Yucatán está en los primeros lugares del país en preguntas de la población en materia de acceso a datos oficiales, con más de 15,000 en cinco años, indicó Ariel Avilés Marín en su último informe como presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (Inaip).
—Esto habla bien de los yucatecos respecto de la nueva cultura de la transparencia —apuntó—. La mayoría de las peticiones de datos fueron respondidas, sólo hubo 894 inconformidades.
—Los números son fríos, no mienten —subrayó.
Avilés Marín presentó su reporte de trabajo en una reunión en la que destacó la presencia de funcionarios, así como de Óscar Guerra Ford, presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, y de Pablo Loría Vázquez —dijo que lo invitó Avilés Marín—, quien se amparó cuando fue retirado de su cargo de secretario técnico de ese instituto.
Hay otros dos amparos contra el Inaip, uno relacionado con uno de los conciertos en Chichén Itzá y el otro, fruto de una inconformidad del Partido Nueva Alianza.
En estos días asumirá la presidencia del Inaip el consejero Miguel Castillo Martínez, pues Ariel Avilés ya no puede reelegirse y la consejera Ana Rosa Payán ya ocupó ese cargo. Ella tiene derecho a seguir en el Inaip hasta 2012, cuando vencerá el plazo para el que la designaron.
El período de Ariel Avilés vence en enero (la gobernadora propondrá al suplente). Castillo Martínez se iría en 2013.
En su discurso, el presidente saliente habló de reciente crítica de Nueva Alianza a Castillo Martínez por sus viajes fuera del Estado.
—No practicamos el turismo transparente como pretenden hacer creer voces mal intencionadas y poco honestas —dijo Ariel Avilés, quien aclaró que los consejeros tampoco apuntan hacia “las loas propias y autoquemarse incienso”.
—La cultura de la transparencia y rendición de cuentas están aún muy lejanas de la plenitud, pero hay logros importantes y este es el momento de decirlos y reconocerlos —añadió.
En su informe de 15 hojas destacó que en el país será de aplicación general una norma de competencia laboral creada en Yucatán para quienes desean dirigir las unidades de acceso a la información pública.
Entre las cifras que dio están los 407 medios de apremio —la mayoría contra ayuntamientos— aplicados a quienes no cumplieron o cayeron en desacato. El desglose de esa cifra es: 133 amonestaciones, 116 apercibimientos, 79 multas y otras tantas peticiones de suspensión del funcionario.
Interés local por la transparencia
San Juan Bautista está en el olvido
De lunes a viernes María Peraza Uc madruga, despierta a sus tres hijos, les sirve el desayuno y camina con ellos 10 cuadras para llegar de su casa, en la colonia San Juan Bautista, al Periférico.
Una vez ahí, cruzan temerosos los ocho carriles y aguardan el autobús que los llevará al colegio donde estudian sus hijos, en Chuburná. De retorno hace el mismo largo, cansado y peligroso recorrido. Otras amas de casa de ese punto de la ciudad comparten el problema y no siempre logran tomar el autobús porque los choferes cambian de ruta o no les dan parada.
Y cuando están en sus hogares las dificultades continúan. Deben conseguir agua en pozos o en predios vecinos con servicio de la Japay; las calles carecen de alumbrado y no están pavimentadas, de modo que en estos días de lluvia parecen pantanos en los que se crían miles de moscos.
No hay aceras, parque, iglesia, mercado, clínica, teléfono público y vigilancia policíaca.
Ante ese panorama de pobreza, marginación y abandono de las autoridades, las familias de San Juan Bautista se organizaron para cambiar su situación. Se dicen cansadas de esperar que las autoridades les cumplan promesas de atender sus necesidades.
Ayer se congregaron junto al nuevo local del Cedart, que marca el límite entre su colonia y las arterias pavimentadas que llevan al Periférico. Creyeron que la gobernadora inauguraría esas instalaciones y querían recordarle la promesa que les hizo el año pasado de pavimentar las calles, pero no hubo tal visita.
Aseguraron que en febrero el Ayuntamiento ofreció pavimentar varias calles, pero vino el cambio de gobierno y ese proyecto tampoco se concretó.
Unión familiar
Una de las vecinas de mayor edad del rumbo, Emilia Alfaro Mex, de 78 años y madre de ocho hijos, dijo que hasta ahora la red eléctrica no llega hasta donde ella vive. Parte de sus vástagos habita en esa misma colonia y se sumó al grupo recién creado con el propósito de buscar las mejoras para San Juan Bautista.
“Oposición responsable”
Su colega priista, Mauricio Sahuí Rivero, indicó que cuando se hacen a un lado los protagonismos dañinos se pueden lograr grandes beneficios, como se demostró al ser emitidas en el primer período ordinario de sesiones más de cinco leyes y reformas.
Agregó que no esperaba que hubiera coincidencia en todos los temas, pero las diferencias se fueron superando al involucrarse en el trabajo legislativo.
El primer período ordinario de sesiones —en el que aprobaron reformas a su propia ley— se cerró ayer entre quejas, reclamaciones, reconocimientos, buenos deseos y descalificaciones.
Con las reformas desapareció la Gran Comisión para dar paso a la Junta de Gobierno del Congreso.
Entre quejas, reclamaciones, reconocimientos, buenos deseos y descalificaciones, los diputados de la LIX Legislatura cerraron ayer su primer periodo ordinario de sesiones y aprobaron también reformas a su propia ley.
Con estas reformas que aprobaron los diputados de PRI, PRD y PVEM, con la oposición de los panistas, desapareció la Gran Comisión para dar paso a la Junta de Gobierno del Congreso, que se integrará por ley y ya no por cortesía legislativa, con los coordinadores de todas las bancadas partidistas.
