La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas, entre ellas la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez, por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los siete señalados habrían participado en diversos contratos con las Oficinas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas.
Los otros presuntos implicados fueron identificados como Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R”.
En septiembre de 2021 se giró la primera orden de aprehensión contra la pareja, mientras que en octubre se obtuvo la ficha roja de Interpol para su localización, después de que se alejaran de la vida pública.
El caso de Inés Gómez Mont
Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, se encuentran prófugos de la justicia mexicana desde el pasado mes de octubre, de hecho la pareja es buscada por la Interpol en más de 190 países.
La conductora y el ex funcionario están acusados de hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social.
Además, están señalados de hacer operaciones con grupos delictivos mediante empresas factureras, esto según una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).
Hasta el momento hay una orden de captura contra la pareja, la cual fue librada por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, por lo que en caso de ser detenidos serán encarcelados en un Centro Federal de Readaptación Social.
Inés Gómez Mont y su esposo pretenden evitar la cárcel
En diciembre pasado, el peiódico La Jornada publicó que Gómez Mont y Álvarez Puga se han acercado a la Fiscalía General de la República (FGR) para hacer un trato el cual impida que vayan a la cárcel a cambio de información que lleve a detener y procesar a empresarios y ex funcionarios que defraudaron al fisco mediante empresas factureras.
