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(apro).- La Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHDF) reconoció la demanda que la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio y su defensa legal, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, hicieron desde el inicio del caso: que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) y el Tribunal Superior de Justicia local (TSJCDMX) evitaron investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio.
A un día de cumplirse un año de que el cuerpo de Lesvy fuera encontrado atado por el cuello a una cabina telefónica de Ciudad Universitaria, esta mañana la titular de la CDHDF, Nashieli Ramírez, emitió la recomendación 1/2018 por la “falta de debida diligencia en la investigación del posible feminicidio”.
La investigación que llevó a cabo el organismo autónomo y que se manifestó en la emisión de la recomendación de 18 puntos determinó que estas tres instancias locales cometieron “violaciones” durante el caso, principalmente que “incumplieron la obligación de investigar cómo posible feminicidio”.
Además, el documento de la Comisión de Derechos Humanos reveló que se violaron protocolos de actuación como, el derecho al debido proceso, se revictimizó a la joven, existieron acciones de violencia institucional de parte de funcionarios públicos y se trató de manera inadecuada el cuerpo, entre otros.
Parte de estas faltas fueron denunciadas desde mayo de 2017 por Araceli Osorio, madre de Lesvy, y documentadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pues inicialmente la PGJ-CDMX inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo simple, en la modalidad de comisión por omisión y a través de una necropsia psicológica se informó la posibilidad de suicidio.
A esto se sumó la negativa de entregar el expediente de investigación a la defensa, la revictimización en redes sociales y las filtraciones de información que cometieron servidores públicos de la dependencia.
Durante la presentación de la recomendación, la ombudsperson reconoció que el caso refleja que existe una “disparidad” en el registro de los feminicidios que se cometen en la Ciudad de México, mismo que “obstaculiza la elaboración e implementación de políticas de prevención, procuración y administración de justicia”. Además, indicó que a pesar del cuerpo normativo con el que cuenta la capital, éstas no se aplican.
“Es justamente la aplicación negligente de las normas existentes lo que hizo que el camino hacia la justicia emprendido por Araceli Osorio y Lesvy Rivera (padre de Lesvy) haya sido tortuoso. Durante casi un año han tenido que ser ella y él quienes han presentado datos de prueba sobre los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017, ante la negligencia y abandono de las autoridades que tiene la obligación de implementar las disposiciones aplicables”, dijo en su discurso de presentación de la recomendación Ramírez.
Como parte de la recomendación, la Comisión de Derechos Humanos emitió una serie de medidas de reparación del daño para familia que incluye llevar a cabo una disculpa pública a las víctimas y continuar con las investigaciones a las autoridades que actuaron de manera negligente.
Al respecto, Sayuri Herrera, abogada del Centro de Derechos Humanos hizo un llamado al procurador Edmundo Garrido a aceptar la recomendación de la CDHDF y con ello pronunciar la disculpa pública de conformidad con los padres de la joven.
“La memoria de Lesvy debe ser redignificada: quién era, lo que hacía, debe ser puesto de conocimiento público, porque así se le ofendió. Le pedimos al procurador que se realice este acto no en una conferencia, no de manera improvisada, no pidiendo la renuncia de funcionarios, sino debidamente en un acto en el que se tome en consideración las propuestas de los familiares, en un acto público”, dijo.
También propuso la creación de un concurso público sobre arte y literatura que lleve el nombre de Lesvy, pues “estas eran actividades que le gustaba hacer”.
Por su parte, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una de las organizaciones acompañantes de la familia Rivera Osorio, insistió en que la recomendación confirmó la “ruta de impunidad que tienen que vivir las víctimas” y pidió a la Asamblea Legislativa una reforma para sancionar a los servidores públicos que violen las leyes y protocolos.
“De qué nos sirve que nos digan sanción a funcionarios públicos si las leyes están solo para amonestarlos. Realmente no hay sanción para ellos, necesitamos que haya una reforma legislativa que realmente sancione a los que están permitiendo que no se logre la justicia. Si no logramos romper con estas cadenas de impunidad, la violencia feminicida que ha venido aumentando en la ciudad de México seguirá”.
Además señaló que el documento sirve para impulsar la activación de la Alerta por Violencia de Género en la capital, está en proceso desde el año pasado.
Legalmente, a un año de asesinato de Lesvy el caso aún no concluye. La organización logró la reclasificación del delito como feminicidio y con ello que el ministerio público reconociera las diligencias del peritaje independiente que llevó a cabo la defensa, esto a penas en abril pasado, sin embargo, aún se carece de sentencia.