Aunque los panistas señalaron que no representa ningún avance, sino más bien una farsa, pues prácticamente sólo se cambió el nombre de la ley, los diputados de las otras bancadas resaltaron que con esto tendrán un Congreso moderno y de avanzada.
“Producción cero”
Entre las ventajas de esta nueva ley citaron, por ejemplo, está que se acabará la “producción cero” de muchas comisiones, que en ocasiones ni siquiera llegaban a sesionar.
De ahora de adelante, según indicaron, se establecen plazos y sanciones para obligar a hacer el trabajo en las comisiones.
Al hacer un balance general en esta última sesión ordinaria, la coordinadora de la bancada del PAN, Magaly Cruz Nucamendi, expresó que a pesar de los bloqueos sistemáticos, los diputados de oposición fueron responsables y aprobaron importantes leyes en beneficio del Estado.
—Lo dijimos al principio: somos una oposición responsable, aunque hemos trabajado en desventaja.
—Estamos conscientes de que todo el aparato administrativo está a favor de los diputados del PRI —afirmó.
La diputada anticipó que los panistas continuarán haciendo uso de la tribuna y de la palabra las veces que sean necesarias cada vez que existan violaciones a las leyes, situaciones que agredan a los ciudadanos o excesos y dispendios.
Exigió grandes dosis de tolerancia y respeto para continuar con el trabajo legislativo.
El coordinador de la bancada del PRI, Mauricio Sahuí Rivero, señaló que cuando se hacen a un lado los protagonismos dañinos se pueden lograr grandes beneficios, como se demostró al ser emitidas en el primer período ordinario de sesiones más de cinco leyes y reformas.
Según expuso, no esperaba que existieran coincidencias en todos los temas que se trataron, pero las diferencias se fueron superando al involucrarse en el trabajo legislativo.
“Prueba de fuego”
En su opinión, pasaron su primera prueba de fuego, pero “no hay que echar las campanas al vuelo, porque aún falta mucho por hacer”.
“Concluimos este primer periodo de sesiones rindiendo buenas cuentas y no lamentando lo que pudimos hacer; empezamos bien, sigamos trabajando para terminar mejor”, expresó.
Macroproyecto en puerta
- La SCT afirma que está avanzado el plan del distribuidor vial de Progreso
- na obra de más de $100 millones, que estará lista en 2011
Considerada la cereza del pastel de la modernización de la carretera Mérida-Progreso, el proyecto del distribuidor vial que se construirá a la entrada del puerto está avanzado y prácticamente sólo falta el permiso ambiental para arrancar esta obra.
Se trata de un macroproyecto por sus dimensiones y su complejidad técnica, pues el Centro SCT-Yucatán no sólo tendrá que resolver el conflicto vial en ese crucero sino que deberá lidiar con los ductos de Pemex, la fibra óptica de Telmex, las tuberías del agua potable y las torres de alta tensión de la CFE, que forman un nudo vital en el principal punto de conexión entre esta capital y el puerto.
Además, indica Renán Canto Jairala, director del Centro SCT, durante la construcción del distribuidor tendrán que garantizar que no se afecte el tráfico vehicular (el aforo es de 25,000 vehículos diarios).
La obra, que se hará con una inversión de más de $100 millones y debe estar lista en 2011, incluye la construcción de un paso superior vehicular de 394 metros de largo y dos glorietas.
La construcción del distribuidor vial de Progreso va más allá de resolver el crucero conflictivo de la entrada al puerto, pues tiene implicaciones económicas, comerciales, turísticas y hasta sociales de mayor alcance, afirma Renán Canto Jairala, director del Centro SCT-Yucatán.
La carretera Mérida-Progreso, apunta, es la vía de mayor aforo en Yucatán, con 25,000 vehículos diarios, y representa el principal corredor industrial, pues conecta al puerto de altura con los parques industriales y el aeropuerto de esta capital.
Es también, indica, un eje de abasto de productos importantes como los combustibles y los insumos alimenticios, que no sólo surten a la entidad sino al vecino estado de Quintana Roo.
La importancia de esa vía, abunda Canto Jairala, es reconocida por el gobierno federal y de ahí que haya asignado recursos para modernizar la carretera, con un segundo cuerpo de cuatro carriles; construir el Sistema Vial del Norte y completar la modernización del Anillo Periférico de esta capital.
“Adicionalmente, hay otras obras relacionadas como la construcción del puente de Yucalpetén, que se inauguró en 2009, y el segundo cuerpo de la carretera Mérida-Campeche, que forma parte del corredor troncal Puebla-Progreso, actualmente en proceso”, subraya.
El director del Centro SCT indica que en Progreso se amplió la avenida que conecta a la entrada del puerto con el puente de Yucalpetén, se modernizó la carretera que va a Chicxulub-Telchac y ahora se trabaja en la vía que va de Chelem a Chuburná.
“El punto neurálgico que falta resolver es el problema vial de la entrada a Progreso. El plan era arrancar la construcción del distribuidor vial este año y terminarlo en 2011, pero no va a ser posible porque la Semarnat nos pidió profundizar en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que presentamos.
“Sin embargo, en vez de que la obra sea bianual, ahora la vamos a hacer toda en 2011. Confiamos en que la Semarnat nos autorice el nuevo MIA que vamos a presentar a la brevedad posible”.
La obra rebasaría los $100 millones. En esencia, consiste en construir un megapuente (paso superior vehicular, como le llama la SCT) de 394 metros de largo que correría sobre el eje Chicxulub-Yucalpetén. La estructura estaría soportada por pilotes para no afectar la ecología.
Por debajo del puente se construirán dos glorietas, una de entrada al puerto y otra de salida tomando como eje a Mérida. Es decir, el tráfico más intenso estaría a nivel de piso.
