“Las autoridades de tránsito de Yucatán mantienen detenidos más de 350 vehículos cuando los dueños han cumplido con todos los requisitos para liberarlos, incluso algunos han pagado una multa de 40 mil pesos y han tenido que tramitar un amparo para obtener su liberación. Uno de los motivos que detiene la liberación de las unidades es que las autoridades no califican las multas, por lo cual el proceso nunca se inicia.
“Armando, dueño de un auto detenido por más de 58 días, así como otros cientos de conductores han declarado públicamente que hoy no cuentan con una ganancia adicional para sus familias. ‘Ya hemos pagado y entregado toda la documentación que nos piden en el corralón, pero no nos entregan los coches’, señaló. El gobierno ha declarado que tiene en su poder 200 autos y que ha liberado el 10%, pero de acuerdo a los reportes de Uber, hoy siguen retenidos más de 350 vehículos.
“A pesar de que hoy la regulación para Uber presenta ciertas limitantes, más del 33% de los integrantes del Congreso del Estado presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la recién reformada Ley de Transporte. Sin embargo, la represión a socios conductores por parte del gobierno continúa, mientras se espera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Esto deja en claro que hoy la Ley de Transporte que aplica el gobierno limita los derechos de los yucatecos.
“En Uber, nuestro propósito es contribuir a la movilidad de las ciudades y a su economía a través de una aplicación que permite el emprendimiento y la contratación de un servicio de transporte privado. Desafortunadamente hoy las autoridades no reprimen a Uber, sino a los propios yucatecos, su necesidad de una ganancia adicional para ayudar a sus familias y su necesidad de contratar un servicio de transporte seguro, eficiente y accesible”
