Si bien el derecho a la salud está consagrado en la Constitución Mexicana su aplicación no se garantiza, pues 3 de cada 10 mexicanos no cuenta con acceso a servicios de salud en la actualidad.
Un informe de la organización civil Signos Vitales detalla que el ‘Seguro Popular‘, programa social del sexenio anterior, redujo significativamente la carencia por acceso a servicios de salud.
Dicha carencia se ubicaba en 29 por ciento en 2010, pero se redujo a 15.6 por ciento en 2016, y para 2018 subió a 16.2 por ciento.
Sin embargo, señala el “Balance Negativo: Los Derechos Humanos en México” la pandemia de COVID-19 provocó que la carencia por acceso a los servicios de salud se detonara a 28.2 por ciento en 2020.
Esto es que casi 3 de cada 10 mexicanos dejaron de tener algún tipo de afiliación al IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o Marina, o reportaron no contar con servicios privados, ni siquiera los del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Así, en dos años, 15.6 millones de personas se sumaron a quienes no tienen servicios de salud en México.
El informe destaca que la incidencia de la carencia por acceso a servicios de salud se dio en 30 por ciento de la población con menores ingresos mientras que se elevó a 57.3 por ciento en la población en situación de pobreza extrema.
Además, en 2020 la acción violatoria de “obstaculizar o negar prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho” fue una de las quejas más recurrentes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).