En las últimas semanas, dos decisiones del Ejecutivo federal -una de ellas acompañada por la coalición gobernante en la Cámara de Diputados- nos llevarán a que se agudice el desabasto de medicamentos que ha estado presente lo largo del año y medio que lleva esta administración.
La primera es la decisión de modificar la Ley de Adquisiciones y anunciar la creación de un nuevo organismo responsable de la "compra y distribución de medicamentos e insumos médicos" (lo dejo entre comillas porque, como muchas de las cosas que hace este Gobierno, no sabemos bien a bien qué será ni qué hará), colofón de un proceso que inició muy temprano en el sexenio.
La historia conocida inicia con uno más de los diagnósticos simples que son regla en esta Administración -hay corrupción, se compra mucho a pocos, es un oligopolio de medicamentos-, lo que de entrada muestra una gran ignorancia del funcionamiento del mercado y de las diferencias entre farmacéuticas y distribuidores.
Las farmacéuticas en el País no son pocas: están las nacionales y las internacionales, las que desarrollan productos innovadores, las que cuentan con patentes y las que fabrican medicamentos genéricos. Entre todas suman 250 plantas en México que emplean a 600 mil mexicanos.
Los distribuidores, por el contrario, son pocos -así pasa en muchos países del mundo- pero es ése un oligopolio que se va generado desde la demanda, lo que debe ser atendido mediante reglas en los mecanismos de compra que eviten la colusión. También es cierto que si son pocos es porque la logística, el manejo de inventarios, la distribución en más de 5 mil puntos en el país y el manejo de cerca de una tercera parte de los productos que requieren red de frío son asuntos complejos que requieren de enormes inversiones.
El diagnóstico basado en prejuicios -hay corrupción- es simplista. Y, ojo, no estoy diciendo que no existiera: en varios estados de la República han sido documentados robos, e incluso hay gobernantes y funcionarios en la cárcel y/o bajo proceso. Es más: la impunidad y la corrupción han acompañado los procesos de compra gubernamental a lo largo de toda nuestra historia moderna, y es absolutamente loable querer terminar con ello. Pero el voluntarismo no resuelve la política pública.
Una vez más, en lugar de buscar entender qué sí funciona y dónde están los espacios de mejora y corrección, se decide cambiar todo. En los últimos años fueron construidas dos herramientas muy importantes: la Comisión Negociadora de Precios, dependiente de la Secretaría de Salud y encargada de negociar los costos de los medicamentos de patente, y todo el sistema de compras consolidadas, construido desde el IMSS y que implicaba a más de 300 funcionarios especializados que cada febrero emprendían complejos estudios de mercado para determinar a cuánto ascendía la demanda y quiénes podían ofertar. Para 2018, este último mecanismo ya amparaba la adquisición de cerca del 70 por ciento de todos los medicamentos e insumos públicos, con ahorros acumulados por más de 25 mil millones de pesos. Con esto fue posible incrementar el número de piezas adquiridas con prácticamente los mismos recursos: fue esa maduración del sistema de compras públicas de medicamentos la que permitió que el IMSS adquiriera un 18 por ciento más de unidades en 2018 que en 2012, al pasar de 814 millones a 964 millones de piezas en dicho periodo.
Pues borrón y cuenta nueva: las compras consolidadas pasaron del IMSS a la Oficialía Mayor de Hacienda, que, sin experiencia, sin el personal especializado, sin las capacidades, hizo un desastre. Para 2020, sólo fue posible asignar el 30 por ciento de las más de mil 600 claves, por lo que el 70 por ciento hubo de ser adjudicado de manera directa.
En ese entorno generador de sobrecosto y desabasto, algunos casos han salido a la luz pública y han resultado dolorosos, como el de los medicamentos oncológicos para niños y niñas, y los de las vacunas DPT (Difteria, Tosferina, Tétano) SRP (Sarampión, Rubeola y Parotiditis) y BCG (tuberculosis). Visto de otra forma, en 2018 se había logrado que el IMSS surtiera de manera efectiva 99.3 por ciento de los 18 millones de recetas mensuales.
Hoy sabemos por información del propio instituto que este número se coloca alrededor del 85 por ciento, lo que significa que 2.7 millones de recetas al mes no están siendo surtidas a los derechohabientes de la seguridad social.
El Covid-19 ha venido a tapar un poco esto pero la realidad es que todo ha fallado. Ya no bastará entonces con echar la culpa a los distribuidores y habrá que buscar nuevos culpables: las farmacéuticas y su avaricia. Nueva solución: abramos las fronteras, salgamos a comprar al mundo y sumémonos a las compras de entidades multilaterales. Para permitirlo, habrá que reformar la Ley de Adquisiciones, qué remedio.
Otra vez priva el desconocimiento de cómo funciona el mercado. Lo toral en estos procesos de adquisición es que los medicamentos resulten seguros, eficientes y de calidad. Para ello, la OMS certifica las agencias reguladoras de los países, que son las que verifican que los productos alcancen estándares determinados. Particularmente importante resulta el proceso de bioequivalencia, es decir que el ente regulador certifique que un medicamento genérico cumple con la formulación adecuada. Si existen naciones en el mundo que pueden vender medicamentos más baratos es sobre todo porque no tienen agencias reguladoras certificadas.
Al mismo tiempo, subyace una violación a los tratados comerciales: los que nuestro país ha signado obligan al respeto de las patentes obtenidas de fabricantes radicados en países que son nuestros socios comerciales. Faltar a esa obligación jurídica puede poner en riesgo los propios acuerdos.
Pero, además, si los funcionarios encargados no pudieron comprar bien en México, ¿quiénes viajarán por el mundo para negociar y llevar a efecto las compras? Supongamos que se logra adquirir todo fuera. Quizá en algunos productos habitualmente muy caros mejore el precio en caso de comprarlos a India o China, sin respetar patentes. Pero importar omeprazol y la mayoría de los genéricos -que representan el 80 por ciento de todas las compras públicas- no será buen negocio ya sólo por el costo de transporte.
Más aún, el Gobierno dice querer hacer uso del fondo rotatorio para vacunas y del fondo estratégico para medicamentos e insumos y de las compras que realizan la OMS y OPS. Ahí evidencia otra vez falta de conocimiento: esos listados funcionan para países como Trinidad y Tobago, que tienen mercados tan pequeños que se suman a otros para comprar mejor. Pero está demostrado que México tiene un poder tremendo de compra por volumen: de ahí que los precios a los que compró el país en 2018 estuvieran por debajo de los alcanzados por las agencias internacionales.
Para completar el cuadro, el Ejecutivo afirma que se creará un organismo público para realizar las compras y, entiendo, distribuir: la construcción de ello requeriría mucha inversión, mucha especialización o, en su defecto, nacionalizar las distribuidoras existentes y expropiar sus redes de frío, lo que se antoja preocupante en términos políticos, económicos y administrativos.
Insisto: el diagnóstico de origen estuvo mal y, por tanto, las supuestas soluciones y mejoras no son tales: buscan corregir a ciegas en lugar de reconocer las fallas en el diagnóstico primario y asumir responsabilidades, vuelven a un análisis aún más deficiente y no logran sino señalar nuevos culpables, lo que resulta estéril en términos de política pública y, peor, lesivo en términos sociales.
Auguro el resultado: en México viene el peor desabasto de medicinas en la historia. Por los culpables pagarán las ciudadanas y los ciudadanos.
