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Marcelo Ebrard lanzó su propuesta de combate a la violencia, llamada Plan ANGEL, que incluye la vigilancia masiva, el uso de Inteligencia Artificial y hasta el “reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar”. De acuerdo con expertos, estos puntos constituyen violaciones a derechos humanos, criminalización de poblaciones y, en realidad, son prácticas utilizadas en regímenes autoritarios como China.
Además —señalan—, el planteamiento carece de propuestas reales de implementación legal, no incluye transparencia ni rendición de cuentas para el tratamiento de datos biométricos y no comprende a los policías locales y estatales en la estrategia de combate al crimen, pese a que son el primer contacto de la ciudadanía ante un hecho delictivo.
La propuesta de Ebrard, quien busca ser el candidato de Morena a la presidencia en 2024, es llamada ANGEL, que significa “Avanzadas Normas de Geolocalización y Seguridad”.
Dicho plan incluye ocho puntos con los que plantea combatir a la delincuencia, como: reconocimiento facial en vías públicas; identificadores exactos sobre dónde se disparó un arma; detectores de armas; reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar; rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos; drones de seguimiento, y rastreo y cámaras inteligentes en elementos de la Guardia Nacional.
“Todos los sistemas estarían conectados a las bases de datos que operarán con Inteligencia Artificial, por lo que no pueden ser corrompidas ni cometer errores humanos”, argumentó el excanciller Ebrard este lunes al presentar su propuesta.
Estos puntos parecerían ficción, pero en realidad no lo son, sino que se trata de prácticas prohibidas en Estados Unidos y la Unión Europea y que son aplicadas en países autoritarios como China, explica Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
El reconocimiento facial y el uso de Inteligencia Artificial para predecir conductas delictivas, agrega, no son confiables: “La evidencia científica revela que este tipo de tecnologías cometen errores de identificación de hasta 98%; es decir, se equivocan en la manera en que identifican a una persona y ya hay casos en los que personas inocentes han sido detenidas y sometidas a procesos ilegales por haber sido identificadas de manera errónea por este tipo de tecnologías”.
Esto es preocupante porque los “errores son disparejos” y se presentan, sobre todo, en contra de personas afrodescendientes, de tez morena o personas trans, lo cual hace que poblaciones que ya son vulnerables a discriminación sean revictimizadas por este tipo de sistemas, como lo es el reconocimiento facial, explica García.
Otro riesgo, dice el activista, es que la tecnología pueda ser usada para “fines autoritarios, cometer abusos y reprimir protestas; son incompatibles con los derechos humanos, con la democracia, y son anticonstitucionales porque la vigilancia masiva e indiscriminada contra la población no tiene una base legal”.
A esto se suma otro factor ya documentado, como lo es el espionaje por parte del Ejército en contra de periodistas y activistas con Pegasus, un software utilizado de manera ilegal en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Si el Ejército espía con Pegasus, que es una tecnología más focalizada, con la propuesta de Ebrard sería “llevar eso a la máxima potencia”, porque con “un sistema de vigilancia masiva y autoritaria como esta, prácticamente todas las actividades públicas de la población estarían siendo monitoreadas, registradas, estudiadas por la Guardia Nacional, prácticamente el Ejército, que no rinde cuentas, lo cual lo haría más grave”.
Además, tampoco sería viable para un país como México. “Dada la colusión entre el Estado y la delincuencia organizada pondría a la población en grave riesgo de ser vulnerada y afectada en su seguridad, privacidad, integridad física, su patrimonio, por autoridades con acceso a esa tecnología”, advierte García.
Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), agrega otro elemento: la propuesta de Ebrard no incluye a los policías municipales y estatales, quienes realizan el grueso de las detenciones y son el primer respondiente; es decir, son el primer auxilio a las víctimas, los primeros en realizar el resguardo de escenas del crimen y de evidencia y quienes llenan los informes policiales homologados que significan los insumos al Ministerio Público para iniciar una investigación.
“Sin policías no habría estrategia digital y de seguridad que valiera porque no tienes quién instrumente esto de manera correcta y desde un paradigma más democrático relacionado con proximidad, control máximo del uso de la violencia, mediación de conflictos”, advierte en entrevista.
Otra gran ausencia, agrega Sánchez, es la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias a la filtración de Guacamaya, con el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, se pudo comprobar que cuando hay participación de uno de sus miembros en un homicidio, “el Ejército sí tiene en su posesión en 73% de los casos información sobre el tipo de armas utilizadas y el número de disparos perpetrados, pero que no reportan ninguna de las instituciones militares y civiles que se dedican a la prevención del delito y la violencia”. Sin embargo, esa información no es pública.
“A pesar de que la propuesta buscaba ser innovadora, disruptiva porque utiliza Inteligencia Artificial, solo es una herramienta que estaría en manos de alguien y ese alguien que la maneje es más importante que la propia herramienta”, dice la directora de MUCD.
A esto hay que sumar que la Inteligencia Artificial también tiene sesgos, pero el perfilamiento es estigmatización. Por ello, estos mecanismos “no terminan reduciendo el delito, sino aumentando el contacto de poblaciones pobres con las fuerzas de seguridad que con los sistemas de justicia”, alerta.
Una propuesta como esta, concluye la especialista, tendría como consecuencia “no que tuviéramos menos delitos, sino más juventudes criminalizadas”.
