Este jueves hubo un choque entre el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y la mayoría de los 32 gobernadores del país, debido a que desde el gobierno federal se les amagó con imponer a las entidades el semáforo epidemiológico nacional, y de no acatarlo los mandatarios estatales podrían hacerse acreedores a sanciones civiles, administrativas y hasta penales.
Fue la abogada general de la Secretaría de Salud, Maricela Lecuona González, quien describió que se harían algunas precisiones a la metodología del semáforo nacional y se plasmarían en el punto número 2 del documento, titulado Metodología y criterios para el establecimiento regional, donde se sugirió las sanciones para las autoridades locales.
“En caso de que el gobierno de una entidad federativa deje de acatar el resultado de la evaluación semanal y omita exhortar las medidas correspondientes al respectivo nivel de riesgo por la autoridad sanitaria federal, y en consecuencia instruya a su población a tomar medidas relacionadas con un nivel de riesgo menor, previa investigación de la autoridad competente que así lo resuelva, se hace patente que el o los servidores públicos que tomen dicha determinación podrán ser responsables civil, administrativa y/o penalmente de dicha decisión”, dijo la funcionaria federal en la reunión con los gobernadores.
De acuerdo con un audio en poder de EL UNIVERSAL, Lecuona González recordó que en el país hay cuatro autoridades sanitarias: el Presidente de la República, la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Salubridad y las entidades federativas, y que será la Ssa la que, en caso de enfermedades o epidemias graves, dictará las medidas preventivas a seguir en todo el territorio nacional.
Inmediatamente después dijo que así se define quién se dedica a evaluar la intensidad de las epidemias y quién debe acatar e implementar las medidas indispensables.
En este encuentro virtual, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, puso orden y dijo que ese párrafo no se conocía, pues se incorporó recientemente y pidió hacer una mesa para negociar y analizar el marco legal de estos nuevos lineamientos, pues dijo que no se valía que se metiera a discusión algo que no se había acordado.
Por lo anterior, citó a que la próxima semana haya una nueva reunión entre los 32 gobernadores del país con los funcionarios de la Segob y, unos días más tarde, con las autoridades de Salud.
Por su parte, en esa reunión López-Gatell dijo que la autoridad sanitaria federal no puede sustraerse de ejercer sus responsabilidades, pues una omisión implicaría una responsabilidad. Además, aseguró que la autoridad sanitaria federal tiene sus propias atribuciones y no puede dejarlas abiertas.
“La autoridad sanitaria federal no puede sustraerse de ejercer sus responsabilidades, la omisión implica una responsabilidad (…) no puede dejarlas [sus tareas] abiertas a que sean a consideración. La ejecución específica de esas actividades, dado el carácter descentralizado del Sistema Nacional de Salud, desde 1997, recae en una atribución que, en concurrencia con la Federación, no sólo puede, sino deben ejercer las autoridades sanitarias estatales y, en términos de lo dialogado, no solamente el lunes, sino a lo largo de estas ocho semanas, nos parece totalmente procedente y deseable, porque es más práctico que ustedes como gobernadores puedan definir los elementos específicos”, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
En respuesta, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila (PAN), dijo que, según lo que entendió, el semáforo nacional sí terminará siendo obligatorio y no indicativo, y que se queda preocupado, porque ante una negativa estatal a aplicar las medidas nacionales, van a tener responsabilidades hasta penales.
“La principal preocupación que tenemos todos los gobernadores prácticamente es una negativa: el semáforo nacional es obligatorio y ahora en el documento se plasma que si no lo hacemos así vamos a tener responsabilidades administrativas y penales”, afirmó el gobernador de Yucatán.
En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (Morena), pidió que en el tema de las responsabilidades penales se ahondara más, pues nunca se había llegado a ese límite y sugirió que no se resolviera en ese encuentro.
“Yo creo que sí sería importante, sobre todo en esta parte de lo que llaman las responsabilidades penales y civiles, sí valdría la pena que pudieran ahondar en este tema, porque creo que nunca se había hablado de ello y sí valdría la pena que se pudiera, más allá del fundamento legal que explica el subsecretario, me parece que nunca habíamos llegado hasta este límite y sí sería muy bueno que se aclarara, se revisara, para no resolverlo en esta sesión”, dijo la jefa de Gobierno.