(apro).- La Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHDF) reconoció la demanda que la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio y su defensa legal, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, hicieron desde el inicio del caso: que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) y el Tribunal Superior de Justicia local (TSJCDMX) evitaron investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio.
A un día de cumplirse un año de que el cuerpo de Lesvy fuera encontrado atado por el cuello a una cabina telefónica de Ciudad Universitaria, esta mañana la titular de la CDHDF, Nashieli Ramírez, emitió la recomendación 1/2018 por la “falta de debida diligencia en la investigación del posible feminicidio”.
La investigación que llevó a cabo el organismo autónomo y que se manifestó en la emisión de la recomendación de 18 puntos determinó que estas tres instancias locales cometieron “violaciones” durante el caso, principalmente que “incumplieron la obligación de investigar cómo posible feminicidio”.
Además, el documento de la Comisión de Derechos Humanos reveló que se violaron protocolos de actuación como, el derecho al debido proceso, se revictimizó a la joven, existieron acciones de violencia institucional de parte de funcionarios públicos y se trató de manera inadecuada el cuerpo, entre otros.
Parte de estas faltas fueron denunciadas desde mayo de 2017 por Araceli Osorio, madre de Lesvy, y documentadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pues inicialmente la PGJ-CDMX inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo simple, en la modalidad de comisión por omisión y a través de una necropsia psicológica se informó la posibilidad de suicidio.
A esto se sumó la negativa de entregar el expediente de investigación a la defensa, la revictimización en redes sociales y las filtraciones de información que cometieron servidores públicos de la dependencia.
Durante la presentación de la recomendación, la ombudsperson reconoció que el caso refleja que existe una “disparidad” en el registro de los feminicidios que se cometen en la Ciudad de México, mismo que “obstaculiza la elaboración e implementación de políticas de prevención, procuración y administración de justicia”. Además, indicó que a pesar del cuerpo normativo con el que cuenta la capital, éstas no se aplican.
“Es justamente la aplicación negligente de las normas existentes lo que hizo que el camino hacia la justicia emprendido por Araceli Osorio y Lesvy Rivera (padre de Lesvy) haya sido tortuoso. Durante casi un año han tenido que ser ella y él quienes han presentado datos de prueba sobre los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017, ante la negligencia y abandono de las autoridades que tiene la obligación de implementar las disposiciones aplicables”, dijo en su discurso de presentación de la recomendación Ramírez.
Como parte de la recomendación, la Comisión de Derechos Humanos emitió una serie de medidas de reparación del daño para familia que incluye llevar a cabo una disculpa pública a las víctimas y continuar con las investigaciones a las autoridades que actuaron de manera negligente.
Al respecto, Sayuri Herrera, abogada del Centro de Derechos Humanos hizo un llamado al procurador Edmundo Garrido a aceptar la recomendación de la CDHDF y con ello pronunciar la disculpa pública de conformidad con los padres de la joven.
“La memoria de Lesvy debe ser redignificada: quién era, lo que hacía, debe ser puesto de conocimiento público, porque así se le ofendió. Le pedimos al procurador que se realice este acto no en una conferencia, no de manera improvisada, no pidiendo la renuncia de funcionarios, sino debidamente en un acto en el que se tome en consideración las propuestas de los familiares, en un acto público”, dijo.
También propuso la creación de un concurso público sobre arte y literatura que lleve el nombre de Lesvy, pues “estas eran actividades que le gustaba hacer”.
Por su parte, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una de las organizaciones acompañantes de la familia Rivera Osorio, insistió en que la recomendación confirmó la “ruta de impunidad que tienen que vivir las víctimas” y pidió a la Asamblea Legislativa una reforma para sancionar a los servidores públicos que violen las leyes y protocolos.
“De qué nos sirve que nos digan sanción a funcionarios públicos si las leyes están solo para amonestarlos. Realmente no hay sanción para ellos, necesitamos que haya una reforma legislativa que realmente sancione a los que están permitiendo que no se logre la justicia. Si no logramos romper con estas cadenas de impunidad, la violencia feminicida que ha venido aumentando en la ciudad de México seguirá”.
Además señaló que el documento sirve para impulsar la activación de la Alerta por Violencia de Género en la capital, está en proceso desde el año pasado.
Legalmente, a un año de asesinato de Lesvy el caso aún no concluye. La organización logró la reclasificación del delito como feminicidio y con ello que el ministerio público reconociera las diligencias del peritaje independiente que llevó a cabo la defensa, esto a penas en abril pasado, sin embargo, aún se carece de sentencia.
