(apro) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistirá para convencer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en convertir a México en un “Tercer país seguro” para migrantes centroamericanos, luego de que su Departamento de Justicia ordenó cambios a los mecanismos de retención de peticionarios de asilo.
Por medio de un comunicado de prensa, Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), informó que después de recibir las recomendaciones por parte del Comité Asesor sobre la crisis migratoria en la frontera con México, continuarán negociando el asunto del Acuerdo del Tercer País Seguro (TPS).
“Las recomendaciones incluidas en el reporte son de emergencia legislativa, cambios regulatorios, establecimiento de procesamientos regionales temporales para todas familias migrantes, adjudicar más personal necesario para facilitar la rápida adjudicación de peticiones de asilo a familias y, proponer y negociar la Iniciativa de Protección Familiar Americana que incluye elementos esenciales como el Acuerdo de Tercer País Seguro con México”, subrayó McAleenan.
En paralelo, el Procurador General de Justicia, William Barr, emitió una orden judicial que entrará en vigor en 90 días a partir de este 16 de abril, que implica la detención indefinida en centros migratorios, a ciudadanos centroamericanos solicitantes de asilo a quienes se les negará el pago de una fianza para alcanzar la libertad mientras se procesa su caso.
La orden de Barr se aplica exclusivamente a los migrantes centroamericanos que sean detenidos como inmigrantes indocumentados dentro del territorio estadunidense y que busquen por cualquier razón conseguir asilo. El Departamento de Justicia expone que la orden no excluye a nadie, es decir, menores de edad y adultos serán detenidos indefinidamente si con capturados como inmigrantes indocumentados pese a su exigencia de asilo.
La medida decretada por Barr no se aplica a los migrantes centroamericanos que presenten sus solicitudes de asilo al ingresar “legalmente” a las garitas estadunidenses ubicadas al extremo norte de los puentes internacionales conectados con el territorio mexicano.
La determinación del Procurador General de Justicia, esta avocada a reducir el flujo de migrantes centroamericanos como inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y obligarlos a quedarse en la frontera norte de México. Incluso, como acción colateral de la orden de Barr, se busca que los centroamericanos que presenten sus solicitudes de asilo a través de las garitas a las que deben ingresar por los puentes fronterizos, se queden en territorio mexicano mientras se procesan sus casos ante las cortes migratorias.
El proceso de revisión de asilo en Estados Unidos, para que se obtenga el fallo de aceptación o negativa por parte de un juez migratorio, puede tomar de seis meses a seis años.
Un acuerdo de TPS obliga al país signatario a que sus autoridades migratorias actúen como agentes estadunidenses. En este caso las autoridades migratorias mexicanas con un acuerdo de TPS tendrían que entrevistar en México a los solicitantes centroamericanos de asilo para discernir a los que tengan peticiones válidas y para que se les permita ingresar a las garitas migratorias estadunidenses en la franja fronteriza.
