Noticias de Yucatán
Con información de 24 Horas
En lo que va del año, 15.5 de cada 100 pesos del presupuesto federal se
destinaron al pago de pensiones,
principalmente de los ex trabajadores de
alguna institución de gobierno.
Según el estudio Pensiones
en México: 100 años de desigualdad, elaborado por el Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto público para este fin
es inequitativo pues las pensiones que reciben en promedio los ex empleados de
la CFE, Pemex y Luz y Fuerza del Centro son
8.8, 6.7 y 11.3 veces más altas que las de un pensionado del IMSS.
Sunny Arely Villa Juárez,
directora de Gasto Público del CIEP, refirió en conferencia que de acuerdo al
análisis, del total del gasto en pensiones contributivas, 48.5% corre a cargo
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se encuentran asegurados
75.3% de los pensionados del tipo contributivo.
Lo anterior significa que más de 50% del total del
presupuesto destinado para el pago de pensiones contributivas se concentra en los
ex trabajadores de alguna institución de gobierno, quienes representan 24.7%
del total de los pensionados.
La investigación realizada a 100 años del reconocimiento
constitucional de las pensiones como
un derecho individual para lograr una vida digna durante la vejez, agrega que
las generaciones pensionadas por el régimen de beneficio definido, es decir,
anterior a la reforma de 1997, pueden recibir, al menos, 40% de su último
salario, mientras que ahora, quienes cotizan en cuentas individuales, en promedio,
recibirán 30% del ingreso promedio en su vida laboral.
Aunado a la insostenibilidad del sistema, resultado de la
tendencia creciente del gasto en
pensiones, que se incrementará en los siguientes años, el análisis concluye que
el Estado deberá diseñar mecanismos para ampliar el margen de maniobra
presupuestario y poder cumplir con el pago de estas obligaciones sin
comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía mexicana.
Otro de los hallazgos del estudio es que existen más
de mil 1000 sistemas de pensiones que operan en diferentes niveles, contando
cada uno con sus propias tasas de cotización, de reemplazo, incentivos,
condiciones y beneficios.
Los expertos señalan que a pesar de que las Afore tienen un buen
rendimiento, representan una carga fiscal importante para futuras generaciones,
ya que la mayoría de los ahorros de los trabajadores están invertidos en deuda
gubernamental, es decir, las próximas generaciones tendrán que soportar esos
ingresos a través de un mayor pago de impuestos.
Héctor Juan Villareal Páez, director del CIEP comentó que
“de no existir una reforma para el pago de las obligaciones por pensiones de
beneficio definido, quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales
terminarán pagando no sólo sus propias pensiones, sino también las de las
generaciones que le antecedieron”.
Villa Juárez agregó que una de las inequidades que tiene
el sistema pensionario del país puede reflejarse en el gasto que se hace por
pensionado en cada institución: “En 2017, del total del gasto en pensiones,
únicamente 5.2% de la asignación para este fin se destina al Programa para Adultos Mayores (pensión
no contributiva), beneficiando a 49.9% de los pensionados totales”.
RECURSOS EN LA OPACIDAD
De acuerdo a la investigación, existe un problema de
transparencia, pues sólo 28 universidades públicas estatales del total en el
país hace pública la información sobre pensiones, es decir, sólo 3% del total.
Además, estados como Baja
California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y
Quintana Roo están obligados pero han sido parcialmente transparentes al
publicar datos insuficientes o ilegibles, a pesar de eso, entidades como Nuevo
León y Sinaloa han elegido reformar su sistema de pensiones para transitar a
uno de cuentas.
Finalmente, el presidente del centro de investigación
explicó que, para poder reducir la desigualdad,
incrementar la transparencia y hacer sostenible el sistema de pensiones, es
necesario evaluar el tamaño del contingente pensionario, revisar los
compromisos en el sistema de reparto, impulsar el ahorro voluntario así como
controlar el gasto público, entre otras acciones.