Para los que lleguen de Mérida y quieran ir a Chicxulub, tomarán un desvío a la derecha. Si quieren entrar a la ciudad bastará con seguir de frente y si quieren dirigirse a Yucalpetén rodearán la glorieta por la izquierda.
Plan para desalojar casas de la ciénaga
PROGRESO.— Durante una gira vespertina que realizó por la zona oriente del puerto, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco anunció un plan para retirar predios que ocupan zona federal, de familias en condiciones de marginación y alto riesgo.
En su segunda visita a este puerto en dos días, pues apenas el sábado vino acompañada de un abultado grupo de funcionarios estatales y municipales que sólo acudieron para ver el recorrido de la mandataria y acompañarla a su paso por la zona oriente del puerto, la gobernadora informó que 75 casas asentadas en la zona federal, dentro de la ciénaga serán retiradas como parte de un proyecto “para garantizar seguridad y vivienda digna a esas familias”.
La gobernadora visitó tres puntos durante su visita: comenzó en la calle 33 con 20, donde caminó hasta la ciénaga en tanto escuchaba explicaciones del titular de Seduma, Eduardo Batllori Sampedro. Luego subió a un camión de redilas que la trasladó dos kilómetros adelante, en donde hizo un recorrido similar y, finalmente, caminó un par de cuadras para ver otra de las calles de la zona y constatar la invasión de la ciénaga.
Batllori Sampedro señaló que en los próximos 14 meses, el gobierno estatal ejecutará el plan para desalojar a las familias y reubicarlas en predios de Flamboyanes o Progreso que sean construidos con apoyo del programa Tu Casa.
Añadió que en esa franja del oriente del puerto, se han detectado 551 predios que podrían estar invadiendo zona federal, pero hasta que tengan el mapeo de la zona con la delimitación de la zona federal, no podrán determinar cuántos con exactitud. Pero, precisó que en una primera revisión, se verificó que 75 están metidos en la ciénaga, dentro de los 20 metros que marca la ley y deberán ser desalojados.
Durante su recorrido, la gobernadora estuvo acompañada del delegado de la Sedesol, Fernando Medina Gamboa, la alcaldesa de Progreso, María Ester Alonzo Morales, así como de representantes de dependencias como Profepa, Semarnat.
Denuncia contra un ex alcalde
El alcalde de Chapab, el priista Ramiro Alonzo Matos Cob, reportó ayer al Congreso que el pasado sábado denunció penalmente a su antecesor Juan Gabriel Zapata Alvarado, del PAN, por faltantes que ascienden a casi medio millón de pesos.
Entre los faltantes, añadió, están dos vehículos, un Chevy Monza y una camioneta que el gobierno del Estado entregó en comodato a ese ayuntamiento.
En varias ocasiones, dijo, le pidió al ex alcalde Zapata Alvarado que entregara ese faltante, pero aun cuando no se niega y le dice que lo hará no cumple, por eso a dos meses de estar en esa circunstancia decidió denunciar los hechos en la Agencia del Ministerio Público de Ticul.
El monto total de los faltantes, afirmó, asciende a $499,826, que incluyen los dos vehículos así como $114,000 que eran para pagar la deuda del Ayuntamiento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el consumo de energía de abril, mayo y junio.
Lo que queda del faltante denunciado, según explicó, corresponde a varios bienes del municipio que están reportados, pero no aparecen en ningún lugar, como una podadora, mesas, sillas y otros artículos.
Al enterarse el ex alcalde que sería denunciado por su sucesor fue a hablar con él unos días antes para ofrecer de nuevo que devolvería todo lo que falta, pero nunca lo hizo.
En el caso de la camioneta, añadió, no sólo está en poder del ex funcionario sino también, por averiguaciones propias, descubrió que está en un taller porque al parecer se desvieló el motor.
Actualmente el ayuntamiento sólo dispone de una ambulancia y un carropatrulla para hacer las diligencias y cubrir las necesidades, indicó Matos Cob.
Ayer el alcalde de Chapab acudió a notificar de la denuncia al Congreso para que también proceda como corresponda contra el ex alcalde.
Dicen que muy poco se aclaró
Se cumplen los 60 días que establece el reglamento de entrega-recepción, recordó, y con las comparecencias pocos datos se agregaron a los ya conocidos, pocas cosas se aclararon.
—El siguiente paso será que la Contraloría dará seguimiento puntual única y exclusivamente a los aspectos que considere relevantes —agregó.
—Los regidores, directores y la presidenta municipal trabajaremos paralelamente para dar resultados —dijo.
La alcaldesa reiteró que la Contraloría municipal continuará con las observaciones que considere deben tener seguimiento para tomar alguna medida administrativa, penal o de cualquier índole.
El Ayuntamiento, señaló, no puede detener su marcha para esperar resultados, “muchas observaciones se van a subsanar de inmediato porque no se pueden quedar así”.
Angélica Araujo dijo que la Contraloría diferenciará entre sanciones administrativas o de otro tipo.
—Como he dicho, dependiendo de la naturaleza de lo que se trate será la sanción. Es importante la determinación que harán los especialistas para saber cuál es el proceso que podemos llevar para sancionar, pero en los que tengamos la obligación de sustentar y continuar se hará, sobre todo en los casos que tengan que ver con recursos de los meridanos.
—Por ejemplo, a lo mejor en el caso de los vehículos en malas condiciones, a los que no se les dio mantenimiento, la sanción es netamente administrativa o tal vez hay algún tipo de procedimiento o acta que se levanta. Hay otros mecanismos en los que se tienen pruebas y afectan recursos, entonces sí se continuará con una medida diferente —señaló.
La alcaldesa agregó que le preocupa la cantidad de bienes muebles que no están sustentados en los inventarios que se les entregan.
