Durante el gobierno de la morenista Layda Sansores, la alcaldía Álvaro Obregón adjudicó de manera directa tres contratos por casi 1 millón de pesos a Unfigrad S.A. de C.V., empresa fantasma que es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la red de desvío de recursos y lavado de dinero presuntamente construida por Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda asesinado en mayo de 2020.
Mediante solicitudes de información, Animal Político obtuvo tres contratos otorgados en 2019 por la Dirección General de Administración de Álvaro Obregón para la impartición de cursos al personal administrativo de la alcaldía.
Las supuestas capacitaciones a los burócratas eran sobre temas tan disímiles que iban desde cómo dar “atención a grupos vulnerables”, “trabajo en equipo” y “manejo del estrés laboral” hasta sobre “instalaciones eléctricas”, “carpintería en general” y “electrofusión en tuberías de polietileno”.
Los contratos fueron firmados por el director general de Administración de la alcaldía, Alberto Esteva Salinas, y el director de Recursos Materiales, Juan Abad de Jesús, pero carecen de la firma del apoderado legal de Unfigrad, Walter Ortuño Santana, lo que constituye una irregularidad.
El primer contrato y un convenio modificatorio al mismo fueron suscritos en septiembre y octubre de 2019 por un monto de 443 mil 160 pesos. En octubre fue adjudicado un segundo contrato por 539 mil 824 pesos.
Este medio escribió directamente a Sansores, hoy gobernadora de Campeche (solicitó licencia al cargo de alcaldesa en 2021 y contendió en la elección estatal de ese año), para solicitarle un posicionamiento respecto de las contrataciones a Unfigrad, pero la mandataria no atendió la petición.
En los contratos con Álvaro Obregón, Unfigrad –constituida en 2016– consignó su domicilio fiscal en Avenida Patriotismo 767, en la alcaldía Benito Juárez, un edificio de oficinas que en realidad es un “nido” de varias empresas fachada de la red que constituyó Isaac Gamboa mientras se desempeñaba como funcionario peñista y que presuntamente lavó dinero a escala internacional por un monto de 5 mil 800 millones de pesos, de acuerdo con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR.
Según la indagatoria, que fue bautizada por las autoridades “Caso Viuda Negra” y cuyos detalles fueron revelados por Animal Político, Unfigrad hizo depósitos por 7.6 millones de pesos directamente a las cuentas de Bethzabee Brito Álvarez, esposa –hoy viuda– de Gamboa.
El pasado 21 de mayo se cumplieron 2 años del homicidio de quien fuera titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP bajo las órdenes de Luis Videgaray.
El supuesto apoderado legal de Unfigrad, Walter Ortuño Santana, junto con su esposa, Irene Nemesia Arriaga, están vinculados, en total, con 15 empresas de la red. La Secretaría de Hacienda consideró a dichos prestanombres como víctimas de robo de identidad o extorsión, por lo que no emprendió acciones legales en su contra.
No obstante, contra Unfigrad, la empresa contratada por el gobierno de Sansores en Álvaro Obregón, sí pesan acusaciones graves de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicha compañía entró en disputa legal tras el asesinato de Gamboa, pues sus parientes políticos pelearon por el control del millonario patrimonio en sus cuentas, según reveló este medio.
Instituciones transfieren pagos a más empresas de la red
Otras dos compañías de la red de Isaac Gamboa, Sinaprit Servicios S.A. de C.V. y Bunker Techno S.A. de C.V. –que ya fueron clasificadas por el SAT como empresas fantasma definitivas–, recibieron transferencias de diversas instituciones públicas municipales, estatales y federales entre 2017 y 2019, según facturas electrónicas (CFDI) obtenidas por Animal Político mediante solicitudes de transparencia.
Los depósitos suman 1.2 millones de pesos y fueron efectuados por autoridades estatales de San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México y Querétaro, así como por el municipio mexiquense de Tultitlán y el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
También se efectuaron transferencias –aunque de montos pequeños– desde la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República en la administración de Enrique Peña Nieto.
El Comité de Transparencia del SAT reservó prácticamente la totalidad de las facturas, pero dejó a la vista datos que permiten reconocer al receptor de los CFDI, la fecha de emisión de la factura y el monto pagado.
El pago más cuantioso, de 522 mil pesos, provino del Gobierno del Estado de San Luis Potosí en octubre de 2017, en la gestión del priista Juan Manuel Carreras.
El Poder Legislativo del Estado de Querétaro realizó siete transferencias entre octubre de 2017 y mayo de 2018 por 385 mil 779 pesos, mientras que la Secretaría de Salud de Veracruz hizo tres depósitos por 111 mil 116 pesos entre noviembre de 2017 y octubre de 2018.
Los Servicios Educativos Integrados del Estado de México (SEIEM) pagaron 49 mil pesos en cuatro depósitos entre febrero y abril de 2019.
El municipio de Tultitlán, Edomex, hizo dos pagos por 134 mil 400 pesos el 14 y el 15 de febrero de 2019, y el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, transfirió 9 mil 280 pesos en junio de 2018.
Las empresas fantasma expidieron dos facturas a dos instituciones federales del Ejecutivo federal de Peña Nieto, Segob y la Presidencia de la República, por un monto de 169 pesos en diciembre de 2019.
