Un año antes, en Chiuatla, Estado de México (Edomex), el padre Filiberto Campos hizo una misa en favor del candidato del PRI y otra más en favor del candidato de Morena, con ello se convirtió en el primer sacerdote en recibir una sanción penal por un delito electoral, en noviembre de 2016. Pese a que estos casos parecen aislados y las acusaciones por “usar a Dios para lograr la victoria electoral” no son conversación común, representan una de cada tres nulidades de elecciones en el país.
Según un informe de la consultoría Strategia Electoral, en siete de 21 procesos electorales inhabilitados entre los años 2000 y 2016, se utilizaron imágenes religiosas durante las campañas o se promovió el voto desde el púlpito.
Durante el mismo periodo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) registró 31 denuncias contra ministros de culto en México, pero sólo en dos hubo consignaciones, ambas el año pasado, una en el Estado de México y otra en Quintana Roo, según información obtenida vía transparencia.
“Lo típico es que hagan propaganda, incluso que promuevan hasta organizaciones como el Frente Nacional por la Familia para hacer activismo en torno a temas de la moral sexual. Como la prohibición del aborto, del matrimonio homosexual. Eso lo usan como ariete para atacar a gobiernos y a partidos en favor de la derecha y en contra de partidos que apoyan reivindicaciones contra la moral sexual del clero”, asegura Édgar González Ruiz, estudioso de grupos ultraconservadores.
En 2010, el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero, pidió no votar por el PRD, después de que el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, defendiera el aborto en la capital del país. Sin embargo, el partido del sol azteca ganó las elecciones celebradas dos años después.
En 2016, el PRI nacional acusó a la Iglesia católica del estado de Aguascalientes, luego de perder la gubernatura, de promover el voto por la oposición, debido a que semanas antes de la votación, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mandó una propuesta de ley al Congreso para regular el matrimonio igualitario.
Arturo Espinosa Silis, director de Strategia Electoral, explica: “Lo que ha buscado la Iglesia es la defensa de su doctrina en un país donde se tiene un amplio número de personas religiosas, y hay una línea muy delgada entre defender tu posición y empezar a influir en la vida política del país.
Por otro lado, este acercamiento de la clase política con la jerarquía religiosa también es una cuestión que va que más allá. Es una cuestión de poder. La jerarquía de la Iglesia es poderosa, la clase política es poderosa, ahí hay ciertos ámbitos donde se estrechan más las relaciones y hay menos límite entre la separación de Iglesia-Estado”.
Saúl López Noriega, experto en Derecho Electoral, argumenta que la prohibición de la Iglesia-Estado es para que el mundo eclesiástico no se meta en las políticas públicas, “pero hemos tenido presidentes, gobernadores, legisladores que son supermochos. Formalmente no son ministros de culto, por ejemplo, Carlos Abascal Carranza no era ministro de culto, pero la ideología católica la tenía bien impregnada”.
Abascal Carranza fungió como secretario del Trabajo y Previsión Social en la administración de Vicente Fox Quesada (PAN), y en 2001 pidió que se castigara a una maestra de secundaria por asignar “Aura”, el libro de Carlos Fuentes, como lectura de tarea a su hija. En aquel entonces, Abascal Carranza argumentó que la novela del escritor mexicano contenía “pasajes no aptos” para alumnos de esa edad.
La influencia del clero
El artículo 130 de la Constitución Política de México establece la separación Estado-Iglesia. En los incisos D y E prohíbe que los ministros de culto ocupen cargos públicos y/o hagan proselitismo en favor o en contra de algún político. “Lo delicado del tema es que en los lugares más pequeños o en ciertos pueblos o lugares chicos, la influencia que tienen los ministros de culto respecto a la población es mucha”, comenta Arturo Espinosa, director de Strategia Electoral.
El promedio de población en los siete municipios donde se anularon las elecciones por el causal de separación Iglesia-Estado, es de menos de 100 mil habitantes.
En 2016, en Omitlán, Hidalgo, el Partido Verde ganó la elección antes de anularla; sin embargo, cuando se repitió, el ganador fue el PRI. Sucedió idéntico en 2003, en el Distrito 5 de Zamora, Michoacán, que pasó de PAN a PRD. Los mismos hechos pueden ameritar diferentes sanciones según la autoridad que las emita. Por la vía penal se considera un delito electoral y lo califica la FEPADE.
La nulidad de la elección la decreta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando se comprueba que un elemento religioso fue usado en la campaña o que un ministro de culto hizo alguna mención de apoyo o descalificación hacia un candidato. También aplica la multa, que es competencia de la Secretaría de Gobernación, cuando un ministro de culto interviene en la contienda y genera una falta administrativa, esto con base en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Los únicos dos casos consignados en estos años fueron con base en el artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el artículo 411 del Código Penal Federal. Fueron por inducir expresamente el voto hacia un candidato, con una sanción que va de los 100 a 500 días de multa —de 7mil a 35 mil pesos—, y la alteración del Registro Federal de Electores, cuya pena es de 70 a 200 días de multa y prisión de tres a siete años.
¿No son todos los que se cuentan?
El antropólogo Elio Masferrer Kan asegura que el número de denuncias registradas por la FEPADE en contra de ministros de culto es insignificante: “Nosotros, en el trabajo de campo, como antropólogos, tenemos detectados montones de curas que se involucran directa y activamente en procesos electorales. Cualquier antropólogo te va a decir que en lugares pequeños, zonas urbanas... Todo mundo sabe que hay curas y pastores, y los políticos tienen que ir a hablar con esos operadores. No nos hagamos”.
Pero, explica otro experto en religión, Édgar González Ruiz, la Iglesia siempre sale impune por el gran capital que tiene: “La jerarquía católica se mete todo lo que quiere en política y trata de influir en el resultado de las elecciones. No es su papel legítimo como una organización religiosa, pero tienen un gran poder económico y, por lo tanto, político”.
El problema, dice López Noriega, es que la legislación es insuficiente para que las decisiones públicas se tomen en función de la técnica y la ciencia, y no por batallas ideológicas.
Espinosa Silis cree en los próximos años habrá más ministros de culto con denuncias, pero las sanciones también serán más duras, puesto que el tema empieza a visibilizarse: “Los ministros de culto van a tener que ser más cuidadosos con su forma de expresarse”.
Sólo 6% de los sacerdotes denunciados por estos delitos rindió cuentas ante la justicia.
Fuente: El Universal
