Noticias de Yucatán
La mañana del domingo 16 de marzo de 2014, Argenis Yosimar Pensado Barrera salió a visitar a unos amigos de la Unidad Infonavit Pomona, a unos 15 minutos de su casa.
Era su día de descanso. Trabajaba como auxiliar en un bar juvenil. El gerente le asignaba tareas como transportar insumos para el funcionamiento del local, entre otras.
Yosi, como le llaman afectuosamente en casa, tenía entonces 20 años de edad, y en su tiempo libre disfrutaba de escuchar música de Metallica, comer un buen arroz con leche o sacar a pasear a la perra Molly, su mascota.
Aquel domingo Yosi no llegó a dormir ni se comunicó con su familia, lo que angustió a Fabiola, su madre. "Mi hijo llegaba todos los días a casa —relata en entrevista con EL UNIVERSAL—, era hijo de familia, yo lo vestía. Siempre llamaba para avisar dónde estaba o qué hacía. De lo contrario, no habría notado su desaparición. Era un chico muy apegado a la familia. ¿Cómo no pensar que algo malo pasó?".
Crímenes, detenciones y movilizaciones policiacas perturbaron esa noche xalapeña, remate de un violento fin de semana en Veracruz.
Fabiola preguntaba a conocidos si tenían indicios sobre Yosi, sin resultados. El lunes fue a buscar el departamento al que había ido su hijo. En una tienda cercana al domicilio preguntó si lo habían visto. La dependiente identificó al joven, pero no lo veía desde el viernes. El domingo, le comentó, habían llegado policías a ese edificio. La tendera ofreció llamar al administrador. Fabiola asintió.
El supuesto administrador era un veinteañero que se presentó como Javier. Dijo que los chicos desocuparon el departamento justo el fin de semana y no los conocía. La mamá de Yosi preguntó si acaso no pedía identificación al arrendar. "No tengo nada sobre ellos", reiteró el encargado.
Fabiola presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Comenzó lo que llama "la supuesta búsqueda". Los datos se envían a hospitales, depósitos forenses, reclusorios, etcétera. Yosi no estaba en ninguno. Cuando Fabiola acudía a la oficina ministerial para saber del estado de la búsqueda, el encargado la miraba con fastidio: "No han respondido, yo le aviso...".
En 2015, Fabiola llevó la denuncia a nivel federal, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de República (PGR), la cual participa con autoridades estatales en diligencias de aquellos casos en que el denunciante lo solicita como respaldo, en general por una situación de desconfianza hacia las instancias locales.
Y es que Fabiola conoció los protocolos cuya aplicación debía reclamar hasta que se sumó a uno de los colectivos de familiares de desaparecidos.
Uno no sabe qué ir a exigir, no se desaparece un hijo todos los días
Ignoraba, por ejemplo, que el perfil genético se obtiene de ambos padres, pues cada uno aporta 50% de la información; lo crucial de obtener rápidamente las "sábanas" de llamadas —el registro de la marcación entrante y saliente en los teléfonos móviles de las víctimas— antes de que las compañías las borren para reasignar los números; también las grabaciones de cámaras de videovigilancia, porque se guardan sólo unos días. Etcétera.
Es frustrante y desesperante. Yo denuncié pronto y dejaron pasar el tiempo. Actúan como si buscaran carros, muebles, no un hijo
Antes, Fabiola Barrera laboraba en una tienda de decoración, hasta que su jefe le advirtió: O trabajas o buscas a tu hijo. Cuatro de sus 42 años de vida los ha consagrado a esa búsqueda.
No le gustan las entrevistas, pero valora la difusión: "Hay una esperanza de que Yosi viva, de que alguien lo vea, y si lo conoce, le diga: Tu mamá te está buscando… Y que sepa que no lo hemos olvidado, que no voy a dejar de buscarlo. Y le mando el mensaje de que no se rinda, que tiene una familia esperándolo…".
Adultos, niños y jóvenes desaparecen por las noches, por las tardes o al amanecer. Camino al trabajo, al salir de la escuela, al ir o regresar de una fiesta, al salir a la tienda, en jueves, en domingo, cualquier día de la semana. Desaparecen en parques, en centros comerciales, en calles solitarias, en taxis, en estacionamientos, en medio del tráfico. Desaparecen incluso en sus casas, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Según ese sumario, Veracruz tuvo en 2017, bajo la gubernatura de Miguel Ángel Yunes, el segundo lugar nacional en número de personas desaparecidas con expedientes federales: cerró diciembre con 202 casos. Guerrero conservó el primero, con 347.
Jorge Winckler Ortiz, titular de la FGE, admitió en enero pasado, ante la Legislatura veracruzana, que hay 3 mil 600 casos de desaparecidos en la entidad.
Sus familias los buscan. Lo primero es: alzar la cortina y mirar por la ventana, con la esperanza de verles llegar. Después los buscan con familiares y amigos, y en el último lugar en que fueron vistos. Los buscan en hospitales, ministerios públicos, reclusorios, depósitos forenses, y al cabo en fosas o sepulcros clandestinos, auténticos abismos fragmentarios de datos, historias, crímenes.
Según la propia FGE, en Veracruz se han hallado 343 fosas clandestinas desde 2011 y se han exhumado 225 cuerpos, 335 cráneos y 30 mil 693 fragmentos óseos. Del total de pozos sepulcrales, 31 fueron descubiertos en 2017. Más del 9% apareció bajo la gestión de Yunes Linares, sin contar diciembre de 2016.
Cuando hay un nuevo hallazgo de fosas, los familiares de desaparecidos se desplazan hacia esos sitios a buscar indicios. Como en otros aspectos de sus pesquisas, topan frecuentemente con el alto muro de la indiferencia, la ineficacia o la abierta obstrucción oficial.
