Una jueza federal otorgó a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) una suspensión provisional con la que ordena al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que frene temporalmente la impresión de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo, hasta que no se verifique que se haya cumplido con los procedimientos marcados por la ley.
La suspensión provisional —con fecha del 18 de mayo— se deriva de un amparo que promovió la UNPF en reclamo de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) mandó a imprimir los libros sin haber acatado el procedimiento legal, que marca que antes los planes y programas de estudio y los contenidos deben ser sometidos a consulta de los actores sociales involucrados, como especialistas, padres, maestros y asociaciones.
A raíz de esto, la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, concedió la medida, que va dirigida tanto a la SEP como a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).
“La suspensión se concede para que las autoridades responsables (Secretaría de Educación Pública y Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos), dentro de su esfera competencial, antes de continuar con la edición, impresión y entrega de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, verifiquen que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los programas y planes de estudio, y para la publicitación de los libros de texto gratuitos, que garanticen la intervención de los gobiernos estatales y de los especialistas en la materia educativa; así como de la puesta a disposición de aquellos libros en términos de lo previsto en la ley”, dice la resolución.
En una conferencia de prensa realizada la semana pasada, la UNPF dio a conocer que había promovido el amparo y que otras organizaciones sociales buscaban presentar otros recursos legales.
Animal Político documentó que la SEP violó la Ley General de Educación, dado que mandó a imprimir los libros de primaria sin antes haber sometido a consulta los planes y programas de estudio y los contenidos, como establece la norma.
Especialistas entrevistados, además, señalan que los nuevos libros tienen problemas como dar por sentado que todas y todos los alumnos tienen acceso a internet o a tecnologías para leer códigos QR, por lo que no consideran todas las realidades socioeconómicas del estudiantado y pueden profundizar desigualdades.
