Pero las cosas no quedan con la detención arbitraria de los vehículos, que lo único que hacen es dar un buen servicio a los ciudadanos, sino que los retienen más tiempo de lo señalado por las leyes vigentes y les aplican cuanta multa se les ocurra, unas por supuestas violaciones al reglamento de tránsito (entre $1,500 y $1,700) y otras por no tener la concesión para transportar (entre $35,000 y $40,000).
Pero también cobran por el uso de las grúas (entre $450 y $550) y por si fuera poco también por la estancia prolongada y obligada en los corralones (entre $70 y $80 al día).
Aunque a decir de los propios choferes y socios afectados, Uber está absorbiendo la totalidad de los gastos, pero la molestia y la impotencia de ser privados de sus bienes personales y de no poder laborar, nadie se las quita.
Dinero que como casi siempre ha ocurrido, señalan los disgustados choferes, podría terminar para financiar las campañas del PRI.
