MÉRIDA, Yucatán.- Con 24 votos a favor y uno en contra, así como con modificaciones a la propuesta original, el Congreso del Estado aprobó ayer el dictamen de la iniciativa enviada por el gobernador Mauricio Vila Dosal para establecer un plan de contingencia, protección al empleo y la reactivación económica, ante la contingencia por el coronavirus.
En sesión plenaria en medio de medidas ante la pandemia del coronavirus, diputados del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y tres de los cuatro diputados de Morena avalaron la iniciativa que establece la ampliación presupuestal en materia de prestación de servicios de salud, desarrollo económico, protección del empleo y social, cuyo objeto será la implementación de un plan de contingencia y reactivación económica por la afectación en el Estado de la pandemia de Covid-19.
Dicho dictamen establece que para solventar los gastos relacionados con la instrumentación del citado plan, el Poder Ejecutivo ejercerá y aplicará hasta mil 500 millones de pesos adicionales a las asignaciones originalmente autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2020 en las siguientes partidas y programas.
Asimismo, considera incentivos fiscales para: Impuesto sobre nómina; Impuesto sobre hospedaje; Impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales, y el Impuesto sobre el ejercicio profesional. De lo que se informa en gráfico adjunto.
El dictamen aprobado estipula que en materia de “prestación de servicios de salud” se destinarán 500 millones de pesos, y para el “desarrollo económico, protección al empleo y protección social” se otorgarán mil millones de pesos.
Establece que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, deberá incorporar en los informes trimestrales de las finanzas públicas un apartado específico en el que se detalle la aplicación y destino de los recursos objeto de la autorización a que se refiere el decreto.
Asimismo, que el Poder Ejecutivo conformará un comité, que tenga como objeto dar seguimiento al ejercicio, aplicación, desarrollo del proyecto y destino de los recursos autorizados, y que dicha instancia estará integrada por representantes del sector empresarial, obrero, educativo, organizaciones de la sociedad civil, los representantes de los rubros favorecidos, y por lo menos tres presidentes municipales de las distintas fuerzas políticas del Estado, y que deberá constar en el reglamento correspondiente.
“A las reuniones convocadas por dicho comité concurrirán por lo menos dos diputados integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción en representación del Congreso local, quienes deberán informar al pleno de éste los avances en el cumplimiento del decreto. Este órgano deberá constituirse y sesionar máximo 30 días posteriores al ejercicio inicial de los recursos”, expone el acuerdo.
De la misma forma, establece que el comité deberá de aprobar su reglamento interno dentro de los 30 días siguientes a su instalación, y publicarse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; y que el Poder Ejecutivo, al momento de contar con las reglas de operación de los programas contemplados para asignación presupuestal, deberá turnarlos de inmediato a la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal para su conocimiento y opinión.
