una enfermera le dijeron que mejor “diera luz en la calle” porque era extranjera. Al final, logró el ingreso por la urgencia del parto. Cuando despertó se dio cuenta de que le habían operado la matriz, sin su consentimiento. La justificación que le dio la enfermera es que “era muy joven y pobre” para seguir teniendo hijos.
Cuando Isabel intentó obtener el acta de su bebé, narra que los funcionarios del registro civil le recomendaron que fuera a registrarla a Honduras. “No eres de acá, no tienes papeles y no vamos a registrar a tu hija”, le dijeron en las oficinas del Registro Civil de Arcos de Belén. Al final, pudo obtener el documento, gracias a la intervención de las abogadas de IMUMI.
Quienes dirigen los registros civiles se apegan a las leyes estatales, que enlistan los requisitos para acceder al acta, pero no toman en cuenta la vulnerabilidad migratoria y económica de las familias o, incluso, sus dificultades de comunicación. Esta situación resulta peor para las menores migrantes embarazadas, porque “les ponen más barreras. Sucede si no hay un padre. O solo por ser menores”, dice Yolice Quero, de la OIM.
La migración latinoamericana hacia México cada vez es más intensa. En 2021, las solicitudes de asilo fueron 220% más que en 2020, al superar las 131 mil, según la ACNUR. El organismo también considera que México es el tercer país del mundo en recibir la mayor cantidad de solicitudes de asilo, mientras que la Secretaría de Salud en Chiapas notifica que, tan solo en ese estado, el nacimiento de hijos de padres extranjeros se cuadruplicó de un año a otro y alcanzó más de mil 600 en 2021.
La situación ha impactado de tal manera a los organismos de atención a migrantes que, incluso, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) aceptó recursos de la ONU para poder contratar a más personal y aun así no se da abasto. Ello, en un 2021 donde el presupuesto otorgado a instituciones que atienden a la población migrante también ha sido recortado por el gobierno federal (0.58% en términos reales para la COMAR, tomando en cuenta la inflación) y también en la SIPPINA (con un recorte del 1.8%).
Por otro lado, Yolice Quero, de la OIM, señala que la política de austeridad del gobierno federal actual alcanzó a las oficinas de los registros en la frontera sur, ya que no cuentan con el equipo necesario. En Chiapas, incluso, la OIM ha tenido que donar tóners, boletas y papelería. “Hemos tenido escasez de formaterías; se ha solicitado a Hacienda, pero no se ha tenido una respuesta positiva. La población requiere de formatos, y tenemos escasez de actas de nacimiento”, denuncia Rafael Escobar, oficial del registro en el municipio fronterizo de Cacahoatán.
Al otro lado del país también se quejan de falta de recursos. Fernando Becerra, jefe de la oficina de la UNICEF en Baja California, ha documentado que a esta problemática se suma que en los certificados de nacimiento se omiten los nombres y nacionalidades de los padres, con lo que se entorpece el trámite del acta. Para los niños nacidos en México cuyos padres son extranjeros, el problema es doble, porque tienen derecho no a una, sino a dos nacionalidades.
César es un bebé de seis meses a quien le han negado el registro en Aguascalientes en repetidas ocasiones. Para registrarlo con su apellido y que su paternidad sea reconocida, a su padre le exigen el acta apostillada por las autoridades de su país. Un documento que le es imposible de obtener, debido a que salió huyendo de su país.
Mientras el niño juega en una pequeña cuna en el piso, el papá cuenta que es originario de Nicaragua, donde sufrió amenazas de pandillas. La COMAR le otorgó el estatus de Protección Complementaria, con lo que el gobierno mexicano reconoce que no puede ser devuelto porque estaría en peligro.
Sin el acta de nacimiento su hijo ni siquiera puede ser bautizado, acusa este joven nicaragüense. El único papel que tiene es el certificado del hospital donde nació César, pero solo acredita que fue declarado vivo, su peso y talla. Esa hoja carece de valor jurídico y no le da una identidad legal.
La situación se vuelve aún más difícil si los papás deciden viajar de un estado a otro del país, con el fin de registrar a sus hijos ante las autoridades mexicanas. La razón es que cada oficina de registro civil tiene sus propias exigencias.
“No hay prácticas homologadas”, explica Diana Citalán, abogada especialista en niños y adolescencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Afirma que mientras en algunas oficinas piden pasaportes como documento de identidad, en otras solicitan testigos mexicanos, o las actas apostilladas y traducidas. Los requisitos varían incluso entre oficinas de un mismo estado.
En Chiapas, por ejemplo, se exige la identificación de los padres. En Aguascalientes se piden actas apostilladas y comprobantes de domicilio. En la CDMX también se solicitan actas apostilladas y los pagos correspondientes. Hay entidades en las que no registran al bebé si los padres no comprueban que están casados, ya que piden papeles que acrediten el matrimonio. Al norte, en Baja California y a poco de cruzar la frontera, la exigencia es la identificación oficial de los padres y actas apostilladas.
