Noticias de Yucatán
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Alega trabas a su caso
Rodolfo Antonio Pérez Ayala, quien fue proveedor del PRI en 2011 y 2012, y su abogado Jorge Luis Torres Sánchez acusaron a la Fiscalía General de tener en el “congelador” la denuncia que interpuso el primero contra el Comité Directivo Estatal de ese partido a principios de mes por la probable comisión de hechos fraudulentos .
En esa denuncia, como informamos el sábado 6, Pérez Ayala dice que no se le pagaron dos millones quinientos noventa mil pesos por servicios de audio, iluminación y circuito cerrado en la campaña política que derivó en las elecciones de 2012.
La acusación involucra a Luis Hevia Jiménez, presidente del PRI en Yucatán cuando ocurrieron los hechos; Carlos Pavón Flores, presidente actual; Nerio Torres Arcila y Rolando Zapata Bello. Estos últimos eran entonces candidatos a alcalde de Mérida y a gobernador, respectivamente.
Ayer estaba programada una diligencia de presentación de testigos, pero después de una hora de espera se dijo que no se haría por la carga de trabajo, explicó el abogado Torres.
Junto con su cliente, el litigante indicó que tenían citatorio a las 11 de la mañana para la presentación de testigos. Llevaron a uno de los dos mencionados en el ofrecimiento de pruebas.
A las doce, añadieron, el agente responsable de la mesa mixta segunda seguía alargando la diligencia con diversos argumentos y ausencias, que los declarantes suponen era para reportar el caso con algún superior e incluso el propio fiscal general del Estado.
Finalmente, luego de más de una hora de espera, les dijeron que ya no se haría la diligencia porque tenían mucha carga de trabajo por una “judicialización” (consignación en el anterior esquema penal) y la reprogramaron para el 17 de julio.
Torres Sánchez afirmó que hay claros indicios de que el caso está “congelado” en la Fiscalía porque ni siquiera se han girado citatorios a las personas a quienes se imputan los hechos.
El abogado anticipó que interpondrá una solicitud de amparo indirecto para que el expediente “camine”.
“Aquí se están vulnerando los derechos del denunciante y se está obstaculizando la búsqueda de la verdad”, añadió.
Rodolfo Pérez exhibió copias de contrarrecibos que tienen el sello del Comité Directivo Estatal del PRI. Los documentos amparan diferenets cantidades por servicios prestados en la campaña política.
Su abogado externó su temor de que la autoridad judicial tampoco le conceda valor probatorio a esos contrarrecibos, lo cual lo obligaría a recurrir también al amparo indirecto.
En el memorial que presentó a la autoridad investigadora el 5 de junio y en entrevista que concedió al término de la diligencia, Rodolfo Pérez explicó que fue contratado para dar cobertura con sus servicios al PRI desde la campaña electoral hasta la toma de posesión del gobernador.
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