Noticias de Yucatán.
Sobre la calle José María Pino Suárez, a unos 50 metros de la residencia de Andrés Manuel López Obrador, se reúne cada día el mayor contrapeso al inquilino de Palacio Nacional. Con una oposición desdibujada y mayoría en las dos cámaras legislativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha vuelto el gran filtro de las políticas del presidente. Decenas de carteles de los seguidores del mandatario recuerdan estos días a las puertas del edificio el descontento que Morena trae con los últimos pasos que han dado los ministros: “Traidores a la Patria”, “Ratas”. El último en ser marcado ha sido Javier Laynez Potisek, el ministro que admitió la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el plan b de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y suspendió temporalmente su aplicación.
Lo que podía ser considerado como un acto más de su trabajo diario ha puesto a Laynez (Torreón, 63 años) en el centro de los dardos de los seguidores de la Cuarta Transformación y de los aplausos de aquellos que estaban en contra de la reforma electoral presidencial. De dicción tranquila y formación técnica, el ministro que paralizó el proyecto del presidente es un hombre sin presencia en las redes sociales y de pocas declaraciones públicas en su larga trayectoria. Un ministro que le rehuye a la polémica y a las cámaras. Cuando el presidente cargó contra él esta semana en su conferencia matutina, él optó por el silencio. Ni una sola palabra, ni una sola entrevista.
Laynez es uno de los cinco hijos que tuvieron sus padres. Creció en Torreón hasta terminar el bachillerato, y luego se mudó a Monterrey para estudiar derecho en la Universidad Regiomontana. Cuando tenía 25 años se fue a vivir a París, donde estudió becado por el Gobierno francés dos maestrías, en derecho público y en administración fiscal, y un doctorado, también en derecho público. Contaba en alguna entrevista antigua que durante aquellos años en Francia trabajó para hacerse de algunos ahorros como botones en un hotel al mismo tiempo que cursaba en la academia.
El ministro, caracterizado por su bajo perfil, ha trabajado por casi tres décadas en la administración pública en Gobiernos de diferentes colores políticos. Sus inicios se remontan al equipo de Ernesto Zedillo, primero en la Secretaría de Programación y Presupuesto y luego en la Secretaría de de Educación Pública (SEP). Cuando el PRI eligió a Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial, Zedillo dejó la SEP para convertirse en su jefe de campaña. Tras el asesinato del aspirante a la presidencia en 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari eligió a Zedillo como el sucesor, y este ganó las elecciones y se convirtió en mandatario en diciembre de ese año.
Con la confianza de Zedillo ganada, Laynez pasó entonces a ser parte del equipo de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Allí trabajó más de una década. En 2000, el Partido Acción Nacional ganó las presidenciales y Vicente Fox le invitó a quedarse en la Consejería. Aquel abogado que había trabajado en el antiguo régimen, nunca se había afiliado al PRI. Mientras formó parte de este órgano del Poder Ejecutivo, sobre su escritorio pasaron algunas de las legislaciones que moldearon al México actual, como la Ley de Transparencia o la reforma judicial. En el equipo que redactó esta última iniciativa conoció al exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío.
En el tramo final del sexenio de Fox (2000-2006), Laynez fue nombrado subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la entonces Procuraduría General de Justicia. Por aquellos años litigó ante la Corte la extradición en 2005 del entonces líder del Cártel de Tijuana, Francisco Rafael Arellano Félix, y la extradición a España de seis miembros de ETA que habían sido acusados de financiamiento al terrorismo.
Cuando llegó el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), el jurista pasó un corto periodo en la Consejería Jurídica y luego, por invitación del entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se convirtió en procurador fiscal. En ese cargo estuvo bajo órdenes de cuatro secretarios, incluido Luis Videgaray, ya en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El ministro pasó todos esos años en la administración pública recorriendo los pasillos de la Suprema Corte, como litigante del Estado, y del Congreso, para negociar las reformas. En aquel entonces los Gobiernos no tenían mayorías aplastantes en las cámaras legislativas, por lo que estaban forzados a negociar. En 2015, cuando Peña Nieto tuvo que elegir a un candidato para ocupar un asiento en el máximo tribunal judicial del país, buscó a alguien que se llevara bien con todas las fuerzas políticas. Su anterior terna, Eduardo Medina Mora, había generado gran rechazo de la oposición y había tenido un gran costo político. La apuesta de Peña Nieto fue finalmente Laynez, que fue ratificado por el Senado con el apoyo de varias bancadas. Mientras que los otros dos candidatos que participaban de la terna sacaron, entre los dos, unos siete votos.
El ministro llegó a la Corte en 2015 para reemplazar a Juan Silva Meza, un juez de corte progresista. Las críticas contra Laynez le calificaban en aquel momento de conservador, por estar alejado de las posiciones de su antecesor. Raúl Mejía, investigador del Instituto Para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, asegura que es un abogado de “perfil técnico y administrativo” con “criterios propios”, que ha llegado a la Corte después de haber cumplido “de manera adecuada” todas las funciones que le han tocado a lo largo de varias administraciones. Sus trabajos, agrega, suelen ser altamente técnicos. Mejía interpreta que la admisión de la demanda del INE, que lo llevó al ojo del huracán, no es más que una acción precautoria porque evita que la estructura del órgano electoral sea desmontado hasta que el máximo tribunal resuelva si la reforma que reduce el poder del instituto es constitucional.
Los seguidores del presidente se echaron contra Laynez el pasado domingo cuando el Gobierno emitió un comunicado en el que le acusaba expresamente de haber “arrancado hojas de la Constitución”. El ministro forma parte de la segunda sala de la Corte, encargada de revisar los temas administrativos y laborales, los decretos presidenciales, las expropiaciones. En esa sala, Laynez se constituyó junto a Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán en un obstáculo de las iniciativas de López Obrador, que logró frenar entre otras cosas la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, la reforma eléctrica y ahora el plan b electoral.
Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), defiende que “no es culpa del ministro” si los proyectos presidenciales bordean la inconstitucionalidad. Garza Onofre destaca la claridad que suelen tener las sentencias de Laynez, porque “no confunde argumentos políticos con jurídicos”. El abogado describe al ministro como alguien que “tiene claro el rol que debe jugar el Estado” y que se conoce “la letra chiquita de la Constitución”.
En su paso por la Corte, que está previsto termine en 2030, mostró un lado más liberal en materia de derechos humanos, con el apoyo a la despenalización del aborto y del consumo lúdico de marihuana, y con un tinte más conservador en temas fiscales y de responsabilidad del Estado. La sentencia clave en la trayectoria de Laynez, señalan algunos expertos, es la de tarifa cero, que ordenó que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien regule las tarifas de interconexión entre las empresas telefónicas sin afectar a los usuarios. Esa decisión, que afectaba a las compañías extranjeras, llegó en medio de las negociaciones del tratado de libre comercio durante el sexenio de Peña Nieto, lo que acrecentó las tensiones entre los países.
Laynez es en estos días el último árbitro de las estrategias de López Obrador dentro de el Poder Judicial, donde el presidente ha perdido sus mayores batallas. Hace dos semanas, cuando Pérez Dayán frenó la entrada en vigor del primer paquete de leyes de la reforma electoral, el foco de la tensión se concentró en él. En la casa que dirige la ministra Norma Piña, el objetivo asiduo de las críticas del presidente, se anunciaba estos días un cartel que decía que el “Frente Internacional Obradorista” marchará en abril para pedir la salida de “la mafia judicial”.
EL PAÍS
