Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública hicieron acto de presencia en la "Glorieta de la Paz" cuando se había consumado la agresión a los manifestantes que se oponían al inicio de las obras del "paso deprimido". No intervinieron, según la versión del gobierno, "para no empeorar las cosas"
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Jorge Manzanilla Pérez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, considera que sería un mal mensaje para la sociedad que la impunidad prevalezca en el caso de la represión del 4 de julio.
"Se debe hacer justicia, castigar a los autores materiales y también a los intelectuales", indica. "Si esto no ocurriera sería muy difícil sostener que Yucatán es el estado más seguro del país".
En este último caso, según dice, se enviaría la señal de que "somos muy seguros para evitar que de afuera vengan a agredirnos, pero no lo somos para evitar que desde adentro organizadamente nos agredan".
Durante una entrevista, de la que ofrecemos también detalles en la primera página, el líder del comercio organizado recalca que detrás de la violencia en "la ex Glorieta de la Paz" hubo una "mente organizativa" que también debe ser identificada, perseguida y sancionada.
Manzanilla Pérez estuvo en el sitio de la represión en la madrugada y atestiguó los primeros conatos de enfrentamiento.
En la entrevista formula, entre otros, los siguientes conceptos:
-Estuve en ese lugar (la glorieta). Me llamaron a la una de la mañana (del lunes 4) y llegué a la 1:35. Fui porque ya había dos muchachos golpeados. La provocación surgió con toda intención de parte de quienes querían que se hiciera el túnel.
-En ese momento, los que estaban protestando eran vecinos y sus hijos, algunos estudiantes de Arquitectura. No cabe duda que ellos fueron provocados, Y me consta que muchos no respondieron a las provocaciones, porque las mamás que estaban allá les aconsejaban. Algunos les decían "panistas".
-Era una manifestación pacífica, al grito de "¡No al túnel!" Lo grabé en mi teléfono. Esa manifestación, que me parecía totalmente espontánea, fue reprimida por un grupo organizado y dirigido por una mente que no estuvo presente pero sí dio las instrucciones.
-No sabemos quién es, pero creo que ese organizador intelectual debe ser atrapado y enjuiciado.
-Hoy vemos que se han consignado algunos expedientes a los juzgados. Es una obligación del gobierno, tanto estatal como municipal, cooperar en las investigaciones. Sin duda pueden tener información valiosa.
-Hay que dar un escarmiento ejemplar, lo mismo a quienes dieron las instrucciones que a quienes las siguieron.
-Se ha identificado a algunos funcionarios públicos, tanto del Ayuntamiento como del gobierno del Estado, que estuvieron en ese sitio. Si se llegara a comprobar su participación se debe garantizar la aplicación de todo el peso de la ley. No quisiéramos que la responsabilidad recayera en un funcionario menor que fuera sólo un chivo expiatorio.
-El hecho de que hayan transcurrido cuatro semanas para la consignación de los primeros expedientes obedece en gran medida a que la policía no actuó.
-Al no intervenir la policía se evito la flagrancia. Y al no haber flagrancia se tiene que presentar una querella, de acuerdo con el criterio del fiscal general, aunque hay otros criterios que dicen que se debió haber actuado de oficio porque surgieron pandillerismo y asociación delictuosa... Uno de los golpeadores decía a los otros a dónde debían dirigirse.
-Sostenemos que no hay ninguna justificación para esa violencia. Ni siquiera si esa manifestación era de un partido, que en realidad no lo era, porque vimos una manifestación ciudadana a la que se sumaron después funcionarios y simpatizantes de dos o tres partidos.
-Así hubiera sido manifestación total de un solo partido, nada justificaba la represión.
-Luego oímos que la gobernadora se declaró responsable de la no participación de la policía, por considerar que esto hubiera empeorado las cosas. No entendemos cómo pudo ser peor si adentro estaban siendo agredidos ciudadanos indefensos por gente que incluso estaba armada con tubos y palos.
-En la integración de los expedientes la Fiscalía se tomó cuatro semanas. Nos parece un avance inusitadamente lento. Creemos que se pudo hacer más rápido.
-Finalmente ya hay algunos expedientes y tendremos que ver si la Fiscalía los integró lo suficientemente bien para que no sean rechazados por los jueces a causa de tecnicismos, como ha ocurrido antes.
-Lo peor que puede ocurrir en este caso es la impunidad. Hay que encontrar y castigar a los culpables. No importa a qué niveles tan altos se llegue.
-Sería grave, para la ciudadanía y para las autoridades, que esto se olvide. No debemos, no podemos olvidar el 4 de julio
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