Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy
Más de cuatro años de zozobra y temor ha vivido Dariana Quintal Narváez, luego separarse de su esposo y este confabulara con autoridades y abogados para quitarle la patria potestad de sus dos hijas menores de edad. Esto ha derivado en una investigación más profunda, realizada por la afectada, en donde ha constando del abuso de poder de autoridades gubernamentales que debieran proteger a la familia, señalando tajantemente a la Procuraduría de la Defensa del Menor y La Familia (Prodemefa) como una de las responsables.
Como parte de esta situación, ayer por la mañana Quintal Narváez convocó a una rueda de prensa en las puertas del Palacio de Gobierno, y explicó que la razón fue denunciar una situación grave, con respecto a lo que se viene dando en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa). “Hago de su conocimiento las malas actuaciones y posibles actos de corrupción en agravio de menores”, señaló la quejosa ante los medios.
Es de destacar, que la otra hija de Dariana ya está a punto de cumplir la mayoría de edad, por lo que su situación es distinta y no se encuentra pasando por esta situación, tan lamentable para Yucatán y las familias del estado “más seguro” del país.
Indicó que el modo de operar es el siguiente: “Las mujeres eran citadas por la misma Prodemefa para que presentaran a sus niños, porque les iban a hacer valoraciones psicológicas a los infantes, pero hay niños de un año y ocho meses a los que les es imposible hacerles tales valoraciones. Y una vez ahí, los niños les eran arrebatados, por una puerta salía el menor y les era entregado al padre y al abogado, y desde ese momento no han vuelto a ver a sus hijos”.
Por otra parte, explicó que a las familias de zonas marginadas también los despojan de sus hijos “bajo engaños, por parte de la Procuraduría y bajo supuestas denuncias por violencia. Estas personas de zonas marginadas son llamadas a la Prodemefa para que presenten a los niños y una vez que están ahí también son despojadas de los niños y los menores son recluidos por el Caimede. Hablo que me ha tocado recuperar a “muchísimos” niños, y que al momento de analizar el porqué, el motivo, no hay algo sólido, ni siquiera se hacen las investigaciones para saber si estos niños realmente son maltratados. Y me doy cuenta que están haciendo una violación a los Derechos Humanos, es una violación al derecho del menor, porque no existe un violencia demostrada. Son solo especulaciones de una violencia”.
Lo grave, dijo Quintal Narváez, es que muchas veces estas madres de familia, por su condición, no saben leer, no saben escribir, no cuentan con recursos económicos para poder pagar a un abogado y poder recuperar a sus hijos. “Otras de las cosas que también he descubierto, es las malas actuaciones de las psicólogas y las trabajadoras sociales del Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay); estas mujeres se dedican a alterar informes, a alterar información que es enviada a los jueces, en donde estos informes favorecen al mejor postor. Nosotros tenemos denuncias con documentos en donde notamos que envían varias actas, con mismo día, misma hora, misma persona, con tres situaciones distintas que se presentan al juzgado familiar”, explicó.
Específicamente en su caso, señaló la denunciante, ha vivido acoso, pues “estas personas se han dedicado a mandar informes falsos al Juzgado Familiar. Les comento que mi niña, y habiendo un informe del Cecofay, cuando presentan a mi hija a estas convivencias, mi hija está viviendo omisiones en su cuidado. Hablo de que a mi hija llega por periodos muy prolongados con piojos, con hongos en la piel, con manchas en la cara, con ropa rota, zapatos rotos, a mi hija la hicieron paciente psiquiátrica de siete años, cuando mi hija era normal, era una niña sana. Y a raíz de que la separan de mí, esa es su condición, no hay quien la cuide, quien la vigile”, explicó entre lágrimas en los ojos, a la par que refirió que la niña por la situación ya padece depresión.
Es lamentable, dijo, que autoridades que debieran realizar la función de integrar familias, hacen lo contrario. Y todo esto está asentado en la averiguación GI/9098/18 en la Vicefiscalía Anticorrupción. Fuente:laverdadnoticias
