Petróleos Mexicanos presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de dos trabajadores que en marzo de este año denunciaron y proporcionaron información a medios de comunicación sobre la falta de equipo y medicamentos en el área COVID del hospital regional de Villahermosa.
Fabiola Vidal, auxiliar de enfermería y Andrés González, que se desempeña en el área de mantenimiento, ayudaron a documentar las carencias que llevaron a la muerte de Nerio Escalante Cano, de 70 años de edad, y Roger Armando Cámara Romero, de 62 años.
Antes, en febrero, ya habían promovido una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como parte del sindicato independiente Petromex, para denunciar la situación que se vivía en el nosocomio, pero no vieron respuesta. Lo único que pasó es que Pemex comenzó un proceso en su contra.
“Ellos nos acusaron de revelar información del hospital, cuando mi trabajo como parte del sindicato es recibir una queja y darla a conocer, porque es verdad. Pero además, estamos hablando de vidas, de trabajadores que están pereciendo por no tener atención adecuada. Ahora nos tratan como delincuentes, criminales”, dijo Andrés.
En 2020, este hospital desató un escándalo nacional cuando alrededor de 60 personas que acudían a terapias de hemodiálisis recibieron un medicamento contaminado que, oficialmente, costó la vida de ocho personas. A la fecha nadie ha sido sancionado por el caso.
Al final de ese año el inmueble se inundó ocasionando el cierre temporal para reabrir en 2021, en medio de una remodelación, pero a decir de los empleados, los problemas internos continúan.
Es así que desde hace meses integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) colocaron lonas afuera del hospital y en cruceros de la capital de Tabasco en donde acusan que el servicio que reciben “es el peor de la historia”.
“No veo entonces cuál es el secreto. No lo decimos nada más nosotros. Incluso los familiares de los pacientes lo han dicho a los medios”, añadió Andrés.
Además, aseguró que junto a su compañera temen que las represalias en su contra escalen a un nivel en el que se ponga en riesgo su seguridad y la de su familia, por lo que responsabilizó directamente a Jorge Bocanegra, de la Gerencia Regional Sureste, de lo que pudiera ocurrirle.
Si bien el ministerio público federal consideró que no había elementos para proceder al ejercicio de la acción penal en junio, el área jurídica de la empresa determinó impugnar en busca de que ambos trabajadores vayan a la cárcel.
González puntualizó que ahora pide al director general de Pemex, Octavio Romero, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que tomen cartas en el asunto y se ocupen de mejorar la atención en salud para los trabajadores, en lugar de perseguir a quien alza la voz.
