Noticias de Yucatán
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La iniciativa ciudadana “Ley 3 de 3”, que busca convertirse en la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, sufrió sus primeros reveses en su etapa de análisis y discusión en el Congreso, luego de que en días pasados el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, advirtiera que su partido no avalará buena parte de la ley porque podría desatar una “cacería de brujas” y pasar por encima de la Constitución.
En un documento con observaciones a la iniciativa, que cuenta con el respaldo del PAN, el PRD y organizaciones civiles, el partido destacó que algunos puntos solo buscan el escarnio público por “presuntos ilícitos no comprobados”. [La Jornada, abril 22, 2016].
Las fracciones del PRI y el PVEM en la Cámara de Diputados también se han opuesto a la propuesta de la iniciativa de que las declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial de los funcionarios sean públicas.
El pasado 18 de abril, la iniciativa ciudadana llegó a las mesas técnicas de discusión en torno al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el Senado, en donde se revisarán los artículos y leyes que compondrán la legislación secundaria dicho sistema. Las organizaciones que respaldan la iniciativa han exigido que las discusiones se den bajo los principios de parlamento abierto, vigilado y monitoreado por la ciudadanía.
Las organizaciones también han exigido que la Ley 3 de 3 quede integrada en el SNA o de lo contrario resultará “fallido”. Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, refirió que si bien la iniciativa se debe aprobar antes del 27 de mayo, es necesario que cuente con elementos necesarios de fiscalización y castigo a funcionarios corruptos y no sea un ley “al vapor” [Pulso, abril 23, 2016].
El senador Daniel Ávila Ruiz y los legisladores del PAN manifestaron su apoyo a la iniciativa ciudadana desde que ésta llegó al Congreso a inicios de abril. En conferencia de prensa, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, dijo que el partido “no respaldará ni aprobará ningún dictamen de legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción si no incluye todas y cada una de las propuestas de la iniciativa”.
La iniciativa, que contó con el respaldo de más 120 mil firmas de apoyo ciudadano para llegar al Congreso, busca establecer reglas claras para la interacción de servidores públicos con actores privados, en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, con el fin combatir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas.
La iniciativa ciudadana “Ley 3 de 3”, que busca convertirse en la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, sufrió sus primeros reveses en su etapa de análisis y discusión en el Congreso, luego de que en días pasados el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, advirtiera que su partido no avalará buena parte de la ley porque podría desatar una “cacería de brujas” y pasar por encima de la Constitución.
En un documento con observaciones a la iniciativa, que cuenta con el respaldo del PAN, el PRD y organizaciones civiles, el partido destacó que algunos puntos solo buscan el escarnio público por “presuntos ilícitos no comprobados”. [La Jornada, abril 22, 2016].
Las fracciones del PRI y el PVEM en la Cámara de Diputados también se han opuesto a la propuesta de la iniciativa de que las declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial de los funcionarios sean públicas.
El pasado 18 de abril, la iniciativa ciudadana llegó a las mesas técnicas de discusión en torno al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el Senado, en donde se revisarán los artículos y leyes que compondrán la legislación secundaria dicho sistema. Las organizaciones que respaldan la iniciativa han exigido que las discusiones se den bajo los principios de parlamento abierto, vigilado y monitoreado por la ciudadanía.
Las organizaciones también han exigido que la Ley 3 de 3 quede integrada en el SNA o de lo contrario resultará “fallido”. Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, refirió que si bien la iniciativa se debe aprobar antes del 27 de mayo, es necesario que cuente con elementos necesarios de fiscalización y castigo a funcionarios corruptos y no sea un ley “al vapor” [Pulso, abril 23, 2016].
El senador Daniel Ávila Ruiz y los legisladores del PAN manifestaron su apoyo a la iniciativa ciudadana desde que ésta llegó al Congreso a inicios de abril. En conferencia de prensa, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, dijo que el partido “no respaldará ni aprobará ningún dictamen de legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción si no incluye todas y cada una de las propuestas de la iniciativa”.
La iniciativa, que contó con el respaldo de más 120 mil firmas de apoyo ciudadano para llegar al Congreso, busca establecer reglas claras para la interacción de servidores públicos con actores privados, en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, con el fin combatir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas.
