Sin proceso alguno de por medio, algo propio de una dictadura
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) informó que la jueza Angélica Sánchez Hernández se encuentra incomunicada tras su detención ocurrida este viernes, 16 de junio, por agentes de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.
En un comunicado, el IFDP detalló que el arresto se realizó a pesar de contar con una suspensión en juicio de amparo, por lo que fue puesta a disposición de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
“Hasta el momento no se ha permitido al personal de la Defensoría establecer contacto con ella”, señaló el IFDP. Agregó que a través de sus unidades de litigio estratégico y combate a la tortura, el Instituto asesora a la impartidora de justicia.
Además, el IFDP aseguró que hace unos días, la jueza Sánchez Hernández “fue víctima de tortura psicológica por parte de autoridades veracruzanas quienes actuaron por represalia (...) por ejercer su labor jurisdiccional”.
El órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que, “en coordinación con varias asociaciones de personas juzgadoras, presentó la semana pasada una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y envió comunicaciones a distintas instancias internacionales con motivo de la detención arbitraria y tortura que sufrió Angélica Sánchez Hernández en Veracruz como represalia por su actividad jurisdiccional”.
La jueza Angélica Sánchez fue aprehendida en la capital del país tan sólo una semana después de haber sido liberada de su primera detención suscitada en Veracruz.
De acuerdo con el informe de su hija, Ingrid Gómez Sánchez, autoridades sin identificar llevaron cabo el aseguramiento en la mañana del 16 de junio en el hotel Fiesta Inn, ubicado en el Centro Histórico capitalino. Fue a su salida de éste cuando una mujer las interceptó.
“(Nos dice) Que van a llevar a cabo una diligencia. Nos alarmamos, tratamos de meter a mi mamá a un elevador. La jalonean. Como podemos la metemos al elevador del hotel y en ese momento dice que se va a llevar a cabo una detención en su contra por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Así lo manejaron”, detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva y señaló que las personas mostraron un documento con el logo del estado de Veracruz.
“No sabemos si la carpeta de investigación está aquí (CDMX), está en Veracruz. No sabemos nada. La orden de aprehensión jamás nos la enseñaron. (...) No leyeron sus derechos. No sabíamos quiénes eran”.
En redes sociales comenzó a circular el momento de la detención.(Smith_Jorge Leonardo)
Debido a sus antecedentes, la jueza veracruzana contaba con un amparo el cual mostró al momento de su detención en CDMX. No obstante, las personas que la privaron de su libertad afirmaron que el documento “no servía” y — ante la resistencia de la familia — la sustrajeron con lujo de violencia.
Una vez asegurada, destacó Ingrid, las personas la subieron a una camioneta tipo Mitsubishi con placas del Estado de México (Edomex) con placas PED2984.
“Mi mamá me agarra a mí. Y yo la agarro a ella. Entonces en ese momento me empiezan a jalonear para que la soltara y se la llevaron en una camioneta blanca tipo Mitsubishi con placas del Edomex”.
¿Quién detuvo a Angélica Sánchez?
En un primer momento la familia de la jueza desconoció su paradero. Sin embargo, minutos después Ingrid Gómez confirmó al presentador de Grupo Fórmula que su madre fue trasladada a la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de ahí será llevada a Veracruz.
Ninguna autoridad ha emitido algún informe oficial al respecto. Sin embargo, el periodista Gómez Leyva confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR), así como la capitalina, descartaron participar en la detención.
Sin embargo, en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señala que habrían sido elementos de la Guardia Nacional (GN) los que privaron de la libertad a la Jueza Sánchez Hernández. Hasta el momento la dependencia no ha confirmado o negado la información.
La primera detención
El 6 de junio elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz detuvieron a Angélica Sánchez en la zona de Cosamaloapan por supuestamente ordenar la libertad de Itiel “N”, alias “El Compa Playa”, señalado por ser generador de violencia en esa región.
Dicho actuar fue condenado por el gobernador Cuitláhuac García quien, sin precisar los delitos imputados, dejó entrever que estaría relacionada con casos de corrupción: “Muy extrañamente teniendo la libertad de volver a vincularlos, ordena la liberación”. Pese a ello, el 14 de junio la FGE ordenó su liberación, aunque no la deslindó de las diligencias.
Ante ello, el pasado 15 de junio la árbitra y su familia viajaron desde Veracruz a la Cámara de Senadores en donde Ricardo Monreal le externó su apoyo. Según Ingrid Gómez, también buscarían una audiencia con la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.
“Le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio y que no haya ningún acto que perturbe su libertad y su actitud de resolver conforme a los elementos. (...) Mi solidaridad con usted, Jueza”, pronunció Monreal Ávila.
La jueza anteriormente había sido detenida y después liberada, pues de acuerdo con la Fiscalía de Veracruz no había “elementos para justificar la prisión preventiva como medida cautelar”. Sin embargo, adelantaron que la investigación en su contra seguiría su curso.
Durante la primera aprehensión, su familia acusó de que se dio de forma arbitraria y que incluso habrían hecho que usara un arma de fuego para imputarle más cargos en su contra. En ese momento, la Asociación Mexicana de Juzgadoras emitió un comunicado en el que pidieron parar la violencia institucional.
“Rechazamos enérgicamente la violencia institucional de la cual ha sido objeto la Jueza Angélica Sánchez Hernández, en el Estado de Veracruz. Confiamos en que los procesos a que se le sujete se encuentren apegados a la Constitución Federal y en absoluto respeto a sus derechos humanos; poniendo especial énfasis en que se resguarde su seguridad por ser juzgadora”, se lee en el comunicado que lanzaron el pasado 7 de junio.
