Noticias de Yucatán
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En 2013 Rolando Zapata Bello contrató un crédito por más de $317 millones con Banobras, también con el pretexto de “blindar al estado”, pero hasta ahora se desconoce el destino de más de la mitad de ese dinero
En nueva entrega el portal de Mayaleaks informa, con fecha de ayer, que el gobierno de Rolando Zapata Bello contrató un crédito por más de $317 millones con Banobras hace tres años, del que nadie habla ahora, con el mismo pretexto esgrimido para justificar el programa Escudo Yucatán: “blindar al estado” con la compra de cámaras de vigilancia y equipo de seguridad.
Incluso, en la presentación de ese programa, que contempla la autorización de un nuevo crédito por hasta 1,500 millones, para “blindar al estado”, realizado ante el Congreso, ni el secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, responsable de las negociaciones, ni el secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi, ni mucho menos los diputados, recordaron ese préstamo, ni hablaron del destino del dinero.
Roberto Rodríguez Asaf explica el préstamo para “blindar al Estado” con Escudo Yucatán. ¿Y el crédito del Profise?
Llama la atención que las dos únicas solicitudes de crédito gestionadas por la administración de Zapata Bello estén relacionadas con la adquisición de equipo de seguridad para el “estado más seguro de México”. (La autorización para “adelantar” mil millones de pesos del Fondo de Ampliaciones Múltiples para la remodelación de escuelas, aprobado en diciembre por los legisladores, no es considerada deuda pública por el gobierno del Estado).
Zapata Bello contrató ese crédito de $317,268,611 en abril de 2013 —poniendo como garantía parte de las participaciones federales de Yucatán de las próxima dos décadas— que le ofreció el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los Estados (Profise), creado por el presidente Enrique Peña Nieto en 2012 y operado por Banobras a través de un fideicomiso formado exprofeso.
COSTOSOS INTERESES. El crédito se contrató a 20 años con una tasa de interés fija anual de 8.1 por ciento. Esto significa la erogación de $25,688,764 de interés anual de 2013 a 2033, es decir, $513,775,880 a pesos actuales solo de intereses en todo el periodo del préstamo, a cambio de recibir un poco más de 317 millones.
Rodríguez Asaf, cuando era secretario de Administración y Finanzas, fue el principal impulsor de la contratación de este préstamo. En declaraciones a la prensa (Diario de Yucatán, 14 de enero de 2013), explicó que se trata de una nueva modalidad de financiamiento en la que “el capital lo paga el gobierno federal”, a través de los recursos asignados al Profise, con los que se adquieren bonos cupón cero a 20 años que, a su vez, se convierten en la fuente de pago principal de los financiamientos.
En otras palabras, añadió Rodríguez Asaf, el gobierno del Estado sólo pagaría los intereses y la Federación, al cabo de los 20 años, el capital.
El funcionario dijo entonces que la tasa de interés oscilaría entre 8 y 8.5% durante 20 años. “Es una tasa razonable y está en el nivel promedio del mercado”, dijo. “Es una ventaja que sean a tasa fija, porque dentro de 20 años el dinero mensual que se pague por ese concepto tendrá un valor real menor, tomando en cuanta un índice de inflación anual promedio en el período de 4%.”
También indicó que para asegurar el pago de los intereses, el gobierno pondría en garantía los recursos que recibe del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas o de otras participaciones federales.
VIEJO PRETEXTO. “Estamos considerando usarlo en infraestructura para blindar al Estado en materia de seguridad, con la instalación de arcos de seguridad y cámaras de vídeo en todos los accesos a Yucatán”, afirmó. “También podríamos invertir una parte en la construcción de salas de juicio oral en decenas de municipios”.
El gobierno federal creó el Profise en 2012 para financiar acciones de infraestructura, incluyendo seguridad pública y justicia, mediante una aportación de $4,000 millones, que puede crecer hasta en $20,000 millones, para su reparto en las 32 entidades federativas, en forma proporcional a los recursos que reciben del Fondo General de Participaciones.
Parte del crédito del Profise se invirtió en arcos de seguridad y cámaras de vídeo vigilancia en el Periférico, pero no se sabe qué pasó con el resto del dinero.
En 2013, según las declaraciones de Rodríguez Asaf, la mayor parte de los estados ya habían solicitado esos recursos, a excepción de seis o siete, entre ellos Yucatán, a quien el Fondo le asignó más de $300 millones. Si no se usan, dijo, se corre el riesgo de que ese dinero se destine a otras entidades.
CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA.
El gobierno federal encargó a Banobras la definición del esquema de financiamiento del Profise. Este banco creó el fideicomiso 2198, denominado “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad”, mediante el cual puso a disposición de las entidades federativas créditos para la realización de obras de infraestructura, no solo de seguridad y justicia, sino también para usar en infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero o pagar pasivos bancarios o bursátiles por inversiones realizadas en estos rubros.