La mañana del domingo 16 de marzo de 2014, Argenis Yosimar Pensado Barrera salió a visitar a unos amigos de la Unidad Infonavit Pomona, a unos 15 minutos de su casa.
Era su día de descanso. Trabajaba como auxiliar en un bar juvenil. El gerente le asignaba tareas como transportar insumos para el funcionamiento del local, entre otras.
Yosi, como le llaman afectuosamente en casa, tenía entonces 20 años de edad, y en su tiempo libre disfrutaba de escuchar música de Metallica, comer un buen arroz con leche o sacar a pasear a la perra Molly, su mascota.
Aquel domingo Yosi no llegó a dormir ni se comunicó con su familia, lo que angustió a Fabiola, su madre. "Mi hijo llegaba todos los días a casa —relata en entrevista con EL UNIVERSAL—, era hijo de familia, yo lo vestía. Siempre llamaba para avisar dónde estaba o qué hacía. De lo contrario, no habría notado su desaparición. Era un chico muy apegado a la familia. ¿Cómo no pensar que algo malo pasó?".
Crímenes, detenciones y movilizaciones policiacas perturbaron esa noche xalapeña, remate de un violento fin de semana en Veracruz.
Fabiola preguntaba a conocidos si tenían indicios sobre Yosi, sin resultados. El lunes fue a buscar el departamento al que había ido su hijo. En una tienda cercana al domicilio preguntó si lo habían visto. La dependiente identificó al joven, pero no lo veía desde el viernes. El domingo, le comentó, habían llegado policías a ese edificio. La tendera ofreció llamar al administrador. Fabiola asintió.
El supuesto administrador era un veinteañero que se presentó como Javier. Dijo que los chicos desocuparon el departamento justo el fin de semana y no los conocía. La mamá de Yosi preguntó si acaso no pedía identificación al arrendar. "No tengo nada sobre ellos", reiteró el encargado.
Fabiola presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Comenzó lo que llama "la supuesta búsqueda". Los datos se envían a hospitales, depósitos forenses, reclusorios, etcétera. Yosi no estaba en ninguno. Cuando Fabiola acudía a la oficina ministerial para saber del estado de la búsqueda, el encargado la miraba con fastidio: "No han respondido, yo le aviso...".
En 2015, Fabiola llevó la denuncia a nivel federal, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de República (PGR), la cual participa con autoridades estatales en diligencias de aquellos casos en que el denunciante lo solicita como respaldo, en general por una situación de desconfianza hacia las instancias locales.
Y es que Fabiola conoció los protocolos cuya aplicación debía reclamar hasta que se sumó a uno de los colectivos de familiares de desaparecidos.
Uno no sabe qué ir a exigir, no se desaparece un hijo todos los días
Ignoraba, por ejemplo, que el perfil genético se obtiene de ambos padres, pues cada uno aporta 50% de la información; lo crucial de obtener rápidamente las "sábanas" de llamadas —el registro de la marcación entrante y saliente en los teléfonos móviles de las víctimas— antes de que las compañías las borren para reasignar los números; también las grabaciones de cámaras de videovigilancia, porque se guardan sólo unos días. Etcétera.
Es frustrante y desesperante. Yo denuncié pronto y dejaron pasar el tiempo. Actúan como si buscaran carros, muebles, no un hijo
Antes, Fabiola Barrera laboraba en una tienda de decoración, hasta que su jefe le advirtió: O trabajas o buscas a tu hijo. Cuatro de sus 42 años de vida los ha consagrado a esa búsqueda.
No le gustan las entrevistas, pero valora la difusión: "Hay una esperanza de que Yosi viva, de que alguien lo vea, y si lo conoce, le diga: Tu mamá te está buscando… Y que sepa que no lo hemos olvidado, que no voy a dejar de buscarlo. Y le mando el mensaje de que no se rinda, que tiene una familia esperándolo…".
Adultos, niños y jóvenes desaparecen por las noches, por las tardes o al amanecer. Camino al trabajo, al salir de la escuela, al ir o regresar de una fiesta, al salir a la tienda, en jueves, en domingo, cualquier día de la semana. Desaparecen en parques, en centros comerciales, en calles solitarias, en taxis, en estacionamientos, en medio del tráfico. Desaparecen incluso en sus casas, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Según ese sumario, Veracruz tuvo en 2017, bajo la gubernatura de Miguel Ángel Yunes, el segundo lugar nacional en número de personas desaparecidas con expedientes federales: cerró diciembre con 202 casos. Guerrero conservó el primero, con 347.
Jorge Winckler Ortiz, titular de la FGE, admitió en enero pasado, ante la Legislatura veracruzana, que hay 3 mil 600 casos de desaparecidos en la entidad.
Sus familias los buscan. Lo primero es: alzar la cortina y mirar por la ventana, con la esperanza de verles llegar. Después los buscan con familiares y amigos, y en el último lugar en que fueron vistos. Los buscan en hospitales, ministerios públicos, reclusorios, depósitos forenses, y al cabo en fosas o sepulcros clandestinos, auténticos abismos fragmentarios de datos, historias, crímenes.
Según la propia FGE, en Veracruz se han hallado 343 fosas clandestinas desde 2011 y se han exhumado 225 cuerpos, 335 cráneos y 30 mil 693 fragmentos óseos. Del total de pozos sepulcrales, 31 fueron descubiertos en 2017. Más del 9% apareció bajo la gestión de Yunes Linares, sin contar diciembre de 2016.
Cuando hay un nuevo hallazgo de fosas, los familiares de desaparecidos se desplazan hacia esos sitios a buscar indicios. Como en otros aspectos de sus pesquisas, topan frecuentemente con el alto muro de la indiferencia, la ineficacia o la abierta obstrucción oficial.
