Legisladores del autodenominado "bloque de contención" presentaron un segundo paquete de acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN contra los decretos aprobados por la mayoría legislativa durante la última sesión del periodo ordinario pasado del Senado, la noche del 28 de abril y madrugada del día siguiente.
El autodenominado "bloque de contención" del Senado de la República, que integran los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PAN), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos acciones de inconstitucionalidad.
La primera, en contra de la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y la otra en contra de reformas en materia de vivienda a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Los decretos impugnados por la oposición en el Congreso de la Unión fueron aprobados por la mayoría legislativa representada por los grupos parlamentarios de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES) durante la última sesión del periodo ordinario pasado del Senado, la noche del 28 de abril y madrugada del día siguiente, que la oposición llamó “viernes negro” por considerar que hubo desaseo legislativo y ausencia de discusión y análisis de los proyectos correspondientes.
En un comunicado conjunto, suscrito también por senadores sin partido que integran el llamado grupo plural, se informó que la acción legal en contra de la primera ley referida "busca proteger a más de mil 700 investigadores de instituciones particulares, por la discriminación que enfrentarían para recibir apoyos para la innovación e investigación, y a decenas de miles de estudiantes de universidades privadas que hoy pueden realizan sus estudios gracias al apoyo de Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)".
Desde la perspectiva de los quejosos, "es vital para el acceso a una educación de calidad proteger la libertad de cátedra y de expresión para fomentar el pensamiento crítico de las y los estudiantes de educación superior; garantizar una adecuada coordinación entre las instancias públicas encargadas de la educación a nivel federal y estatal, y mantener a las fuerzas armadas en sus funciones constitucionales".
Mediante la promoción del recurso jurídico, los senadores que conforman la minoría legislativa solicitaron a los ministros del máximo tribunal constitucional del país suspender la aplicación de la nueva ley "para evitar daños a la comunidad estudiantil, de investigadores y académicos".
Los inconformes consideraron que con su acción "ratificamos nuestro compromiso con los derechos humanos de las y los mexicanos’’ y su rechazo "a que el poder Legislativo se niegue a ser una instancia de deliberación y respeto a las minorías representadas a través del voto ciudadano".
El comunicado refiere, "que algunos senadores integrantes del bloque de contención decidieron no acompañar la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Minera, por lo que se solicitó a los grupos parlamentarios de oposición de la Cámara de Diputados que fueran ellos los que presentaran esta impugnación" ante la Corte.
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