A un día de su entrada en vigor, un juez dejó sin efectos -de manera provisional- la reforma eléctrica, bajo el argumento de que deben analizarse el cambio de normas en que operaba el sector eléctrico.
El fallo lo otorgó el juez de distrito segundo en materia administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, tras admitir dos amparos de dos empresas: Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana, relativas al juicio 118/2021 y 120/2021.
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A pesar de que, de momento fueron solo dos las empresas que activaron la batalla legal, el juez resolvió que la resolución aplicará para todos los participantes. Vale recordar que se esperan más amparos de las empresas del sector.
En su observación, el juez señaló que con esta reforma "se adicionan atribuciones y obligaciones a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía y se modifica el régimen transitorio que era aplicable a los permisos que fueron otorgados conforme a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que continúan vigentes".
Además, en su resolución señala que "existe un interés social y orden público en relación con la suspensión de las normas reclamadas, a fin de proteger la continuidad de las políticas públicas que, en su momento, fueron incorporadas a través de la Reforma Energética con el objeto de lograr la apertura de la competencia en el sector eléctrico, el desarrollo sustentable del país y la protección del medio ambiente".
Gómez Fierro fue señalado anteriormente por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, pues se trata del mismo que logró poner fin al Acuerdo emergente del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), a la Política Pública de Confiabilidad del sistema eléctrico de la Secretaría de Energía, y del Acuerdo.
En el marco de la fuerte batalla legal emprendida por los privados del sector de generación de energía verde fue que el presidente López Obrador elaboró y envió a su discusión al Congreso esta reforma eléctrica, que supone concederle mayores atribuciones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
