Los
choferes que sean sorprendidos brindando el servicio de transporte público en
unidades “piratas” o “clonadas” podrían pasar hasta cinco años en la cárcel.
Esto luego
de que el Congreso del Estado aprobara una reforma al Código Penal de Baja
California, en el que lo tipifican como delito, mismo que entró en vigor el
pasado 25 de mayo.
De acuerdo
con el decreto 338, a quien preste el servicio público de transporte sin
permiso, concesión o autorización correspondiente, se le impondrá de uno a
cinco años de prisión, de 30 a 150 días de multa, y suspensión por un año del
derecho de manejar.
De esta
medida, quedan exentos todos los trabajadores del volante que brinden el
servicio a través de aplicaciones como Uber o Didi.
Ante dichos
cambios, la Dirección Municipal de Transporte Público se encuentra trabajando
con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para determinar los
operativos en conjunto que llevarán a cabo.
“Ya estamos
en pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública, estamos diseñando los
dispositivos que se van a llevar a cabo muy pronto”, adelantó el director de la
dependencia, Francisco Castillo Fraga.
Calificó
esta medida como un gran avance, al recordar que antes solamente estos
vehículos eran enviados al corralón y para recuperarlos tenían que pagar una
multa, mientras que el chofer quedaba libre.
“Es un
servicio que no brinda la seguridad necesaria al usuario, transitan sin seguro,
no sabemos quién es el chofer, si trae licencia, si usa drogas”, indicó.
Durante el
presente año han sido retiradas de circulación 183 unidades “clonadas”, en su
mayoría taxis libres, pero también han detectado taxis de ruta.
Reconoció
que esta problemática ha sido una demanda constante por parte del sector
transportista, por lo que esperan lograr reducirla y si es posible erradicar
esta práctica.
3 mil
unidades
Por su
parte, el presidente del Frente Transportista de Tijuana, Gabriel Lemus Torres,
denunció que en la ciudad estiman circulan mas de 3 mil unidades “piratas”
dando el servicio.
Esperan que
en próximas fechas inicien los operativos para empezar a ver resultados
contundentes porque esta problemática creció en los últimos años.
“Aunque es
una reforma de ley que se aplica en el Estado”, expresó, “es Tijuana la que
tiene el mayor problema de autos clonados y vehículos que cuentan con la
investidura de taxi, pero en muchos casos son robados”.
Afirmó que
la sanción antes aplicada no servía para atacar la problemática porque los que
no podían pagar la infracción, metían otro auto “chocolate” a trabajar y solo
lo pintaban.
Las
sanciones, aclaró, no solamente van contra el chofer, sino que los funcionarios
involucrados que toleren su circulación, también puede pisar la cárcel.
Lemus
Torres explicó que para el sector transportista son una competencia desleal
debido a que no pagan revalidación de placas, permisos, revisión mecánica,
póliza de seguro, y concesión, que son cerca de 18 mil pesos al año.
Esperan que
el Ayuntamiento de Tijuana realice un trabajo de información porque sabe que algunos
choferes desconocen que la unidad por la que pagan renta no es legal, para que
no se sorprendan de las sanciones a las que podrán ser acreedores.
Elimparcial.
