CIUDAD DE MÉXICO. —
El cártel de Jalisco ha respondido a su manera a la política del
actual gobierno mexicano de “abrazos no balazos”: secuestrando a varios
miembros de una fuerza policial de élite en el estado de Guanajuato, torturándolos
para obtener los nombres y direcciones de colegas, y ahora está cazando y
matando a policías en sus casas, cuando están en sus días libres, frente a
sus familias.
Es un tipo de
ataque directo a oficiales que rara vez se ve fuera de las naciones más
plagadas de pandillas de Centroamérica, y representa el desafío más directo
hasta ahora para la política del presidente mexicano Andrés Manuel López
Obrador de evitar la violencia y rechazar cualquier guerra contra los cárteles.
Pero dicho
cártel del narcotráfico le ha declarado la guerra al gobierno con el objetivo de
erradicar al Grupo Táctico, porque según el grupo criminal, trata injustamente
a sus miembros.
“Quieren guerra,
guerra van a tener, y ya les demostramos que ya los tenemos ubicados. Vamos por
todos ustedes”, dice una manta impresa profesionalmente y firmada por el Cártel
Jalisco Nueva Generación que este mes apareció colgada en un edificio en
Guanajuato.
“Por cada miembro
de nuestra empresa (CJNG) que remitan, se va a matar a dos tácticos de ustedes,
en donde estén, en su casa, en patrullas o servicios fijos”, dice la pancarta,
refiriéndose al cártel por sus iniciales.
Funcionarios de
Guanajuato, el estado más violento de México, donde el CJNG lucha contra
pandillas locales respaldadas por el cártel de Sinaloa, se negaron a comentar
sobre cuántos miembros del grupo de élite han sido asesinados hasta ahora.
En el caso más
reciente, la policía estatal reconoció públicamente que un oficial fue
secuestrado en su casa el jueves, asesinado y su cuerpo arrojado en una
carretera.
El analista de
seguridad David Saucedo dice que ha habido muchos casos. “Muchos otros
(oficiales) decidieron desertar. Se llevaron a sus familias, abandonaron sus
domicilios y están escondidos y huyendo”. Agregó que el “CJNG está cazando a
los policías de élite de Guanajuato”.
Es difícil
encontrar el número de víctimas, pero Poplab, una cooperativa de noticias en
Guanajuato, dijo que al menos siete policías han sido asesinados en sus
días libres en lo que va de año. En enero, hombres armados fueron a la
casa de una mujer policía, mataron a su esposo, se la llevaron a rastras, la
torturaron y arrojaron su cuerpo acribillado a balazos.
Guanajuato ha
tenido la mayor cantidad de policías asesinados de cualquier estado mexicano
desde al menos 2018, según Poplab. Entre 2018 y el 12 de mayo, un total de 262
policías han sido asesinados, o unos 75 cada año, más de los que mueren por
disparos u otros ataques en promedio cada año en todo Estados Unidos.
El problema en
Guanajuato se ha agravado tanto que el gobierno estatal publicó un decreto
especial el 17 de mayo para proporcionar una cantidad no especificada de
financiamiento para los mecanismos de protección de la policía y los
funcionarios de prisiones.
“Lamentablemente ha
ocurrido que integrantes de los grupos del crimen organizado se han presentado
en los domicilios de las y los elementos policiales, lo que constituye una
amenaza y un riesgo mayor de pérdida de vida, no sólo para ellos, sino también
para las personas que conforman su núcleo familiar”, señala el decreto.
“Se han visto en la
necesidad de cambiar de su domicilio de manera inmediata, a fin de no ser localizables
por los grupos del crimen organizado”, añade.
Los funcionarios
estatales se negaron a describir las medidas de protección, o a comentar si se
iba a pagar a los agentes por el alquiler de nuevas viviendas, o si había
planes para construir complejos especiales de viviendas seguras para ellos y
sus familias.
“Esta es una guerra
abierta contra las fuerzas de seguridad del gobierno del estado”, señaló
Saucedo.
Cuando hizo
campaña, López Obrador propuso reducir la violencia relacionada con el narcotráfico
con una estrategia de “abrazos, no balazos” para abordar las causas profundas
del crimen. Desde que asumió el cargo a finales de 2018, ha evitado enfrentarse
abiertamente a los cárteles, e incluso liberó a un capo para evitar el
derramamiento de sangre, diciendo que prefería una política de largo alcance
para abordar problemas sociales como el desempleo juvenil que contribuye a que
se unan a las bandas criminales.
Pero el exembajador
de Estados Unidos en México Christopher Landau dijo en abril que López Obrador
ve la lucha contra los cárteles de la droga “como una distracción... Así que
básicamente ha adoptado una actitud de dejar hacer hacia ellos, lo que es
bastante preocupante para nuestro gobierno, obviamente”.
