El Tribunal Electoral confirmó un centenar de ilícitos electorales cometidos por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, gobernadores de Morena, PES y PVEM, y avalaron que ante la desobediencia y conducta reiterada y dolosa para violar la Constitución durante la revocación de mandato, en las próximas denuncias por ilícitos electorales se analizará la pérdida del modo honesto de vivir, lo que les impediría acceder a cargos públicos.
En una sentencia histórica, la cual endurece las sanciones a funcionarios públicos que de manera reiterada violenten la Constitución durante procesos electorales, la Sala Superior avaló que ya no sean sólo los Congresos y superiores jerárquicos los que amonesten a los servidores públicos, sino directamente los tribunales electorales, con sentencias que les quiten la oportunidad de volver a participar en cargos públicos por faltar a su deber de cumplir las leyes.
MILENIO adelantó el 2 de junio el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña en el que confirmaba 98 ilícitos de Claudia Sheinbaum, los gobernadores de Morena, el PES y el PVEM, llamados “de la Cuarta Transformación”, por diferentes publicaciones que constituían propaganda gubernamental prohibida, promoción personalizada de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador o de ellos mismos y sus gobiernos, así como uso indebido de recursos públicos.
El proyecto además propuso que, ante la reincidencia y evidente actitud dolosa y de desobediencia en los reiterados llamados del INE para respetar la Constitución, se instruyera a la autoridad electoral para emitir lineamientos de sanción que llegaran a la pérdida del modo honesto de vivir, con lo que perderían la calidad de ciudadanos y en consecuencia, el derecho de aspirar a algún cargo público.
El magistrado expuso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el sistema contiene fallas, pues las sanciones a servidores públicos dependen de sus superiores jerárquicos, que en este caso son los Congresos locales, que en muchas ocasiones no acatan la orden de amonestar al titular del Ejecutivo que les corresponde.
De la Mata Pizaña explicó que con este centenar de publicaciones que incluyen el desplegado de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó acreditado que “se vulneró la Constitución” una y otra vez.
“Ante la desobediencia reiterada de respetar la Constitución la pregunta que debemos hacernos es cuál es la actitud que debemos adoptar, mi respuesta es que debemos asumir todas las medidas necesarias para que se respete la Constitución y para velar y hacer cumplir los principios del Estado de derecho, nuestra tarea es defender la Constitución. Es evidente la imperfección del sistema electoral para sancionar a los funcionarios de primer nivel pues se determina que debe ser su superior jerárquico y en los hechos no lo hacen”.
Sin embargo, su propuesta para vincular al INE para que genere lineamientos de sanción fue rechazado por todos sus pares, al considerar que esto rebasa las facultades administrativas del instituto.
La magistrada Janine Otálora planteó una modificación al proyecto para que, ante conductas reiteradas, sistemáticas, dolosas y graves, sí se analice la pérdida del modo honesto de vivir, pero que lo hagan las instancias jurisdiccionales y no el INE, es decir, la Sala Regional Especializada y los Tribunales Electorales locales.
“Que se definan si la persona denunciada por transgresión a reglas, en caso de reincidencia ve afectado el modo honesto de vivir sin que tenga efectos constitutivos inmediatos sino que dependa de sentencias firmes”.
El magistrado aceptó la modificación del proyecto y éste fue aprobado por mayoría de votos con Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón que se sumaron a De la Mata y Otálora.
Los magistrados José Luis Vargas, Indalfer Infante Gonzáles y Mónica Soto votaron en contra al considerar que se estaba superando las facultades del Tribunal Electoral.
Sin embargo, el magistrado presidente explicó que se trata de una extensión de los alcances del modo honesto de vivir que los tribunales ya analizan en los casos de violencia política de género, y que ahora se aplicará para ilícitos electorales, a fin de que ninguna persona que de manera reincidente viola la Constitución pueda acceder a cargos públicos.
