(Proceso).- En el ocaso de la administración de Enrique Peña Nieto, representantes de las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y Open Society Justice Initiative alertan sobre su “legado catastrófico y sangriento” en materia de derechos humanos, así como el papel de “simulación sin precedentes” para tratar asuntos que por su gravedad tuvieron un fuerte impacto mediático, como el caso Ayotzinapa.
La desaparición forzada de los 43 normalistas dejó un sello indeleble en el gobierno de Peña Nieto y fue tema de una serie de videos producidos por la Presidencia para promocionar el Sexto Informe de Gobierno, en un intento fallido de desvincular al mandatario de cualquier responsabilidad en la nula aplicación de la justicia –prácticamente una reedición del llamado a “superar” el dolor por la tragedia que el presidente hizo en diciembre de 2014 en una gira por Guerrero.
Peña Nieto selló su vínculo con la desacreditada “verdad histórica” en un video de dos minutos. En éste señala a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos por su “negativa y el rechazo” a “aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República”, y reitera que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula por “un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero”.
El video, transmitido en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y a cinco días de que representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudieran a la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a presentar su informe sobre el caso, fue considerado por los familiares de los 43 como una nueva afrenta del gobierno saliente.
Por ese motivo emitieron comunicados para recordar que la versión oficial ha sido desenmascarada por instancias internacionales como la CIDH, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas.
Administración intolerante
En entrevistas por separado, Ericka Guevara Rosas, directora de AI para América Latina, e Ina Zoon, representante de Proyectos en América Latina de Open Society Justice Initiative, coinciden en que la transmisión del video muestra la lamentable conducción del gobierno de Peña Nieto en materia de derechos humanos.
“Al ser un video que reafirma y confirma lo que se conoce como ‘la verdad histórica’ de este gobierno, que ha sido cuestionada y desafiada por múltiples organizaciones, organismos internacionales y expertos independientes… no sólo deja sin verdad, sino sobre todo sin justicia ni reparación, a las víctimas y a sus familias”, sostiene Guevara Rosas.
Además, advierte, el video refleja “la intolerancia a la crítica” del gobierno federal que se hizo evidente hacia el GIEI y antes hacia el relator sobre Tortura de la ONU, Juan Méndez. En el caso de los expertos designados por la CIDH, señala la activista, “fueron víctimas de campañas de desprestigio, con mecanismos de protección nulos por parte de las autoridades, con limitaciones al ejercicio de sus funciones, que eran también un síntoma claro de cómo este gobierno pretendía ocultar la verdad: por un lado, la violación a derechos humanos, y por el otro, reaccionaron para manejar la crisis mediática, pero no la crisis verdadera, que es la situación de los derechos humanos”.
Guevara Rosas acota que la crisis en esta materia “sin duda venía de años atrás”, pues Peña Nieto recibió al país con un registro de 22 mil personas desaparecidas, pero durante su mandato “lo único que hizo fue casi duplicar esa cifra, con más de 37 mil desaparecidos en 2018… El legado que deja el presidente Peña Nieto es catastrófico y sangriento”.