Por último, Angélica Araujo dijo que trabajan en la modificación del marco legal que rige el Ayuntamiento, uno de los retos de la Dirección de Gobernación para hacerlo más eficiente, pero sobre todo más rápido en su aplicación y determinación.
—Trabajamos en una propuesta de modificación, que nos llevará todo el período de la administración. Esperamos modernizar reglamentos y leyes que rigen al municipio —concluyó.
Guerra por un ofrecimiento
La tarifa de $2.50 que ofreció la alcaldesa Angélica Araujo Lara durante su campaña motivó acciones políticas tanto del PAN como del PRI en el inicio del curso escolar.
El PAN realizó un volanteo como parte de una campaña que denomina en defensa de la economía estudiantil.
Desde temprana hora directivos, diputados y regidores panistas se apostaron en el fraccionamiento del Parque, en una zona donde están tres escuelas: la Facultad de Derecho, el Plantel Conalep Mérida 1 y el Cetis 112, donde repartieron entre estudiantes y padres de familia volantes sobre el incumplimiento de reducir de $3 a $2.50 la tarifa para estudiantes en los vehículos del transporte urbano.
“Pagaste $2.50 por tu pasaje? Si no es así…? ¡Te engañaron!”, indica el volante.
Los panistas anticiparon que en días posteriores estarán en otros planteles de la ciudad.
También dijeron que este programa es en defensa de la economía familiar ante el incumplimiento de la promesa de campaña que Angélica Araujo hizo sin contar con los estudios necesarios para saber si podría llevarla a la práctica.
Por su parte, los regidores meridanos del PRI reprobaron lo que llaman una “campaña de desinformación que insisten en llevar al cabo” ediles panistas ahora que se inicia el ciclo escolar.
Según dijeron, sus colegas del PAN buscan confundir a la población y crear un clima de tensión entre los jóvenes con visitas a planteles escolares.
La alcaldesa Angélica Araujo Lara, afirmaron, trabaja con toda seriedad para cumplir con el subsidio a la tarifa de transporte estudiantil.
La arquitecta Araujo Lara ha señalado que sigue firme su compromiso, pero este año no es posible cumplir porque no hay presupuesto para el subsidio.
Destituyen al oficial mayor de Kanasín
El alcalde de Kanasín, Leonor Chan Uicab, destituyó ayer al oficial mayor de ese municipio, Nelson Javier Uicab Baas, por presuntos malos manejos de este último funcionario durante su corta gestión.
La destitución de Uicab Baas ocurrió después de una sesión de cabildo en la que regidores panistas propusieron, sin lograrlo, que se despidiera al tesoreso del ayuntamiento, Manuel de Jesús Uicab Uicab, según dijeron “porque no atiende a la gente”.
Sin embargo, la propuesta no prosperó debido a que no fue avalada por Chan Uicab, quien sostiene que el actual tesoreso se ha conducido con honestidad y no hay motivos para su destitución.
Los regidores que pidieron la destitución del tesorero, a quien pretendían reemplazar con el propio Uicab Baas son los panistas Pablo de Jesús Herrera Escamilla, Wilberth Herrera Herrera, Cristino Uicab Chin, Anette Santos Marrufo, Ramón Cauich Aké, y los priistas Ofelia Salazar Aguilar y Francisco Estrella Uicab.
A partir del martes 31 de agosto, Sergio Adrián González Castillo, quien fungía como director de comunicación social, se desempeñará como oficial mayor.
Reclaman a ex braceros: “No sean unos viejitos majaderos”
Los aplausos de reproche, los gritos de que empezara la reunión y la reclamación de que no se oían las explicaciones también enojaron a la señora Pinto Muñoz, quien respondió: “No sean unos viejitos majaderos. Estoy informando a la prensa porque muchos viejitos no pueden venir porque están enfermos o postrados y los medios nos ayudan a informarles”.
Gladys Pinto citó a los ex braceros en la sede del PRI estatal. Dijo que gracias al diputado federal priista Rolando Zapata Bello han logrado algunos avances en la tramitación del pago del apoyo faltante de $34,000 en una sola exhibición y la aceptación de las concubinas como beneficiarias en caso de muerte de las esposas legales.
La lideresa afirmó que desconoce cuándo cobrarán el apoyo los 554 seleccionados de Yucatán y conminó a los diputados federales del país para que autoricen de una vez los $900 millones que se necesitan para liquidar a los ex braceros, que poco a poco mueren sin disfrutar el dinero federal.
Los ex braceros Rigoberto Torres y Mireya Guemes denunciaron que Cindy Estrella, otra gestora del subsidio, cobra $200 por su asesoría y retiene la documentación original que recibió para los trámites.
Entregaría apoyos a domicilio la Comuna
La nueva forma de entrega de apoyos empezaría a funcionar el próximo mes, cuando se tenga un diagnóstico sobre los resultados de la aplicación de los programas de la dependencia.
Desea que la entrega de esta ayuda vaya más allá de lo que se hace para evitar molestias e inconvenientes a los beneficiarios.
Como informamos, la primera entrega de despensas del DIF municipal (el sábado) a personas de la tercera edad y de escasos recursos, en el Centro Social del Isstey, generó inconformidad por la larga espera. La alcaldesa agregó que su objetivo al dar este tipo de ayuda es que también se pongan en marcha mecanismos para vigilar la salud y medir de alguna manera el índice de beneficios de los alimentos que se otorgan.
—Ayer hablé con Ana Rosa Estéfani Cárdenas, directora del DIF municipal, y le expuse mis aspiraciones para este tipo de apoyos, que se les lleve directamente a sus casas, por ejemplo, que sea algo que ellos no tengan que ir a buscar, para que el Ayuntamiento sea cercano y sensible a este tipo de necesidades y que otorguemos los apoyos directamente —agregó.
