El financiamiento en dinero efectivo en las campañas políticas y la postulación de candidatos por parte del crimen organizado para el próximo proceso electoral, son las dos preocupaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
Al participar en una sesión virtual del Seminario sobre Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reveló que desde hace seis años, cuando el Instituto asumió nuevas tareas de fiscalización, no se ha identificado ningún caso de financiamiento directo del crimen organizado a las campañas políticas.
Sin embargo, aseguró, sí detectaron recursos ilegales, sobre con del erario público, en los procesos electorales de 2016 a 2018, que son la fuente principal de ingresos indebidos a las campañas políticas.
“Hemos identificado muchos casos de financiamiento ilegal y nuestros modelos de riesgo operan sobre todo en lo que hemos identificado como la fuente principal de ingresos indebidos a las campañas que son dineros provenientes del erario público en los distintos niveles: federal, estatal y municipal y ahí nos hemos centrado”.
Córdova Vianello señaló que el tema del dinero en efectivo, es un problema porque a la ahora de auditar se pierde el rastro del dinero.
Indicó que el gasto no reportado que el INE identificó y que los partidos no lograron justificar de dónde y cómo lo pagaron, ascienden a más de mil 075 millones de pesos en los últimos cuatro años.
En ese sentido, el consejero presidente del INE expuso que los gastos no reportados por los partidos políticos representan casi la mitad, el 42%, de las sanciones en las que los partidos incurren durante las campañas electorales, y el 15% del gasto anual.
Ante esta problemática, Córdova Vianello planteó la necesidad de incrementar la colaboración con otras instituciones auditoras, como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria, porque, refirió, “a pesar de que se ha avanzado, en realidad el trabajo que estamos haciendo, es un trabajo sobre todo en silos y lo que ocurre en el ámbito electoral, muchas veces está vinculado con corrupción en otros lados”.
Córdova afirmó que el problema del crimen organizado afecta la dimensión electoral, pero consideró que no es responsabilidad directa de las autoridades electorales porque las autoridades electorales no son instancias ministeriales, de combate a la criminalidad organizada en cuanto a su estructura y operación.
“Hasta donde se sabe, este es un fenómeno, sin duda, presente pero no generalizado, creo que hay casos bastante generalizados en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco y Sinaloa, que son estados donde la criminalidad organizada tiene no solamente una presencia sino un control territorial de facto”, indicó.
