Luego de cuatro años de trabajo legislativo y 10 iniciativas diferentes impulsadas por 15 senadoras de diversos grupos parlamentarios, incluida ella misma, el Senado aprobó incorporar en las leyes el concepto de violencia política en contra de las mujeres, por razones de género, informó la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.
En las diversas actividades en que participó este fin de semana, la secretaria de la Mesa Directiva del Senado subrayó que la violencia política es todo acto que busque menoscabar o anular los derechos políticos y electorales de las mujeres, como tener un cargo de elección popular o de designación.
—La creciente participación de las mujeres en la vida pública del país, de manera más decidida, de manera más constante, genera también acciones que pretenden frenar el paso de las mujeres —sostuvo.
En ese sentido, la senadora recordó también la modificación al artículo 41 de la Constitución, que obligó a los partidos políticos a establecer el principio de paridad, es decir 50% de mujeres y 50% de mujeres, en materia legislativa.
—Muchas mujeres precandidatas o candidatas han sufrido violencia política, mujeres que han logrado ganar un cargo de elección popular han sido objeto de violencia política, mujeres en un cargo de designación en cualquiera de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes han sido objeto de violencia política. Ya tenemos precedentes.
Según informó, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tiene 141 casos denunciados de violencia política de género, sobre todo en Oaxaca y Chiapas, de los cuales 103 casos se registraron en el primer semestre de 2016.
La senadora por Yucatán subrayó que las reformas legislativas establecen penas y agravantes para sancionar a funcionarios y candidatos que incurran en conductas que perjudiquen la participación de las mujeres en política, incluidas la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos en el servicio público.
LOS EVENTOS
Entre otras actividades, Rosa Adriana Díaz participó este fin de semana en el foro Mujer Joven, junto con la atleta olímpica Karem Achach y Eny Navarro Soberanis, presidenta del DIF de Maní, y en la inauguración del diplomado Desarrollo de habilidades políticas, organizado
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por la secretaria de Promoción Política de la Mujer del CDM, Patricia Gamboa Wong.
En ambos eventos, la legisladora yucateca explicó que los cambios legislativos obligan a los partidos políticos a prevenir, sancionar y, sobre todo, erradicar al interior del propio partido político actos u omisiones que constituyan violencia política por razón de género.
La senadora panista enfatizó que se incorporó el concepto de violencia política en razón de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Responsabilidades Administrativa, y la Ley General de Partidos Políticos, entre otras.
—Lo aprobado en el Senado de la República es una pieza fundamental en la lucha para lograr un reconocimiento más puntual a los derechos políticos
de las mujeres, afirmó.
En las diversas actividades en que participó este fin de semana, la secretaria de la Mesa Directiva del Senado subrayó que la violencia política es todo acto que busque menoscabar o anular los derechos políticos y electorales de las mujeres, como tener un cargo de elección popular o de designación.
—La creciente participación de las mujeres en la vida pública del país, de manera más decidida, de manera más constante, genera también acciones que pretenden frenar el paso de las mujeres —sostuvo.
En ese sentido, la senadora recordó también la modificación al artículo 41 de la Constitución, que obligó a los partidos políticos a establecer el principio de paridad, es decir 50% de mujeres y 50% de mujeres, en materia legislativa.
—Muchas mujeres precandidatas o candidatas han sufrido violencia política, mujeres que han logrado ganar un cargo de elección popular han sido objeto de violencia política, mujeres en un cargo de designación en cualquiera de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes han sido objeto de violencia política. Ya tenemos precedentes.
Según informó, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tiene 141 casos denunciados de violencia política de género, sobre todo en Oaxaca y Chiapas, de los cuales 103 casos se registraron en el primer semestre de 2016.
La senadora por Yucatán subrayó que las reformas legislativas establecen penas y agravantes para sancionar a funcionarios y candidatos que incurran en conductas que perjudiquen la participación de las mujeres en política, incluidas la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos en el servicio público.
LOS EVENTOS
Entre otras actividades, Rosa Adriana Díaz participó este fin de semana en el foro Mujer Joven, junto con la atleta olímpica Karem Achach y Eny Navarro Soberanis, presidenta del DIF de Maní, y en la inauguración del diplomado Desarrollo de habilidades políticas, organizado
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por la secretaria de Promoción Política de la Mujer del CDM, Patricia Gamboa Wong.
En ambos eventos, la legisladora yucateca explicó que los cambios legislativos obligan a los partidos políticos a prevenir, sancionar y, sobre todo, erradicar al interior del propio partido político actos u omisiones que constituyan violencia política por razón de género.
La senadora panista enfatizó que se incorporó el concepto de violencia política en razón de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Responsabilidades Administrativa, y la Ley General de Partidos Políticos, entre otras.
—Lo aprobado en el Senado de la República es una pieza fundamental en la lucha para lograr un reconocimiento más puntual a los derechos políticos
de las mujeres, afirmó.