Noticias de Yucatán
(mayoriteo, congreso, diputados)
Pedían que el 75% de los diputados avale los proyectos
31/08/2010
Con apoyo de los diputados del PRD y el PVEM, los priistas lograron el voto calificado que se requiere para reformar la Constitución y ayer aprobaron —con la oposición de los panistas— elevar a rango constitucional los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en Yucatán.
El principal punto de discusión y por el cual los panistas no aprobaron esta iniciativa, fue que no se incluyó su propuesta para que los Proyectos de Prestación de Servicios se aprueben por mayoría calificada, o sea con el voto de al menos el 75% de los 25 diputados (17 legisladores).
Estos proyectos serán aprobados por mayoría absoluta —el 50% más uno de los 25 diputados—, según esta reforma.
Fueron aprobados cambios a los artículos 30 y 82 de la Constitución estatal.
Este primer cambio constitucional que hace la LIX Legislatura se produjo en medio de un debate entre el priista Víctor Caballero Durán y el panista Pedro Suaste Couoh. Este último abandonó la sesión luego de que su bancada perdió la votación, cuando aún faltaba por analizarse la Ley de Instituciones de Asistencia Privada.
Caballero Durán dijo que una votación calificada no es motivo para ir contra este dictamen.
“Más parece un pretexto, eso ha quedado plenamente analizada y discutido en varias ocasiones, como en la comisión, donde se aprobó por unanimidad; hasta los panistas Renán Barrera Concha y Tito Sánchez Camargo lo aprobaron”, añadió.
El panista señaló que a pesar de que dos de sus compañeros votaron a favor en comisiones, al hacer precisiones se vio la importancia de que los PPS se aprueben con el voto de las dos terceras partes del Congreso.
Esto, agregó, es porque la prestación de servicios será por un término no menor de cinco años y no mayor de 30 años.
“En la mayoría de los casos, si no es que todos, los PPS rebasarán los periodos constitucionales de los gobiernos, por eso es necesario darle un trato especial y cuidadoso”, dijo.
Los PPS aprobados, aun cuando aparentemente no se consideren deuda pública, serán una carga para las administraciones futuras, por eso se pide la mayoría calificada, reiteró.
“La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en el caso de financiamiento a largo plazo, establece que éste debe ser aprobado por mayoría calificada del Cabildo. Si un municipio pone esta medida de precaución, igual debía hacerse para el Estado”.
Caballero Durán expresó que la contratación de servicios de largo plazo forma parte de una familia integrada por financiamientos que buscan integrar experiencias, recursos, habilidades y capacidades entre los sectores públicos y privados.
Finalmente, se aprobó la reforma con 19 votos a favor y seis en contra.
El principal punto de discusión y por el cual los panistas no aprobaron esta iniciativa, fue que no se incluyó su propuesta para que los Proyectos de Prestación de Servicios se aprueben por mayoría calificada, o sea con el voto de al menos el 75% de los 25 diputados (17 legisladores).
Estos proyectos serán aprobados por mayoría absoluta —el 50% más uno de los 25 diputados—, según esta reforma.
Fueron aprobados cambios a los artículos 30 y 82 de la Constitución estatal.
Este primer cambio constitucional que hace la LIX Legislatura se produjo en medio de un debate entre el priista Víctor Caballero Durán y el panista Pedro Suaste Couoh. Este último abandonó la sesión luego de que su bancada perdió la votación, cuando aún faltaba por analizarse la Ley de Instituciones de Asistencia Privada.
Caballero Durán dijo que una votación calificada no es motivo para ir contra este dictamen.
“Más parece un pretexto, eso ha quedado plenamente analizada y discutido en varias ocasiones, como en la comisión, donde se aprobó por unanimidad; hasta los panistas Renán Barrera Concha y Tito Sánchez Camargo lo aprobaron”, añadió.
El panista señaló que a pesar de que dos de sus compañeros votaron a favor en comisiones, al hacer precisiones se vio la importancia de que los PPS se aprueben con el voto de las dos terceras partes del Congreso.
Esto, agregó, es porque la prestación de servicios será por un término no menor de cinco años y no mayor de 30 años.
“En la mayoría de los casos, si no es que todos, los PPS rebasarán los periodos constitucionales de los gobiernos, por eso es necesario darle un trato especial y cuidadoso”, dijo.
Los PPS aprobados, aun cuando aparentemente no se consideren deuda pública, serán una carga para las administraciones futuras, por eso se pide la mayoría calificada, reiteró.
“La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en el caso de financiamiento a largo plazo, establece que éste debe ser aprobado por mayoría calificada del Cabildo. Si un municipio pone esta medida de precaución, igual debía hacerse para el Estado”.