Para poner en marcha la nueva forma de entrega de apoyos deben conocer a fondo cómo ayudan éstos a las familias.
—No sabemos realmente cuál es el seguimiento que se le da a estos adultos mayores, si realmente lo que damos, que es estándar, es aplicable para todos. Dar apoyos no es única y exclusivamente el otorgamiento, sino ver sus consecuencias, positivas o negativas —dijo. —Mi aspiración es que el desarrollo integral de las familias, que es lo que significa DIF, se aplique textualmente a través del conocimiento y la cercanía de las familias a las que apoyamos, no dar un beneficio de forma aislada —concluyó.
Con oposición del PAN son aprobados los PPS
El principal punto de discusión y por el cual los panistas no aprobaron esta iniciativa, fue que no se incluyó su propuesta para que los Proyectos de Prestación de Servicios se aprueben por mayoría calificada, o sea con el voto de al menos el 75% de los 25 diputados (17 legisladores).
Estos proyectos serán aprobados por mayoría absoluta —el 50% más uno de los 25 diputados—, según esta reforma.
Fueron aprobados cambios a los artículos 30 y 82 de la Constitución estatal.
Este primer cambio constitucional que hace la LIX Legislatura se produjo en medio de un debate entre el priista Víctor Caballero Durán y el panista Pedro Suaste Couoh. Este último abandonó la sesión luego de que su bancada perdió la votación, cuando aún faltaba por analizarse la Ley de Instituciones de Asistencia Privada.
Caballero Durán dijo que una votación calificada no es motivo para ir contra este dictamen.
“Más parece un pretexto, eso ha quedado plenamente analizada y discutido en varias ocasiones, como en la comisión, donde se aprobó por unanimidad; hasta los panistas Renán Barrera Concha y Tito Sánchez Camargo lo aprobaron”, añadió.
El panista señaló que a pesar de que dos de sus compañeros votaron a favor en comisiones, al hacer precisiones se vio la importancia de que los PPS se aprueben con el voto de las dos terceras partes del Congreso.
Esto, agregó, es porque la prestación de servicios será por un término no menor de cinco años y no mayor de 30 años.
“En la mayoría de los casos, si no es que todos, los PPS rebasarán los periodos constitucionales de los gobiernos, por eso es necesario darle un trato especial y cuidadoso”, dijo.
Los PPS aprobados, aun cuando aparentemente no se consideren deuda pública, serán una carga para las administraciones futuras, por eso se pide la mayoría calificada, reiteró.
“La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en el caso de financiamiento a largo plazo, establece que éste debe ser aprobado por mayoría calificada del Cabildo. Si un municipio pone esta medida de precaución, igual debía hacerse para el Estado”.
Caballero Durán expresó que la contratación de servicios de largo plazo forma parte de una familia integrada por financiamientos que buscan integrar experiencias, recursos, habilidades y capacidades entre los sectores públicos y privados.
Finalmente, se aprobó la reforma con 19 votos a favor y seis en contra.
También servirá, dice, para construir dos hospitales en el sur meridano, lo que significará mayor endeudamiento público.
Según el diputado panista, en la Legislatura anterior, donde se desempeñó como secretario de la Comisión de Hacienda y por ese motivo participó en las primeras discusiones sobre esa ley, funcionarios y diputados del PRI decían que el verdadero interés del gobierno por esa iniciativa era obtener un mecanismo legal para asegurar el financiamiento de proyectos como el tren rápido, que implica cuantiosa inversión.
Con la aprobación de esa ley, añade Avila Ruiz, el gobierno podrá admitir inversión privada en el tren rápido y amarrar los pagos en administraciones posteriores.
—No estoy contra los Proyectos de Prestación de Servicios, sino de su aplicación en este gobierno, caracterizado por la falta de transparencia, favoritismo y creciente endeudamiento.
—Ya podemos imaginar cómo será la asignación de contratos de obras financiados con PPS, a las empresas allegadas al régimen.
Los llamados Proyectos de Prestación de Servicios o PPS, explica el legislador, usan recursos privados para financiar grandes obras de infraestructura que el gobierno no puede sufragar de un solo golpe.
Una empresa privada, por ejemplo, puede construir y equipar determinada obra y rentarla al gobierno, que contabilizará los pagos en su gasto corriente.
De acuerdo con Avila Ruiz, el empleo de recursos privados en obras de infraestructura comprometería aún más a las finanzas estatales, que ahora muestran falta de solvencia. —No sólo se deben $1,870 millones, sino que cada año se entregan otros $30 millones al CRIT y persiste la posibilidad de contratar otros empréstitos a través del BID que, como se ha informado, podría ofrecer una línea de crédito de 200 millones de dólares al Ejecutivo.
Avila Ruiz recuerda el reciente anuncio de la gobernadora Ivonne Ortega de construir dos hospitales en el sur de Mérida, mediante una inversión de $1,300 millones, “precisamente bajo el esquema de los PPS, es decir, de nueva deuda”
Los lectores ópticos, “en tiempo y forma”
El 1 de enero cumpliremos lo acordado de contar con los lectores ópticos en el 100% de las unidades del transporte público, declaró la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, entrevistada durante la inauguración del plantel III del Conalep, en el poniente de la ciudad.
“Este es un asunto que lamentablemente se está politizando, entendemos la estrategia que pueda tener algún partido y la respetamos, pero cumplimos en tiempo y forma lo acordado”, afirmó la gobernadora.
Cuando se anunció la tarjeta inteligente, añadió, se dijo que paulatinamente se irían poniendo los lectores, lo cual se cumple en tiempo y forma y el 1 de enero el 100% de los aparatos estarán ya instalados.