Margarita Juárez, del IMUMI, considera que lo mejor sería tener una ley única de registros civiles, “para homologarlos a todos. El gobierno tiene la obligación de garantizar este derecho”, sentencia. El tema, incluso, se ha llevado a la Cámara de Diputados. De hecho, hay dos iniciativas atoradas: una fue presentada en 2018 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y se enfocaba en homologar los registros civiles del país. En abril de este año, el actual partido en el gobierno federal, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propuso otra iniciativa para expedir la Ley General de Operación de los Registros Civiles. Hasta la fecha no ha sido votada.
Frente a este escenario, son las organizaciones internacionales y de la sociedad civil quienes buscan ayudar a estas familias, como ocurrió justo frente a la delegación del INM en Jesús María, Aguascalientes. Ahí existe un inmueble abandonado que iba a ser un restaurante-bar, donde viven cerca de un centenar de migrantes. La mayoría proviene de Haití. Viven entre restos de alimentos, cobijas, lonas de plástico, basura y juguetes rotos desperdigados por el piso.
“Aquí hay tres niños. Uno casi nace aquí, nació en el trayecto del hospital. La ambulancia se tardó en llegar”, relata Antonio Maya, dueño del lugar y quien abrió la puerta del bar a los migrantes.
Uno de esos bebés es Jayson, de tres meses de edad. Duerme en un colchón usado y lleno de residuos, en medio de sus padres, quienes usualmente comen con el plato entre las rodillas. El olor del lugar es apenas soportable y hasta denota peligro: continuamente huele a gas, ya que las familias cocinan dentro del establecimiento, prendiendo un fuego donde pueden.
Jayson nació en el Hospital de la Mujer el 10 de febrero de 2022; ninguna autoridad se acercó para conocer su caso y la realidad en la que vivía. El registro civil le negó el acta de nacimiento porque sus padres no presentaron las actas apostilladas.
Fueron necesarias varias reuniones con representantes de la ACNUR y un acuerdo que no terminó por asentarse en papel, para que el registro civil del estado registrara a los pequeños del bar. Sin embargo, Antonio Maya denuncia que, hasta la fecha, ninguna instancia o autoridad se ha acercado al lugar para ver si los menores viven en condiciones dignas. Los padres de Jayson ahora guardan celosamente el acta de su hijo y piden que alguien les regale alimento.
“Hemos identificado aproximadamente 28 nacimientos en Aguascalientes, de padres de diferentes nacionalidades”, relata Sergio Rea, representante de la ACNUR. La cifra solo engloba a bebés nacidos desde el 2019.
Tanto la UNICEF como la OIM han implementado acciones para probar que otorgar la identidad a los menores hijos de migrantes es vital. En 2020, comenzaron la Subruta para la Protección del Derecho a la Identidad. Se trata de un listado de fundamentaciones para poder otorgar la identidad legal con otros documentos, también expedidos por la autoridad, sin que necesariamente tengan que ser las actas apostilladas.
Gracias al mecanismo de la UNICEF, recientemente, 30 niños que carecían de registro obtuvieron su acta en Tijuana. Sin embargo, existe el reto de que las autoridades adopten nuevas medidas, admite Fernando Becerra, y detalla que la actual administración en Baja California, a dos años de la propuesta, aún se encuentra “estudiando” el tema.
Por su parte, en Tapachula, Chiapas, hijos de migrantes indocumentados nacidos en México obtuvieron 56 actas de nacimiento durante la Jornada de registro para niñas y niños mexicanos realizada por la OIM.
“Es importante que las autoridades se apropien y vean una buena práctica, que la repliquen. No podemos solucionar el problema con brigadas. Es sólo un mensaje de que sí se puede”, dice Yolice Quero.
Mientras Nancy juega, sus padres la miran. Cuentan que la salud de la niña es un asunto primordial. Los gastos, cada vez que se enferma, son difíciles de asumir para ellos, porque tienen que recurrir a servicios privados. Sin un acta ni un nombre legal, tampoco pueden regularizar su situación migratoria, pues pese a que por ley tienen derecho a naturalizarse como mexicanos, para hacerlo tienen que probar que su hija es mexicana. Sin esa acta, a los ojos del gobierno mexicano solo siguen siendo indocumentados y padres de una niña sin registro.
Créditos
Coordinación: Dulce Rodríguez
Investigación: Dulce Rodríguez (Aguascalientes), Adelina Pazos (Baja California) y César Solis (Chiapas)
Apoyo en investigación: Fernando Medrano y Alejandro Medina
Producción audiovisual: Daniel Hernández
Apoyo en cámaras: Ana Reyna
Ilustraciones: Charlie Carrillo
Acompañamiento editorial, diseño y multimedia: Equipo CONNECTAS.
“Los niños sin nombre” es una investigación realizada para:
BI NOTICIAS/ NEWSWEEK / PIE DE PÁGINA / EL SOL DE TIJUANA / CONNECTAS
Con el apoyo de:
International Center for Journalists
En el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