Caballero Durán expresó que la contratación de servicios de largo plazo forma parte de una familia integrada por financiamientos que buscan integrar experiencias, recursos, habilidades y capacidades entre los sectores públicos y privados.
Finalmente, se aprobó la reforma con 19 votos a favor y seis en contra.
Nueva ventana para el endeudamiento
Los PPS permitirán beneficiar a gente allegada al gobierno
31/08/2010
La aprobación de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios ayer en el Congreso permitirá al gobierno del Estado “amarrar” a los siguientes gobiernos su polémico proyecto de tren rápido, advierte el diputado federal Daniel Avila Ruiz.
También servirá, dice, para construir dos hospitales en el sur meridano, lo que significará mayor endeudamiento público.
Según el diputado panista, en la Legislatura anterior, donde se desempeñó como secretario de la Comisión de Hacienda y por ese motivo participó en las primeras discusiones sobre esa ley, funcionarios y diputados del PRI decían que el verdadero interés del gobierno por esa iniciativa era obtener un mecanismo legal para asegurar el financiamiento de proyectos como el tren rápido, que implica cuantiosa inversión.
Con la aprobación de esa ley, añade Avila Ruiz, el gobierno podrá admitir inversión privada en el tren rápido y amarrar los pagos en administraciones posteriores.
—No estoy contra los Proyectos de Prestación de Servicios, sino de su aplicación en este gobierno, caracterizado por la falta de transparencia, favoritismo y creciente endeudamiento.
—Ya podemos imaginar cómo será la asignación de contratos de obras financiados con PPS, a las empresas allegadas al régimen.
Los llamados Proyectos de Prestación de Servicios o PPS, explica el legislador, usan recursos privados para financiar grandes obras de infraestructura que el gobierno no puede sufragar de un solo golpe.
Una empresa privada, por ejemplo, puede construir y equipar determinada obra y rentarla al gobierno, que contabilizará los pagos en su gasto corriente.
De acuerdo con Avila Ruiz, el empleo de recursos privados en obras de infraestructura comprometería aún más a las finanzas estatales, que ahora muestran falta de solvencia. —No sólo se deben $1,870 millones, sino que cada año se entregan otros $30 millones al CRIT y persiste la posibilidad de contratar otros empréstitos a través del BID que, como se ha informado, podría ofrecer una línea de crédito de 200 millones de dólares al Ejecutivo.
Avila Ruiz recuerda el reciente anuncio de la gobernadora Ivonne Ortega de construir dos hospitales en el sur de Mérida, mediante una inversión de $1,300 millones, “precisamente bajo el esquema de los PPS, es decir, de nueva deuda”
También servirá, dice, para construir dos hospitales en el sur meridano, lo que significará mayor endeudamiento público.
Según el diputado panista, en la Legislatura anterior, donde se desempeñó como secretario de la Comisión de Hacienda y por ese motivo participó en las primeras discusiones sobre esa ley, funcionarios y diputados del PRI decían que el verdadero interés del gobierno por esa iniciativa era obtener un mecanismo legal para asegurar el financiamiento de proyectos como el tren rápido, que implica cuantiosa inversión.
Con la aprobación de esa ley, añade Avila Ruiz, el gobierno podrá admitir inversión privada en el tren rápido y amarrar los pagos en administraciones posteriores.
—No estoy contra los Proyectos de Prestación de Servicios, sino de su aplicación en este gobierno, caracterizado por la falta de transparencia, favoritismo y creciente endeudamiento.
—Ya podemos imaginar cómo será la asignación de contratos de obras financiados con PPS, a las empresas allegadas al régimen.
Los llamados Proyectos de Prestación de Servicios o PPS, explica el legislador, usan recursos privados para financiar grandes obras de infraestructura que el gobierno no puede sufragar de un solo golpe.
Una empresa privada, por ejemplo, puede construir y equipar determinada obra y rentarla al gobierno, que contabilizará los pagos en su gasto corriente.
De acuerdo con Avila Ruiz, el empleo de recursos privados en obras de infraestructura comprometería aún más a las finanzas estatales, que ahora muestran falta de solvencia. —No sólo se deben $1,870 millones, sino que cada año se entregan otros $30 millones al CRIT y persiste la posibilidad de contratar otros empréstitos a través del BID que, como se ha informado, podría ofrecer una línea de crédito de 200 millones de dólares al Ejecutivo.
Avila Ruiz recuerda el reciente anuncio de la gobernadora Ivonne Ortega de construir dos hospitales en el sur de Mérida, mediante una inversión de $1,300 millones, “precisamente bajo el esquema de los PPS, es decir, de nueva deuda”
