Noticias de Yucatán
(Proceso).- Enrique Peña Nieto y el PRI pretenden dar un
albazo en la Cámara de Diputados y aprobar, antes de que concluya la actual
Legislatura, la nueva Ley General de Aguas, señalan especialistas. Cerrar el
círculo, dicen, y aplicar al cien por ciento la reforma energética con la
inclusión del fracking, aun a costa de la contaminación de los mantos freáticos
y el encarecimiento del líquido.
La estrategia del gobierno y el PRI en el Congreso de la
Unión busca “dejar un ambiente –para el sucesor de Peña Nieto– favorable a la
inversión y dejar situaciones irreversibles”, sostiene el ingeniero petrolero,
opositor al fracking, Fabio Barbosa Cano, quien durante décadas trabajó en
Petróleos Mexicanos.
Para ello, sostienen especialistas entrevistados
por Proceso, la táctica tiene dos
vías: la Ley General de Aguas para “concretar el fracking” y proteger las
inversiones con la Ley de Seguridad Interior, gracias a la cual, por “utilidad
pública” y para prevenir el disturbio social, el Ejército actuaría contra los
ciudadanos que se opongan.
La primera se aprobaría en la Cámara de Diputados y para
ello, Ignacio Pichardo Lechuga, diputado federal mexiquense y presidente de la
Comisión de Agua Potable y Saneamiento, ya tiene “el borrador” de la nueva Ley
General de Aguas.
En esa ley se apunta a la privatización del agua, la
entrega de concesiones a perpetuidad y el aumento de tarifas para uso
doméstico, en las cuales se incluirán los costos, la inflación y la utilidad
del organismo operador, que puede ser una empresa, el municipio o una
asociación de ambos, según el análisis que hizo la Coordinadora Nacional Agua
para Todos.
Tal borrador es una calca de la llamada “Ley Korenfeld”
–así llamada por su promotor, el entonces director de la Comisión Nacional del
Agua, el priista David Korenfeld– que en marzo de 2015, a punto de concluir la
anterior Legislatura, el PRI intentó imponer en San Lázaro (Proceso 2000).
