05/04/2010
La desesperación por no tener una vivienda y los acuerdos informales, sin respaldo jurídico, han derivado en un pleito de tierras en San Camilo II, donde está en juego el patrimonio de unas 70 familias.
Ayer un grupo de 50 personas presenciaron el intento de acuerdo entre Fernando Artero Muñoz, dirigente estatal de Antorcha Campesina, y el ejidatario Laureano Baas Chi para evitar que pierdan sus tierras.
El conflicto tiene sus orígenes en 2005, cuando Fernando Artero congregó a 70 familias para que compraran cinco hectáreas de terreno ejidal a Laureano Baas, quien estaba en problemas porque sus terrenos habían sido invadidos por un individuo, quien luego de un conflicto legal fue expulsado de los terrenos.
Desde hace cinco años los vecinos comenzaron a pagarle a Fernado Artero, de Antorcha Campesina, por terrenos de 10 por 30 metros. En promedio aportó cada uno $15,000. El dirigente recibía pagos semanales, quincenales y mensuales, por diferentes cantidades. Entregaba unos comprobantes de pago.
Sin embargo, relató el intermediario, no todos pagaban y el plazo para cubrir los $800,000 por las cuatro hectáreas era de un año y venció.
—Nosotros les dimos tiempo, pero como todo negocio, no podemos estar esperando siempre; además, nos enteramos de que ya revendió los terrenos de personas que ya terminaron de pagar y a nosotros no nos finiquita el pago, sólo nos dio como $350 mil. Está haciendo negocio con nuestras tierras, eso no es justo —dijo Carlos Baas Ek, hijo del dueño de los terrenos ejidales.
Esto propició que la gente se alborotara, ya que hay grupos que defienden al intermediario y otros que consideran que se está “haciendo rico” con los pagos que le hacen.
En la apropiación de los terrenos no hay nada establecido ni mapas ni mediciones ni planes de crecimiento, mucho menos en el área jurídica hay algún documento que avale la transacción de compraventa entre el ejidatario y el intermediario, todo fue hecho de manera verbal. Hay discrepancias, porque muchas personas aseguran que ya terminaron de pagar, otras que les faltan mil o dos mil pesos, y unas más que al verse presionadas decidieron echarse para atrás, pero ahora quieren de nuevo el terreno. María de Lourdes Palomino es un caso. Asegura que pagó $10,000, pero al sentirse presionada por el rumor de que perdería sus terrenos quienes no han terminado de pagar y habitar el terreno, decidió renunciar a él. Fernando Artero le devolvió sólo cinco mil pesos y se apoderó de sus fichas de pago. Ahora ella no quiere que le devuelvan el dinero restante, sino que sea dueña del terreno.
Los hijos del ejidatario ofrecen dejar las tierras a quienes las viven a cambio de que los que no han terminado de pagar entreguen dos mil pesos, y quienes ya finiquitaron se encarguen de los trámites de cesión de los lotes.
Esta propuesta no fue aceptada por el intermediario. Algunas familias, que dicen haber pagado, aseguran que los hijos del dueño del terreno los echaron de sus tierras, de manera que no tienen certeza jurídica. Los involucrados acordaron reunirse mañana con el comisariado.