En otro tema, reconoció que la salida de Mexicana complicó las cosas en el aeropuerto de la ciudad, pero se logró acomodar a los pasajeros en otras aerolíneas, que aceptaron firmar un convenio de precios económicos.
“Como no hay convenio de Mexicana con ninguna de estas líneas, lo que logramos conseguir fue que el boleto fuera más económico: $1,602, y así lo hicieron Aroméxico, Interjet y Volaris. Aeroméxico incluso en varias ocasiones cambió sus aviones para ofrecer más asientos”.
La gobernadora dijo que el problema de Mexicana afecta no sólo al Estado sino también a todo el país, pues la aerolínea tenía en Yucatán 62 vuelos semanales, por eso se trabaja ya con varias aerolíneas y la respuesta ha sido buena.
En relación con la comida chatarra, declaró que se trabaja con la Secretaría de Salud, el DIF, el Instituto del Deporte y con las empresas que venden esos productos, pues no se trata tampoco de cerrar el mercado.
“Quiero manifestar mi reconocimiento a los empresarios que están en la condición de cambiar sus productos, de disminuir la cantidad de lo que venden, así como el sodio y la grasa, que es lo que puede generar obesidad infantil y así vamos todos juntos a enfrentarnos al problema, alumnos, padres de familia, maestros y las dependencias”.
Habló también de la baja producción lechera en el Estado y dijo que en el caso del hato ganadero y lechero en el oriente de la entidad, no hubo una proyección de apoyo a la lecchería durante muchos años, particularmente en el sexenio pasado y esto hizo que no creciera y que ahorita vayamos al rescate de esta producción.
Esta semana entregarían seis primarias y preescolares
Mañana miércoles serán inaugurados los cuatro inmuebles de Ciudad Caucel y Villa Magna —en ambos lugares se construyeron primaria y preescolar— y hoy se entregarán el kínder y la primaria de Santa Cruz Palomeque, informó el funcionario estatal en una entrevista.
En Villa Magna estará en servicio un preescolar básico de tres aulas, dirección, plaza cívica, servicios sanitarios y todo lo necesario para su óptimo funcionamiento.
Una primera necesidad El secretario explicó que en el caso de la primaria se detectó la urgente necesidad de construir primero tres aulas, que ya están listas junto con la dirección y la plaza cívica del nuevo plantel educativo.
Godoy Montañez explicó que la demanda fue tal que las tres aulas se llenaron de inmediato y ahora los requerimientos son construir una primaria completa, de manera que el gobierno del Estado ya comenzó la edificación de otro bloque de salones.
—Temporalmente hemos enviado tres aulas móviles para que, en tanto se termina el segundo bloque de salones, los niños y las niñas tengan dónde estudiar cómodamente —precisó el funcionario.
Godoy Montañez fue entrevistado en el marco de la inauguración del plantel Mérida III del Conalep, de lo que informamos en nota aparte.
Del Conalep dijo que cubre un segmento poblacional muy importante en el que hay una gran demanda.
Al comenzar el ciclo escolar volvieron a las aulas 436 mil niños, desde preescolar hasta secundaria, y en días anteriores lo hicieron las preparatorias y universidades: El total de alumnos es de 560,000.
Sin clases ni maestros
En el primer día de clases, unos 150 alumnos de la primaria Niño Artillero, de la hacienda Tekat, no tuvieron clases porque dos de los tres maestros de ese centro escolar no acudieron a trabajar.
Durante cerca de dos horas la maestra Betsy Pereira Villanueva, directora de la escuela, estuvo al frente de los seis grados. Juntó en un salón a los alumnos y les marcó “algunas cosas”. Luego, los dejó ir a sus casas.
Una comitiva de padres de familia acudió ayer a la supervisión de zona, ubicada en Mocochá, para solicitar que no regrese a la escuela Darwin Guadalupe Aguilar Victoria, maestro de 5o. y 6o. grados, debido a que, aseguraron, falta mucho y cuando acude a dar clases nada más labora hora y media o dos horas y se retira.
Indicaron que la ausencia del maestro dejó mal preparados a alumnos que egresaron de sexto grado el año pasado. “Algunos perdieron todo el año en la secundaria Matilde Cárdenas, de Mocochá, y otros arrastran materias. Tienen retraso educativo”, dijo Felipa Kantún Yam. “Se aprovecha (el profesor) de que no hay mucha vigilancia en el colegio”.
No conocía la causa La maestra Betsy Pereira indicó que sabía que el maestro de base (Aguilar Victoria) y una profesora de contrato debieron presentarse antes de las 7 e ignoraba la razón de su ausencia.
El primer día de clases del curso 2010-2011 concluyó a las 9 de la mañana .
Felipa Kantún Yam, mamá de Ernesto Estrella Kantún, bautizado como el “niño cero”, por ser el primer caso de influenza en el Estado, dijo que su hijo se retrasó por la enfermedad y luego por un accidente.
Una comitiva de 12 madres de familia acudió “en aventón” a las oficinas de la supervisión de zona ubicadas en Mocochá, pero no se encontraba la titular.
Petición Luego de poco más de una hora de espera, la titular llegó y le plantearon que no querían al maestro de base debido a que casi no acude a trabajar y no enseña a los alumnos. “Muchos están reprobando, no lo queremos en la escuela”, indicaron.
Planteles inconclusos
Su madre, Alejandra Cardeña Arjona, lo llevó antes de la hora de entrada reglamentaria (7 de la mañana), pero dos horas más tarde se retiró con su hijo porque le informaron que la escuela no estaba lista.
Otros cientos de niños vivieron la misma experiencia en el primer día de clases en Villa Magna del Sur porque la primaria y el kínder suspendieron labores porque los nuevos edificios estaban inconclusos. Hoy, anunció la Secretaría de Educación, sí habrá clases.
