La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las leyes de Yucatán que exigen no ser deudor alimentario para competir por cargos públicos. El pleno del máximo tribunal analizó las impugnaciones que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra una reforma estatal avalada en junio de 2022, conocida como la Ley 3 de 3 en Yucatán.
El pleno del máximo tribunal analizó las impugnaciones que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra una reforma estatal avalada en junio de 2022, conocida como la Ley 3 de 3 en Yucatán.
Los preceptos yucatecos exigen el requisito de no ser persona deudora alimentaria morosa para acceder a los cargos de presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, titular de las dependencias o entidades que integran la administración pública de ese Estado, así como para ser postulado a una candidatura independiente.
