“No es posible que la justicia me quiera involucrar o me
quiera vincular a un delito tan grave que es el narcotráfico”, dice la médico
cirujana y anestesióloga Marisa Brito después de salir de una jornada de
trabajo en un hospital particular de la ciudad de Iguala, Guerrero, en
donde solamente se cuenta con cinco anestesiólogos privados para una población
de 200 mil habitantes.
La mañana de este jueves la doctora Brito anestesió a una
anciana que necesitaba ser operada de una rodilla. Para el procedimiento
utilizó una ampolleta de fentanilo como lo hacen comúnmente los anestesiólogos
sin que esto sea considerado un delito y menos alguna actividad vinculada al
crimen organizado.
El 4 de mayo pasado la doctora Brito fue imputada por la
Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de compra de narcóticos al
haber adquirido seis ampolletas de fentanilo a través de Internet a un
proveedor que le recomendaron unos colegas.
El Fentanil es un opioide más fuerte que la morfina, es
utilizado para procedimientos quirúrgicos, intubaciones o para mitigar el
dolor, pero también se usa ilegalmente para hacer metanfetaminas.
“En ningún momento yo tuve alguna idea diferente que no
fuera ayudar a los pacientes”, dice Brito angustiada, quien buscó ayuda legal
para presentarse a la primera audiencia.
"Una de las cosas más sorprendentes de esta acusación
tan absurda contra la doctora Brito es que la propia FGR en su escrito en donde
nos citan a la vinculación a proceso nos dice que el art 239 y 240 de la Ley
General de Salud y claramente lo establecen exentan a los médicos
cirujanos", explica el abogado Antonio Juárez.
La ley establece que sólo podrán prescribir estupefacientes
los médicos cirujanos, veterinarios, dentistas, odontológicos que tengan título
registrado por las autoridades educativas competentes y que cumplan con las
condiciones que señala la Ley.
Se constató que la doctora cuenta con una cédula profesional
emitida el 4 de mayo de 2016 que la acredita como especialista en
anestesiología, lo que le permite, igual que a miles más de médicos y
anestesiólogos del país, comprar el medicamento. También posee un título
profesional emitido por la Universidad latinoamericana el 19 de enero de 2010
como licenciada en Médico Cirujano. Por ello, los compañeros de Marisa la
apoyan.
“La doctora yo la conozco desde hace más de 15 años, ella
es una persona muy recta, siempre se rige de forma ética”, contesta la
anestesióloga Ana Florencia Ortiz cuando se le piden referencias de su colega.
Los anestesiólogos del país están preocupados por la
persecución a la doctora Brito, pues el uso del fentanilo es para
ellos una herramienta de trabajo.
“Para nosotros es algo de uso diario, sí estoy muy
sorprendida y nos podemos ver afectados incluso todos, no nada más ella”,
refiere la doctora Ortiz.
Los médicos refieren que ante la escasez que hubo a causa de
la pandemia fue común que los especialistas la adquirieran en línea. El
medicamento fue utilizado en los pacientes de covid-19 para evitar
que sintieran dolor al intubarlos cuando no podían respirar por sí mismos.
Durante la pandemia, la doctora Brito ha intubado a
pacientes contagiados de covid-19 en el Hospital General Municipal.
“Es lamentable que después de haber pasado una pandemia
entonces que ahora de buenas a primeras la quieran meter a la cárcel, no se me
hace justo”, asegura la doctora Glorisel Hernández, médico urgencióloga.
Actualmente la doctora Brito goza de libertad, pero en la
audiencia del próximo 22 de junio un juez determinará si es vinculada a
proceso. Si se determina que hay delito será encarcelada y podría tener que
cumplir una pena de 10 a 25 años.
“Ahorita estoy desconcertada, estoy triste por la situación
que estoy viviendo”, dice Brito antes de tener que entrar al Hospital General
para seguir anestesiando a pacientes que lo necesiten.
