- Más cuestionamientos por presuntos pagos del Ejecutivo
- “Lo que importa son los resultados”, dice la gobernadora
Los presuntos pagos millonarios a Televisa y a una empresa encuestadora, que se habrían realizado con recursos del pueblo yucateco, fueron ayer blanco de acusaciones del Partido Acción Nacional, que calificó esa operación de “triangulación ilegal e inmoral de dinero público para beneficiar al PRI”.
Sin responder directamente a los señalamientos que se han hecho en los últimos días sobre el tema, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco trató de justificar los pagos en promoción con el argumento de que “lo que importa son los resultados”.
“Tenemos ya un alto índice de las visitas constituidas en el Estado”, apuntó la jefa del Ejecutivo, en alusión al turismo.
En opinión del PAN, el desvío del erario a actividades partidistas y de promoción con intereses ajenos al de la ciudadanía confirma que en Yucatán se consumó una elección de Estado.
La señora Ortega Pacheco reveló que envió una carta al periodista capitalino Roberto Zamarripa, quien el lunes dio a conocer detalles de los presuntos pagos del Ejecutivo local.
No habló de los términos de la carta. El periodista, contactado en la ciudad de México, tampoco quiso revelar el contenido. Será en próxima publicación, dijo.
Impugnaciones
- PAN El Partido Acción Nacional impugnó la designación de diputados plurinominales Dos argumentos Según el PAN, la autoridad electoral malinterpretó la fórmula para el reparto de curules y, además, una designación viola la Constitución“El pago de 10 millones de dólares del gobierno del Estado a Televisa y el pago de la encuesta de salida de las elecciones de Mérida, en la que intervino el gobierno de Nuevo León, representa una triangulación ilegal e inmoral de dinero público para beneficiar al PRI”, afirma el senador Hugo Laviada Molina.
“Es un elemento más que con firma que hubo una elección de estado en Yucatán, que comenzó desde el financiamiento de las campañas con la operación de las tierras de Ucú”, indica.
“Y en ambos casos aparece el delegado del PRI, Felipe Enríquez (Hernández, compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco), pues fue él quien orquestó la compra de Ucú y 'casualmente' el pago de la encuesta de salida estuvo a cargo del gobierno de Nuevo León, estado del que es originario”, subraya el legislador panista.
En rueda de prensa en las oficinas del PAN, Laviada Molina dice que el objetivo de las encuestas de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), empresa socia de Televisa, que le daba de 20 a 30 puntos de ventaja a la candidata del PRI, Angélica Araujo Lara, fue inhibir la participación y eso se cumplió, pues sólo votó el 55% de la lista nominal de Mérida.
“También los 15 puntos de ventaja que le dio a Angélica Araujo la encuesta de salida del domingo 16 resultó otra mentira, como lo demostraron el PREP y el cómputo oficial, pues la diferencia no rebasó el 4%”, apunta.
El senador indica que los artículos de los periodistas Raymundo Riva Palacio y Roberto Zamarripa pusieron en evidencia la triangulación del dinero público entre el gobierno de Ivonne Ortega, Televisa y GCE.
Riva Palacio dice que cada encuesta representa un gasto de medio millón de pesos y en el caso de Mérida quien pagó a GCE fue el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
Presente en la rueda de prensa, la presidenta del PAN estatal, Magaly Cruz Nucamendi, afirma que este nuevo caso refuerza la impugnación que presentaron contra los resultados de Mérida y viene a confirmar que hubo una elección de Estado.
El secretario general del PAN, Asís Cano Cetina, indica que esa triangulación de pagos es otro elemento que viola los principios rectores del proceso, como consignan en la causal genérica que sustenta su impugnación.
La impugnación, dice, es para limpiar las elecciones, ya llegó al Tribunal Electoral del Estado y esperan que proceda.
“Si no es así nos iremos al juicio de revisión constitucional ante el Trife”, anticipa Cano.
El senador Laviada deplora que a un mes de haber interpuesto la denuncia por peculado contra el gobierno del Estado por el caso de Ucú, la Procuraduría aún no le ha dado curso o al menos no les ha informado si ya hizo alguna diligencia, si ya citó a alguien o ya le requirió algún documento al Ejecutivo.
“Esto contrasta con la celeridad con la que el procurador detiene, tortura y consigna a simpatizantes del PAN”.
—Realmente yo le mandé una carta a Roberto Zamarripa, quien por cierto es muy buen amigo mío... Ustedes tomaron la nota de ayer y ya valdría la pena preguntarle a él —señaló.
—Le pidió que justifique... —le comenzó a decir el reportero, pero de inmediato la gobernadora atajó: “Pregúntenle a él”. Hace unos días publicamos que en medios nacionales se difundió la información de que el gobierno de Yucatán habría pagado 10 millones de dólares ($130 millones de pesos) a Televisa por el promocional que el productor Pedro Torres realizó sobre el Bicentenario de la Independencia en tierras yucatecas. —¿Nos puede decir qué le dijo a Roberto Zamarripa? —se le preguntó. —Pregúntenle ustedes... ustedes fueron los que sacaron la nota —replicó la mandataria. Después... Entrevistado vía telefónica, el subdirector de Reforma declinó revelar el contenido de la carta, pero anticipó que dará a conocer los detalles de la misiva en una próxima publicación.