Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública de Veracruz durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, abandonó el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.
Rodolfo de la Guardia García, abogado defensor del ex funcionario, indicó que la jueza del caso reconoció que se abusó de la prisión preventiva, por lo que Bermúdez seguirá su proceso por desaparición forzada y tráfico de influencias en libertad.
Deberá acudir a firmar a juzgado cada semana, pagará una garantía económica de un millón de pesos, dejará en depósito su pasaporte y tiene prohibido acercarse a testigos del proceso.
El ex funcionario ganó un amparo en el Tribunal Colegiado en Materia Penal y abandonó el reclusorio, al cual ingresó el 3 de febrero de 2017.
Bermúdez es el sexto ex funcionario de Duarte que seguirá su proceso en libertad, luego de que Daniel Bustos, delegado del Seguro Popular y señalado de desvío de 2 mil 300 millones de pesos, salió del penal.
Así como el empresario constructor de la Torre Pediátrica, César Augusto Morando, señalado de fraude por 75 millones; Mauricio Audirac, fuera secretario de Finanzas y Planeación imputado de incumplimiento de un deber legal y desvío de recursos.
Además, el ex gobernador sustituto, Flavino Ríos Alvarado, acusado de ayudar a escapar a Javier Duarte; y Francisco Valencia, director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz acusado de peculado, tráfico de influencia y abuso de autoridad, también fueron liberados.
En tanto, Luis Ángel Bravo, ex fiscal general de la entidad, obtuvo un amparo, por lo que también saldrá del penal de Pacho Viejo durante las próximas horas.
Esta mañana, el abogado del ex funcionario acudió al Congreso del estado para presentar una denuncia de juicio político contra el actual fiscal del estado, Jorge Winckler Ortiz, y contra el fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, así como contra el titular de la Unidad de Atención a Personas Desaparecidas, Eduardo Coronel Gamboa, por presuntamente amenazar a Bravo Conteras y privarlo de su libertad ilegalmente.
“El señor no sabía en dónde se encontraba en ese momento Luis Ángel “N” y el día 16 de mayo fue citado nuevamente a la Fiscalía; en ese momento Luis Eduardo Coronel Gamboa en coordinación con policías ministeriales lo privaron de su libertad, le quitaron su celular y lo obligaron a trasladarse a la ciudad de Córdoba”, acusó.