—Ya esperamos mucho tiempo este edificio y por unos días más no nos molesta —dijo la señora Cardeña Arjona cuando regresaba a su hogar.
Anunció la obra educativa y colocó la primera piedra la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco en 2009, pero fue en este período vacacional cuando se inició su construcción.
Los que sí externaron su malestar en la jornada escolar fueron los alumnos de preparatoria y licenciatura por el incumplimiento de la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, de bajar de $3 a $2.50 el pasaje del servicio urbano de pasajeros.
—Ya lo ofreció, lo debe cumplir —señaló Luis Michel Gómez García, alumno del tercer semestre del Cbtis No. 95.
El alumno de Técnico en Informática dijo que el único problema al que se enfrenta con el servicio del transporte urbano es que los choferes no dan parada, toleran el sobrecupo “y te hacen mala cara cuando les enseñas la credencial estudiantil”.
Otros estudiantes que también dijeron que la alcaldesa debe cumplir ahora su promesa de campaña fueron Javier Iván Sánchez Vázquez, también del Cbtis No. 95, y Alejandro Chi Vidal, quien no ha tramitado la mica porque apenas llegó de Espita para estudiar Derecho en la Facultad del ramo de la Uady, entre otros que pidieron omitir sus nombres.
En general los alumnos entrevistados informaron que los operadores respetan las credenciales inteligentes, proporcionan el boleto y el cambio y sólo algunos no dan parada cuando ven el uniforme y la mochila.
—Todo está bien. El único pero es que la concesionaria de Polígono 108 no da parada si ve estudiantes —indicó César Pool Pool, alumno de la Facultad de Derecho, quien vive en ese fraccionamiento.
—Es un ahorro el uso de la credencial. Yo la utilizó cuatro veces al día. Si baja sería muy bueno —señaló Uziel Mayo Pérez, alumno del Plantel Mérida I del Conalep.
También hubo reclamaciones de activistas del PAN contra la alcaldesa Angélica Araujo. Se instalaron en las inmediaciones de las escuelas del Cetis, la Facultad de Derecho y el Conalep y repartieron volantes con el mensaje: ¿Pagaste $2.50 por tu pasaje? Si no es así... ¡Te engañaron! Los jóvenes lo recibieron, leyeron y luego lo tiraron al suelo.
Se aprueba por unanimidad la ley sobre asistencia social
En la penúltima sesión de su primer período ordinario de sesiones, la LIX Legislatura local aprobó ayer por unanimidad la nueva Ley de Instituciones de Asistencia Social, que sustituirá a la de Beneficencia Privada, emitida en 1915.
Con el voto de la mayoría calificada y la oposición de los panistas, también se aprobaron las primeras reformas a la Carta Magna local en esta Legislatura, para elevar a rango constitucional los Proyectos de Participación Social (PPS).
Con el voto unánime de los 25 legisladores se aprobó, asimismo, publicar la convocatoria para ratificar o elegir a dos consejeros electorales.
Igual por unanimidad se eligió a los integrantes de la primera Diputación Permanente, que estará en funciones en el primer receso de sesiones, que se inicia mañana miércoles.
Presidirá esa diputación el priista Carlos Carrillo Paredes; el secretario será el panista José Enrique Collado Soberanis, y el vocal, René Geremías Tun Castillo, del PRI.
Hoy, en la última sesión del período ordinario, se espera que los diputados aprueben reformas a la ley orgánica del Poder Legislativo. Según el dictamen emitido ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales, esta reforma incluye que desaparezca la Gran Comisión.
“Que no nos ganen los protagonismos políticos y entendamos que fue de la mano civil como logramos darle a Yucatán un ordenamiento moderno, cuya ley predecesora tiene 95 años de estar vigente”, dijo la diputada priista Leticia Mendoza Alcocer al pedir el voto a favor de esta nueva ley.
El legislador panista Renán Barrera Concha resaltó que esta ley fue el triunfo de la sociedad, no el logro de ninguna fracción parlamentaria.
Los diputados Jorge Várguez Canul (PRD) y David Ramírez Sánchez (PVEM) también se pronunciaron a favor de esta ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2011 en sustitución de la Ley de Beneficencia Privada, que data de 1915.
Regulación La nueva ley establece que las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) serán reguladas por una Junta de Asistencia Social que presidirá la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y un Consejo Consultivo, cuyo presidente designará la jefa del Ejecutivo de una terna de candidatos que le propondrán las instituciones privadas.
La Junta tendrá por objeto vigilar el cumplimiento de esta ley para regular los actos relativos a la constitución, funcionamiento, fomento, desarrollo y extinción de las instituciones de asistencia privada.
Entre sus atribuciones destacan: autorizar la creación y extinción de las instituciones; establecer, operar, actualizar y difundir el registro estatal de las IAP; revisar los estatutos de las instituciones y sus modificaciones, y en caso de no haber sido formulados por éstas, elaborarlos de acuerdo con las disposiciones legales.
También deberá cuidar que las IAP cumplan las disposiciones de esta ley y los estatutos que los rigen, como presentar su informe anual de ingresos, egresos y movimiento de su patrimonio, así como cuidar que las IAP cumplan los fines para los cuales se constituyeron.
Deberá prestar a asesoría administrativa, legal, contable y de cualquier índole que propicie su mejor operación, y otorgar a las IAP las autorizaciones que procedan, entre otras atribuciones.
En cuanto al Consejo Consultivo de Asistencia Privada, este se integrará por: un presidente y su suplente, que serán designados por el titular del Ejecutivo estatal, de entre las ternas que le propongan las IAP.
Los demás integrantes del Consejo serán el director general de la Junta; el presidente del patronato de la Beneficencia Pública de Yucatán, y cuatro vocales que serán designados por las instituciones.
