Cuernavaca.- Víctimas del delito de secuestro acusaron a las autoridades de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Primer Distrito con sede en el Centro Histórico de Cuernavaca, realizar el “cobro” de 50 mil hasta dos millones de pesos para la liberación de líderes o presuntos delincuentes de dicho delito.
De manera anónima y por temor a represalias, indicaron que en reiteradas ocasiones los jueces de Primera Instancia con sede en Cuernavaca, han exigido a los imputados fuertes cantidades de dinero con la condición de decretar las liberaciones de los procesados.
En ese sentido, revelaron que recientemente, uno de los impartidores de justicia solicitó la cantidad de dos millones de pesos como pago para favorecer la salida de un presunto líder de una banda dedicada a los secuestros que operaba en el estado de Morelos.
El soborno de los juece, permitido por el TSJ
Según el modus operandi, que realizan los jueces orales para el cobro de sus “apoyos”, ha sido mediante la habilitación de las denominadas “Saldazo”, expedidas de los centros de autoservicio con razón social “Oxxo´s”, esto con la intención de que los propios funcionarios sean sujetos a investigaciones por parte de las autoridades en procuración de justicia, debido a que está práctica es utilizada por los extorsionadores.
-Y es que la cuenta del “Saldazo” de las tiendas de autoservicio, se pueden adquirir a un bajo costo con tan sólo el pago de 30 pesos y como único requisito sólo exigen la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), misma que no requiere de trámites bancarios, además de que no otorgan información confidencial a las instituciones bancarias-.
Sin embargo, de acuerdo a la denuncia anónima, señalaron que una de las principales causas para que los impartidores de justicia realicen el cobro mediante estas “tarjetas”; ha sido para evitar la rendición de sus cuentas, el registro de su patrimonio y evadir que sean indagados por enriquecimiento.
Resoluciones de los jueces orales
Las víctimas, acusaron que la mayoría de los servidores judiciales de control y juicio oral, resuelven sin analizar las técnicas de investigación necesarias, además de que no se basan en las reglas procesales contra el suministro de la justicia, al carecer de los suficientes conocimientos de las nuevas técnicas de la tecnología, lo que genera impunidad al liberar a los plagiadores.
“Hace poco días ofrecieron a los impartidores de justicia hasta dos millones de pesos, a cambio de dejar en libertad al líder de una banda de plagiarios (…) No es posible que un juez de control, juicio oral y Ejecución de Sentencias gane un salario mínimo de 40 mil pesos mensuales y aun así se dedique a exigir dinero para liberar a los hampones”.
Por tal razón, exigieron una investigación y la aplicación de los exámenes de control y confianza a los jueces orales, al manifestar que en su mayoría de los funcionarios judiciales cometen los delitos de obstrucción de la justicia, abusos de autoridad. Sin embargo, también acusaron a las autoridades del Consejo de la Judicatura Local de no realizar las indagaciones a los jueces.
Cabe resaltar que los jueces que se encuentran involucrados en este tipo de operaciones de enriquecimiento ilícito son aquellos, que en semanas pasadas, anunciaron la creación de una nueva agrupación de Jueces en Morelos, mismos que fueron acobijados por las propias autoridades como la magistrada presidenta del Poder Judicial de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas López.
Fuente: Faro Morelense
