El mercado nacional de gas LP ha sido manipulado en los últimos años por los principales grupos empresariales que tienen posición dominante, lo que ha llevado a que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) mantenga dos investigaciones abiertas sobre prácticas monopólicas debido a acuerdos para manipular el precio o bien repartirse el mercado de atribución y comercialización en los últimos años.
MILENIO dio a conocer ayer que de acuerdo con fuentes oficiales, más de la mitad de las ventas del gas LP recae en un grupo de cinco familias y que la Cofece mantiene investigaciones en puerta.
Las indagatorias de la Cofece se dan en medio de un paro de actividades en CdMx, el Estado de México e Hidalgo realizado por comisionistas de este insumo para no distribuir el energético, como respuesta a la regulación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de los precios máximos aplicables de gas LP a consumidores finales, pues señalan que no tienen margen que les permita seguir realizando sus actividades cotidianas.
La primera investigación de la autoridad antimonopolios se dio a conocer el 22 de febrero de 2018, en el Diario Oficial de la Federación en donde la Cofece anunció el inicio del proceso por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución y comercialización de gas LP en el país.
La segunda investigación se dio a conocer el 31 de mayo de este año derivado del monitoreo de los precios del gas LP, así como un procedimiento de juicio por prácticas monopólicas absolutas, derivadas de acuerdos para manipular precios o repartirse el mercado de la distribución y comercialización del energético y en la cual ya existen imputados.
Aunado a esto el regulador para la competencia añadió que se encuentra en trámite una investigación por la posible realización de prácticas de abuso de poder en la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de dicho combustible.
Según la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los precios del gas LP han tenido incrementos desde la liberación de precios en 2013 de más de 30 por ciento al finalizar 2017 y de 16 por ciento en 2020.
Además la propia CRE denunció en la Cofece en 2017, posibles violaciones a la ley de competencia por detectar inconsistencias en la fijación de precios establecidos por agentes económicos que participan en la distribución de gas LP en el territorio nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó en su conferencia matutina en la que anunció la iniciativa de Gas Bienestar que son cinco las empresas distribuidoras las que reciben los mayores márgenes de utilidad y estas mismas se encargan de repartir 50 por ciento del gas LP.
Esas compañías tienen mayor peso en el mercado porque cuentan con infraestructura, poder de compra y están articuladas en toda la cadena de distribución y almacenamiento.
Sin embargo, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) ha acusado que diversos grupos criminales están creando plazas para vender gas de dudosa procedencia, impidiendo que las empresas formales puedan comercializar el energético.
Esto genera problemas de competencia, ya que al crear estas plazas se mantiene a los consumidores cautivos, al no permitir la entrada de otros participantes, por lo que se ven obligados a comprar a alguna de esas empresas que pueden fijar precios más altos.
El mercado del gas LP es relevante porque es utilizado por más de 90 millones de mexicanos; las familias destinan en promedio 4.4 por ciento de su gasto total a cubrir los consumos de electricidad y gas en sus viviendas.
Además este combustible es fundamental para los sectores comercial, industrial y de servicios, como el de alimentos, hotelería, transporte, entre otros. Derivado de la reforma energética, los precios al público de este insumo se liberaron a partir de enero de 2017, por lo que el costo que pagan los consumidores hasta antes del domingo estaba determinado por las condiciones de oferta y demanda.
Otra problemática es el robo de gas LP y su comercialización. En 2020 se estimaron 23 mil tomas clandestinas, de las cuales se extrajeron más de 100 mil toneladas al mes, esto equivale a 14 por ciento de todo el gas que se distribuye en todo el país.
Se ha denunciado que con el aumento en el delito del robo de gas LP a través de tomas clandestinas en los ductos de Pemex, estos grupos han llegado a los grandes centros de consumo para comercializar todo ese combustible desplazando a las empresas privadas de gas formales.
Esto ha provocado la creación de diversas agrupaciones clandestinas y pseudosindicatos.
Frenan solo tres entidades
Aunque la Unión de Gaseros del Valle de México señaló que el paro también se llevaba a cabo en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Tlaxcala y Morelos, MILENIO confirmó que en estas entidades las actividades de distribución siguieron sin cambios.
Restando los gastos operativos y administrativos de las empresas distribuidoras, la venta de gas LP dejaba un margen de utilidad de entre 1.20 pesos y 50 centavos por litro, dependiendo de la región.
La Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), cuyo presidente es Luis Landeros, informó que sus empresas agremiadas no están realizando ningún paro de actividades ni protesta alguna como consecuencia del control de precios y se deslindó de todas las acciones realizadas por grupos de comisionistas que están afectando al consumidor.
"Se han generado inconformidades por parte de grupos de comisionistas ya que con esta medida se han disminuido sus ingresos. En los últimos días, como medida de presión, estos comisionistas nos han cerrado varias plantas de distribución y no dejan que operen autotanques, camiones de reparto de cilindros ni estaciones de carburación", señaló la ADG.
La Amexgas también se deslindó de las acciones de los comisionistas independientes que bloqueaban las plantas.