También estará el secretario ejecutivo que será nombrado por el Consejo Consultivo a propuesta del presidente, y fungirá como secretario de actas, con voz pero sin voto.
El presidente del Consejo durará en su encargo tres años.
Congreso
- Ley Asistencia Como se esperaba, ayer se aprobó la Ley de Instituciones de Asistencia Privada.Beneficios La diputada priista Leticia Mendoza resaltó que ahora las IAP gozarán de exenciones, estímulos, subsidios y prerrogativas fiscales y administrativas.
Registros Actualmente, según expuso la legisladora, se calcula la existencia de unas 260 organizaciones de la sociedad civil en Yucatán, pero sólo se tiene el registro de 115.
Presentes A la sesión de ayer acudieron a presenciar la aprobación de esta nueva ley representantes de varias organizaciones civiles como Maná, Salvemos una Vida, Frente Cívico Familiar, Instituto Cultural Maya y otros, que manifestaron su acuerdo con esta nueva ley que las regirá a partir de 2011.
Vea en el sitio en internet del Diario los textos íntegros de la nuevas leyes aprobadas ayer en el Congreso.
Arranque e incidentes
- Suspenden clases en el primer día por varios motivos
- Vuelven a las aulas con la exigencia de que baje el pasaje
Con varias inauguraciones e incidentes empezó ayer el curso escolar 2010-2011 en Yucatán, donde hubo suspensión de labores obligadas en el Complejo Educativo Villa Magna del Sur, falta de maestros en la hacienda Tekat y un cortocircuito en la primaria José María Morelos y Pavón de esta ciudad.
Las quejas contra el servicio del transporte urbano, la exigencia estudiantil de que el Ayuntamiento cumpla la promesa de campaña de reducir de $3 a $2.50 el pasaje y la distribución de volantes de activistas del Partido Acción Nacional a las puertas de los planteles educativos también formaron parte de la primera jornada escolar en la capital yucateca.
La mayoría de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria comenzaron con normalidad las clases y entregaron los libros de texto gratuito a sus alumnos, pero en Villa Magna del Sur se suspendieron las labores en el kínder y la primaria porque los nuevos edificios carecen de energía eléctrica, agua potable y mobiliario. Sin embargo, la Secretaría de Educación del Estado informó que por la tarde y noche se terminarían los detalles faltantes y hoy martes empezarán las clases en ambas escuelas.
La apertura de las dos escuelas en Villa Magna del Sur atrajo a nuevos padres de familia, que demandaron al director de la primaria Jesús Pérez Solís y a la supervisora de la Zona 05 de preescolar, Xóchilt Pérez Gamboa, un lugar para sus hijos.
Mientras los padres de familia rodeaban a los profesores para registrar a sus hijos y entregarles documentación, los obreros trabajaban arduamente para terminar la pintura, colocación de lámparas, tinacos, acabado de los muebles de baños y la conexión eléctrica.
—Supervisor, los papás están buscando un árbol para colgarme —reportó en broma el profesor Pérez Solís cuando estaba rodeado de madres de familia que pedían cupo para la escuela primaria.
En la José María Morelos, del fraccionamiento Morelos, la directora Lizbeth Carrillo Beltrán informó a los padres de un cortocircuito en la escuela por fallas en el transformador de la CFE, con el riesgo de que se quemen las computadoras y la cablería.
Queja por presunto engaño en el Cobay
El plantel del Colegio de Bachilleres de Cholul dejó sin cupo y sin posibilidad de estudiar en escuelas públicas a varios jóvenes que pagaron su derecho de examen de selección.
Una madre de familia inconforme relató que su hijo y varios jóvenes pagaron el derecho de examen porque les aseguraron que el Cobay de Cholul tenía cupo disponible y el que pagara el examen tendría un lugar seguro en primer año.
No se aprobó
El viernes, dice la madre de familia, acudió al plantel Cobay de Cholul para preguntar sobre los resultados y el proceso de inscripción, pero el director (cuyo nombre no proporcionó) dijo que rechazaron a los alumnos porque el director general del Cobay (Gabriel Barragán Casares) no autorizó la apertura de un nuevo grupo de primer ingreso.
La madre de familia dijo que ya esperó todas las vacaciones y estaba confiada en que su hijo sí se quedaría en el Cobay, pero ahora está desesperada porque sólo puede inscribir al menor en alguna escuela particular.
Sin embargo, no tiene dinero para cubrir todos los gastos que eso implica.
Otra inconformidad contra el Cobay es que obliga a sus alumnos a comprar uniformes en las empresas Sport Depot y Pemol Sport, propiedad de Pedro Morcillo López, ya que es la única que los maquila y vende en los planteles del subsistema.
La empresa vende los uniformes en las escuelas a $135 el pantalón y la falda y a $110 las playeras unisex con el emblema y los colores del Cobay.
Además, el Cobay ya volvió obligatorio entre los alumnos de nuevo ingreso el uso del uniforme completo, es decir, falda o pantalón de color verde y playera tipo polo blanca con logotipo, mangas y cuello verdes.
Los alumnos de tercer y quinto semestres aún pueden vestir pantalón de mezclilla, como era antes, y la playera oficial del Cobay, pero ya no tendrán que comprar nuevas porque tienen la de cursos anteriores.
No hay contrato Se averiguó que no hay un contrato de exclusividad entre el Cobay y Pemol, sino que la maquiladora de Morcillo López aprovecha la oportunidad del mercado estudiantil para ofertar sus líneas de ropa escolar.
Hasta donde se sabe, Sport Depot y Pemol son las únicas que maquilan uniformes del Cobay, los venden en el interior de las escuelas o sus oficinas comerciales del rumbo de San Juan. Por lo tanto, los alumnos se ven obligados a recurrir a esa empresa.