Cuando alguna persona enfermó y buscó atención médica en instituciones públicas entre 2018 y 2020 encontró menos respuesta que en años anteriores, sobre todo quienes viven en zonas rurales, revela el informe sobre medición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En 2018, 22.3 millones de personas dijeron haber recibido atención médica en instituciones públicas, pero en 2020 el número de atendidos bajó a 13.8 millones. Esto significa una reducción de 38% durante los primeros dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, hubo más gente que más bien acudió a servicios de salud privados, incluyendo consultorios médicos de farmacias que cobran tarifas económicas o solicitan comprar el medicamento en el sitio. En 2018, 21.5 millones de personas dijeron haber acudido a este tipo de servicios, y en 2020 el número subió a 27.1 millones de personas, un incremento de 26%.
Si bien en todo el país hubo menos atención en instituciones públicas, la mayor disminución de atención en servicios públicos ocurrió en zonas rurales, donde también se concentran los niveles de pobreza más agudos. Los hospitales e institutos dependientes de la Secretaría de Salud, pasaron de atender 9.6 millones de personas a 5.5 millones que viven en zonas rurales, lo que significa una baja de 42%.
Los centros de salud de la Secretaría de Salud tuvieron una disminución de 32%, pues mientras en 2018 hubo 31.4 millones de personas atendidas, en 2020 bajó a 21.3 millones de personas. En tanto, el seguro social o IMSS bajó 22% entre quienes viven en zonas rurales.
En cambio, lo que aumentó fue el número de personas atendidas en consultorios y hospitales privados, con 40%, pues en 2018 hubo 29.8 millones de personas y en 2020 pasó a 41.9 millones de residencia rural. Mientras que la atención en consultorios de farmacias pasó de 13.3 millones de personas atendidas a 17.4 millones, un incremento de 30%.
Esto significa que “dimos un paso atrás”, advierte Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, pues confirma lo que el Inegi había revelado antes, el gasto de bolsillo en salud aumentó en los últimos dos años entre las familias y, por aún, durante la pandemia, cuando el sector salud debía ser una prioridad.
El porcentaje de hogares con gasto catastrófico en salud, es decir, el pago de bolsillo en salud que supera el 30% del ingreso disponible de las familias aumentó de 2.1% a 3.9% a nivel nacional entre 2018 y 2020, lo cual “evidencia la vulnerabilidad de la población sin acceso a los servicios de salud”, advierte el Coneval.
Nuevamente, los más afectados son los más pobres, pues el porcentaje de hogares con gasto catastrófico en zonas rurales es de 5.7%, en contraste con las zonas urbanas, con 3.4% durante 2020.
A esto se suma que en este periodo desapareció el Seguro Popular, una estrategia de afiliación a servicios de salud creada en 2003 y que operó hasta 2019 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sería sustituido por Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el que aseguraría acceso a servicios de salud para todos los mexicanos, es decir, cobertura universal.
El Coneval también analizó que dicha decisión tuvo impacto, afectando a los más pobres, pues mientras en 2018 hubo 20 millones de personas que no estaban afiliadas a un sistema de salud, para 2020 la cifra ascendió a 35 millones de personas, lo que representó un aumento de 77%.
Sin embargo, dicha cifra solo se refería a la afiliación a algún servicio, mientras que la atención médica cuando alguna persona ya tenía algún malestar o enfermedad es otro parámetro de medición.