Hasta donde se sabe, el gobierno estatal ya gastó $136,439,450 —del total de $317,268,611— en la compra de equipo para “blindar a Yucatán con la puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Monitoreo y Análisis Inteligente, que prevé la instalación de 26 arcos carreteros dotados en total de 306 cámaras de vídeo vigilancia”, explica un boletín de prensa del gobierno del 13 de octubre de 2013.
El primer arco se instaló en la carretera Mérida-Progreso, a cien metros del paso a desnivel que cruza esa vía y está dotado de once cámaras de vídeo vigilancia. La obra la inauguró el gobernador Rolando Zapata Bello y el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda y allí mismo se informó que los otros 25 arcos con cámaras de vídeo vigilancia se instalarán en los 52 kilómetros del Anillo Periférico y en municipios del interior del Estado.
¿Y EL RESTO DEL PRÉSTAMO? Sin embargo, el gobierno de Yucatán no ha dicho oficialmente en qué ha invertido el resto del préstamo del Profise —$180,829,161—, aunque hay indicios para pensar que una parte pudo haber sido para pagar la instalación y operación del sistema de espionaje Galileo.
El año pasado, Mayaleaks informó que de acuerdo con documentos filtrados a Wikileaks, el gobierno yucateco habría adquirido el programa “Remote Control System Galileo”, capaz de obtener prácticamente cualquier información almacenada en una computadora, tableta o celular. (http://mayaleaks.org.mx/victor-caballero-en-el-centro-del-escandaloso-caso-de-espionaje/).
Según esa información, el entonces secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, se reunió con funcionarios de la empresa Hacking Team, creadora del programa, para contratar su instalación a cambio de una transferencia de 401,788 euros (6.9 millones de pesos al tipo de cambio de entonces), a través de Grupo Elite, de Tijuana, una empresa intermediaria.
SIN TRANSPARENCIA. Se supone que el programa tiene un costo anual de operación, pero esa cifra no se conoce aún, como tampoco el destino del resto del préstamo de Profise.
Según un estudio de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Esquema de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en Entidades Federativas, con número de identificación 12-0-06100-02-0034 GB-055, el fideicomiso 2198 de Banobras que maneja esos fondos, “tiene una naturaleza jurídica no paraestatal, es decir, no perteneciente a la Administración Pública Federal y, por lo mismo, no sujeta a la legislación ni a los esquemas de transparencia y rendición de cuentas establecidos para esta última”, por lo que, en otras palabras, resultará a los ciudadanos muy difícil saber qué pasó con ese dinero.
En 2013 Rolando Zapata Bello contrató un crédito por más de $317 millones con Banobras, también con el pretexto de “blindar al estado”, pero hasta ahora se desconoce el destino de más de la mitad de ese dinero
En nueva entrega el portal de Mayaleaks informa, con fecha de ayer, que el gobierno de Rolando Zapata Bello contrató un crédito por más de $317 millones con Banobras hace tres años, del que nadie habla ahora, con el mismo pretexto esgrimido para justificar el programa Escudo Yucatán: “blindar al estado” con la compra de cámaras de vigilancia y equipo de seguridad.
Incluso, en la presentación de ese programa, que contempla la autorización de un nuevo crédito por hasta 1,500 millones, para “blindar al estado”, realizado ante el Congreso, ni el secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, responsable de las negociaciones, ni el secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi, ni mucho menos los diputados, recordaron ese préstamo, ni hablaron del destino del dinero.
Roberto Rodríguez Asaf explica el préstamo para “blindar al Estado” con Escudo Yucatán. ¿Y el crédito del Profise?
Llama la atención que las dos únicas solicitudes de crédito gestionadas por la administración de Zapata Bello estén relacionadas con la adquisición de equipo de seguridad para el “estado más seguro de México”. (La autorización para “adelantar” mil millones de pesos del Fondo de Ampliaciones Múltiples para la remodelación de escuelas, aprobado en diciembre por los legisladores, no es considerada deuda pública por el gobierno del Estado).
Zapata Bello contrató ese crédito de $317,268,611 en abril de 2013 —poniendo como garantía parte de las participaciones federales de Yucatán de las próxima dos décadas— que le ofreció el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los Estados (Profise), creado por el presidente Enrique Peña Nieto en 2012 y operado por Banobras a través de un fideicomiso formado exprofeso.
COSTOSOS INTERESES. El crédito se contrató a 20 años con una tasa de interés fija anual de 8.1 por ciento. Esto significa la erogación de $25,688,764 de interés anual de 2013 a 2033, es decir, $513,775,880 a pesos actuales solo de intereses en todo el periodo del préstamo, a cambio de recibir un poco más de 317 millones.
Rodríguez Asaf, cuando era secretario de Administración y Finanzas, fue el principal impulsor de la contratación de este préstamo. En declaraciones a la prensa (Diario de Yucatán, 14 de enero de 2013), explicó que se trata de una nueva modalidad de financiamiento en la que “el capital lo paga el gobierno federal”, a través de los recursos asignados al Profise, con los que se adquieren bonos cupón cero a 20 años que, a su vez, se convierten en la fuente de pago principal de los financiamientos.
