Pese a que Duarte está detenido, la búsqueda de las personas que conformaron su red de apoyos para mantenerlo incógnito durante siete meses aún es una tarea pendiente.
Mientras una serie de ex funcionarios de su Gobierno se hayan detenidos, los más cercanos a Duarte, como su esposa Karime Macías, su cuñada Mónica Guihan Macías Tubilla, o su concuño Santiago Rodríguez Macías, no han sido buscados por la PGR.
En Guatemala la familia de Duarte no ha quebrantado la ley, y el Ministerio Público de ese país aclara que sólo puede actuar en caso de que la PGR lo solicite. Una petición que no ha llegado, pese a que toda la familia fue encontrada en un hotel con vista al lago de Atitlán en el turístico municipio de Panajachel.
En tanto, en México, el Presidente Enrique Peña Nieto se refirió a las recientes capturas de los ex gobernadores Tomás Yarrington y Duarte durante la toma de protesta en Los Pinos a la nueva directiva del Congreso del Trabajo como un mensaje contra la impunidad.
Peña hizo un reconocimiento a las autoridades que intervinieron en las detenciones de Javier Duarte y Tomás Yarrington, por su profesionalismo y compromiso. Sin embargo, los tiempos de la captura de Duarte recaen de manera particular sobre el Estado mexicano.
En una entrevista concedida a SinEmbargo, la Fiscal General guatemalteca Thelma Aldana Hernández, habla sobre Duarte, su detención y su futuro.
— Fiscal, se ha dicho por autoridades mexicanas y de la policía de Guatemala que hubo indicios de que Duarte estuvo desde noviembre en Guatemala. ¿Por qué se le detuvo hasta ahora?
— El Ministerio Público de Guatemala recibió el 15 de abril una nota verbal canalizada a través de la embajada de México acreditada en Guatemala. En esa nota el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos nos pedía la aprehensión provisional con miras a una solicitud formal de extradición, o sea a México, del señor Javier Duarte de Ochoa de nacionalidad mexicana. De tal manera que antes del 15 de abril el Ministerio Público de Guatemala no podía actuar en función de extradición porque no había una solicitud. No se había recibido esta nota verbal del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
— ¿Y de oficio no podía actuar el Ministerio Público de Guatemala?
— Recuérdese que en este caso, alrededor del 14 de octubre del año pasado, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Sistema de Justicia Penal Federal de México libró una orden de aprehensión en contra del señor Duarte de Ochoa. Esta orden de aprehensión tuvo alerta roja a nivel de Interpol, que incluye a Interpol Guatemala. Por supuesto, de alguna manera cualquier país podía verificar si se encontraba o no en su territorio esta persona. Ahora bien, la solicitud de aprehensión con fines de extradición no se podía hacer antes, sino hasta el momento que el Ministerio Público de Guatemala, a través de la Cancillería recibió esta nota verbal de la Embajada de México acreditada en Guatemala.
— ¿Entonces usted dice que hasta que se supo de la ubicación de Duarte las autoridades mexicanas actuaron y por ende las guatemaltecas?
— Ese es el mecanismo legal y es una muestra de la coordinación y comunicación entre las autoridades mexicanas y las guatemaltecas.
— La familia de Duarte no cuenta con cargos en su contra. ¿Tiene el Ministerio Público entre sus atribuciones indagar o vigilar a la familia? Se les ha señalado de ayudarlo con transportar cantidades de dinero, por ejemplo.
— No, el Ministerio Público no es ente investigador en este caso. Podemos colaborar con la Procuraduría General de la República de México si nos lo solicita a través de una asistencia legal; a través de los mecanismos legales correspondientes.
— O sea, ¿si las autoridades mexicanas lo solicitan sí podrían?
— Así es. Podríamos de cualquier solicitud que nos pudiera hacer la PGR a través de asistencia legal.
— ¿Qué tan común es la colaboración de este tipo de colaboraciones binacionales entre ambos países?
— Asistencias legales y colaboraciones tenemos múltiples, constantemente. Con México, Guatemala, El Salvador, Honduras y el resto de la región. Pero, solicitudes de extradición con México tenemos pocas.
— ¿Se encuentra Duarte en condiciones seguras en el destacamento militar?
— El cuartel de Matamoros es un lugar del Ejército de Guatemala que se ha tenido que utilizar por el sistema de justicia de Guatemala, y en particular por el Ministerio de Gobernación, por el Sistema Penitenciario Guatemalteco, como un centro de privación de libertad, para personas que no han sido condenadas. En consecuencia es un lugar que ofrece las condiciones de seguridad. Dependiendo de los casos, al final son los jueces y el Sistema Penitenciario y Ministerio de Gobernación los que deciden a donde van a enviar a las personas, de quienes el Ministerio Público ha solicitado la orden de aprehensión.
— Ha sucedido que detenidos se suicidan. ¿Temen que se pudiera pasar esto a Duarte?
— No hemos pensado en nada de eso. Hay instituciones que tienen que cumplir su obligación. En este caso, el Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobernación tiene que cumplir con esa parte [velar por la integridad del detenido].
— Se ha informado que la PGR cuenta con 60 días para presentar la solicitud formal de extradición. ¿Qué sigue entonces?
— Esperamos que las autoridades de México nos envían la documentación correspondiente, para que el Ministerio Público de Guatemala comparezca a la audiencia que va a fijar en su momento el órgano jurisdiccional. La persona a extraditar, en este caso el señor Duarte, puede allanarse o no a la solicitud de extradición. Si acepta la extradición el procedimiento será más rápido. De lo contrario, habrá que agotar todo el trámite ante el Tribunal Quinto de sentencia.
— ¿Si Duarte se niega mediante amparos en cuánto tiempo podría tardar la extradición del ex Gobernador?
— Puede durar algunos meses. No le puedo precisar cuánto porque depende de las incidencias que se den dentro del proceso contra la resolución definitiva, que dicte el Tribunal de Sentencia. Cabe un recurso de apelación, el plazo para interponer este recurso es de tres días. Y en segunda instancia puede durar tres meses, cuatro meses, no hay un plazo que podamos asegurar contra lo resuelto por la sala de apelaciones, confirmando, modificando, la resolución de primer grado. Después, puede proceder una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y conforme lo resuelto puede proceder una apelación ante la Corte de Constitucionalidad. El trámite del amparo puede durar ocho meses, un año, o un poco más.
— Hablando de justicia. Desde México hemos sido testigos de todo lo que pasa en Guatemala y hay grupos civiles que piden una especie de Comisión contra la Impunidad mexicana. ¿Cuál ha sido en el caso Guatemalteco la principal aportación de la Comisión Internacional contra la Impunidad?
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido un mecanismo, una herramienta valiosa porque ha apoyado al Ministerio Público en el fortalecimiento institucional, pero también en la investigación de los diferentes casos. Hemos conformado equipos de trabajo del Ministerio Público con expertos internacionales de Cicig y hemos logrado desarticular estructuras incrustadas en el Estado guatemalteco, particularmente, de corrupción. Trabajamos de la mano, Ministerio Público y la Cicig, los resultados de esta armonía de trabajo en conjunto están a la vista.
– ¿Hubiera podido instalarse la Cicig sin el tomar a bien de la sociedad civil?
– No, definitivamente, no se hubiera instalado la Cicig si la ciudadanía y sociedad civil guatemalteca no participara activamente. Y es justamente una solicitud de sociedad civil guatemalteca hacia el Gobierno la que dio lugar a que se creará la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El papel de sociedad civil va más allá, hasta abril del 2015 [inicio de protestas que derrocaron al ex Presidente Otto Pérez Molina por un caso de corrupción], se ha dado el involucramiento de la ciudadanía guatemalteca en los casos que investigamos y le dan seguimiento a las audiencias. Y hay mucho y constante control de la sociedad civil.
Fuente: Sin Embargo