En otras palabras, añadió Rodríguez Asaf, el gobierno del Estado sólo pagaría los intereses y la Federación, al cabo de los 20 años, el capital.
El funcionario dijo entonces que la tasa de interés oscilaría entre 8 y 8.5% durante 20 años. “Es una tasa razonable y está en el nivel promedio del mercado”, dijo. “Es una ventaja que sean a tasa fija, porque dentro de 20 años el dinero mensual que se pague por ese concepto tendrá un valor real menor, tomando en cuanta un índice de inflación anual promedio en el período de 4%.”
También indicó que para asegurar el pago de los intereses, el gobierno pondría en garantía los recursos que recibe del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas o de otras participaciones federales.
VIEJO PRETEXTO. “Estamos considerando usarlo en infraestructura para blindar al Estado en materia de seguridad, con la instalación de arcos de seguridad y cámaras de vídeo en todos los accesos a Yucatán”, afirmó. “También podríamos invertir una parte en la construcción de salas de juicio oral en decenas de municipios”.
El gobierno federal creó el Profise en 2012 para financiar acciones de infraestructura, incluyendo seguridad pública y justicia, mediante una aportación de $4,000 millones, que puede crecer hasta en $20,000 millones, para su reparto en las 32 entidades federativas, en forma proporcional a los recursos que reciben del Fondo General de Participaciones.
Parte del crédito del Profise se invirtió en arcos de seguridad y cámaras de vídeo vigilancia en el Periférico, pero no se sabe qué pasó con el resto del dinero.
En 2013, según las declaraciones de Rodríguez Asaf, la mayor parte de los estados ya habían solicitado esos recursos, a excepción de seis o siete, entre ellos Yucatán, a quien el Fondo le asignó más de $300 millones. Si no se usan, dijo, se corre el riesgo de que ese dinero se destine a otras entidades.
CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA.
El gobierno federal encargó a Banobras la definición del esquema de financiamiento del Profise. Este banco creó el fideicomiso 2198, denominado “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad”, mediante el cual puso a disposición de las entidades federativas créditos para la realización de obras de infraestructura, no solo de seguridad y justicia, sino también para usar en infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero o pagar pasivos bancarios o bursátiles por inversiones realizadas en estos rubros.
Hasta donde se sabe, el gobierno estatal ya gastó $136,439,450 —del total de $317,268,611— en la compra de equipo para “blindar a Yucatán con la puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Monitoreo y Análisis Inteligente, que prevé la instalación de 26 arcos carreteros dotados en total de 306 cámaras de vídeo vigilancia”, explica un boletín de prensa del gobierno del 13 de octubre de 2013.
El primer arco se instaló en la carretera Mérida-Progreso, a cien metros del paso a desnivel que cruza esa vía y está dotado de once cámaras de vídeo vigilancia. La obra la inauguró el gobernador Rolando Zapata Bello y el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda y allí mismo se informó que los otros 25 arcos con cámaras de vídeo vigilancia se instalarán en los 52 kilómetros del Anillo Periférico y en municipios del interior del Estado.
¿Y EL RESTO DEL PRÉSTAMO? Sin embargo, el gobierno de Yucatán no ha dicho oficialmente en qué ha invertido el resto del préstamo del Profise —$180,829,161—, aunque hay indicios para pensar que una parte pudo haber sido para pagar la instalación y operación del sistema de espionaje Galileo.
El año pasado, Mayaleaks informó que de acuerdo con documentos filtrados a Wikileaks, el gobierno yucateco habría adquirido el programa “Remote Control System Galileo”, capaz de obtener prácticamente cualquier información almacenada en una computadora, tableta o celular. (http://mayaleaks.org.mx/victor-caballero-en-el-centro-del-escandaloso-caso-de-espionaje/).
Según esa información, el entonces secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, se reunió con funcionarios de la empresa Hacking Team, creadora del programa, para contratar su instalación a cambio de una transferencia de 401,788 euros (6.9 millones de pesos al tipo de cambio de entonces), a través de Grupo Elite, de Tijuana, una empresa intermediaria.
SIN TRANSPARENCIA. Se supone que el programa tiene un costo anual de operación, pero esa cifra no se conoce aún, como tampoco el destino del resto del préstamo de Profise.
Según un estudio de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Esquema de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en Entidades Federativas, con número de identificación 12-0-06100-02-0034 GB-055, el fideicomiso 2198 de Banobras que maneja esos fondos, “tiene una naturaleza jurídica no paraestatal, es decir, no perteneciente a la Administración Pública Federal y, por lo mismo, no sujeta a la legislación ni a los esquemas de transparencia y rendición de cuentas establecidos para esta última”, por lo que, en otras palabras, resultará a los ciudadanos muy difícil saber qué pasó con ese dinero.
